Tiempo Argentino | Opinión
El fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2×1 favorable a los genocidas, con el voto clave de dos jueces designados por el Ejecutivo, constituye un límite que no puede dejar de mencionarse.
Mientras tanto, el gobierno sigue apuntando contra un conjunto de Derechos Humanos. En efecto, las políticas económicas actuales tienen grandes similitudes con las de la última dictadura cívico-militar, en representación de los intereses de los grandes grupos concentrados. La apertura importadora, la vía libre a la bicicleta financiera, la eliminación de regulaciones esenciales, o el inicio de las privatizaciones –que se perfeccionarían en los noventa–, son referencias obligadas para analizar los vínculos entre el pasado y el presente, y para trazar líneas a futuro.
El modelo neoliberal, además de las crisis financieras recurrentes, no hizo más que agudizar el desempleo y la caída de ingresos de la población. El empleo digno, por caso, es un derecho humano con jerarquía constitucional (artículo 14 bis). En el plano del derecho internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma en su artículo 23 (inc. 3), que «toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social». Similares consideraciones surgen del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El problema radica en que su ejercicio tiende a colisionar con los verdaderos intereses de los mercados, que pugnan por el Estado mínimo y el lucro máximo.
En este marco, preocupan los avances del gobierno en torno a la flexibilización laboral. Un ejemplo de ello es la firma del acuerdo petrolero en Chubut, que incorpora los criterios laborales de Vaca Muerta.
En la semana también se anunció el «Plan Empalme», por el cual «las trabajadoras y los trabajadores afectados por problemáticas de empleo incluidos en programas nacionales implementados por el Ministerio de Trabajo o por el Ministerio de Desarrollo Social que accedan a un empleo bajo relación de dependencia en el sector privado, podrán percibir, o continuar percibiendo, una ayuda económica mensual (…), que podrá ser contabilizada por los empleadores como parte de su remuneración laboral neta mensual», por 24 meses.
En paralelo, el gobierno sigue desmantelando los Repro destinados a completar el sueldo de la categoría laboral. Una de las diferencias más importantes es que las empresas que se adhieran a este programa deben comprometerse a no despedir personal. Un requisito que no forma parte del «Plan Empalme» y que le da a este un cariz más próximo al espíritu de la flexibilización laboral.
En tanto, se decidió no renovar por ahora el convenio con McDonalds, una forma nefasta de contratación de jóvenes desempleados, que fue presentada como un ejemplo de nuevas modalidades laborales. El mismo llevaba de cuatro a seis horas el trabajo diario de los ingresantes y permitía asignar tareas para los fines de semana. La Cámara del Trabajo dio lugar a un amparo de la CTA al entender que afectaba «derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad» y que sus condiciones eran violatorias del «derecho internacional y la propia Constitución».
El dilema de los brotes verdes
Respecto de una hipotética reactivación, según el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne: «Hoy la pregunta es cuándo se siente, pero no si empezó (…), los brotes verdes que veíamos en enero se robustecieron, y ya vemos un pequeño bosque de brotes verdes». Parecería ser que en vez de un bosque tradicional es un bosque de bonsáis, porque la gente de a pie aún no logra divisarlo.
También afirmó que no hay previstos nuevos aumentos de tarifas para este año. ¿Se estará refiriendo en realidad a que no habrá nuevos «anuncios» de aumentos? Es que, de acuerdo con lo programado en las audiencias públicas, se esperan incrementos en varios servicios como el agua, el gas y la electricidad. Estas políticas están llevando inexorablemente a la menor capacidad de consumo de la población. El ministro dijo que este es un pilar importante, que representa «el 75% de la demanda agregada y es absolutamente necesario que crezca». Pero lo dejó supeditado a lo que pase con la inversión y la exportación, y en ningún momento habló de la importancia del salario real. Las perspectivas no son muy alentadoras para el consumo popular.
El milagro inversor tampoco se hace presente, y es particularmente grave lo que ocurre en la industria. De hecho, los principales medios se apresuraron a anunciar que mejoró la utilización de la capacidad instalada en el mes de marzo, aunque si se toma el primer trimestre, y no un mes puntual, el porcentaje de utilización cayó dos puntos (al 62%). Esto indica que casi un 40% de la capacidad que tiene la industria no está siendo utilizada. También se conocieron datos de la producción automotriz, que en abril registró una caída del 15%, aunque las ventas al mercado interno se incrementaron en más de un 12%. Esto significa que la demanda interna está siendo satisfecha con autos importados a costa de relegar trabajo nacional. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, señaló: «Somos el país más cerrado del mundo», palabras que parecerían no coincidir con la realidad y que alarman, porque anticipan que nuestra «inserción al mundo» será aun mayor. Una pésima noticia no solo para el empleo sino para las pymes. En este contexto, se supo que, según una encuesta de la Fundación Observatorio Pyme, en 2016 aumentó significativamente la porción de empresas industriales pequeñas y medianas que se «sienten» amenazadas por las importaciones.
Más pistas para después de octubre
El 1º de Mayo Macri afirmó: «Ya un señor dijo hace muchos, muchos años que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad. Y ese señor fue Juan Domingo Perón. Y ese señor dijo que cada argentino tiene que producir por lo menos lo mismo que consume. ¿Y nosotros lo podemos hacer? ¿No es cierto?». La frase, si bien ya la había utilizado en agosto de 2016, no deja de sonar provocativa considerando que lo que se conmemoraba era justamente el Día del Trabajador. Pero el presidente tergiversa el sentido de las cosas: la frase de Perón, tras el Golpe de 1955, y desde el exilio, hace referencia en realidad a lo que él denomina la clase parasitaria (la oligarquía), no a los trabajadores. Concretamente, en La fuerza es el derecho de las bestias (1955), Perón dice: «El régimen justicialista había lanzado una ‘consigna negra’ para los parásitos: ‘cada argentino debe producir, por lo menos, lo que consume’. La organización del pueblo, el trabajo organizado iba cerrando el cerco alrededor de los que consumen sin producir». Queda claro que lo de Macri es un caso extremo de posverdad, aunque de todas formas anuncia la ofensiva que les depara a los trabajadores.
Otro de los ejes es el fiscal. En la semana, el presidente también sostuvo que «no es sostenible en el largo plazo un nivel de déficit como el que tiene la Argentina», dando a entender la magnitud del ajuste que proyecta. En paralelo, el ministro Dujovne comentó que prepara una reforma tributaria (con reducción de impuestos a las empresas) sin perder de vista la reducción del déficit. Una afirmación que podría sonar contradictoria pero que solo puede cerrar con más endeudamiento y con un drástico ajuste del gasto. Los Derechos Humanos, más amenazados que nunca.