Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El presidente Mauricio Macri reconoció que la «pobreza cero» no se alcanza en cuatro años, una cuestión que olvidó definir en la campaña electoral. Sin embargo, lo esencial no es cuándo se alcanzará, sino a través de qué medios. Hasta ahora, Macri pretende que «el derrame» y la «igualdad de oportunidades» nos llevarán a menores niveles de pobreza. Una tesis que se ha demostrado falsa y que el propio Papa Francisco ha denunciado.
Pero además, ¿cómo se intenta pensar en «derrame» si el principal eje de las políticas económicas pasa por el ajuste? Algo impensable: el propio FMI reconoció que el ajuste lleva a una reducción del PBI.
Las estadísticas son impactantes: el Estimador Mensual de la Actividad Económica, anticipador del PBI, evidenció en julio una baja interanual del 5,9%, cifras que no se veían desde la crisis de 2009. El Estimador Mensual Industrial mostró para agosto una caída interanual del 5,7 por ciento. El Indicador Sintético de la Construcción evidenció una reducción interanual del 3,7% en agosto, un buen dato, ya que venía cayendo más del 20 por ciento. El asfalto y el cemento, principales indicadores de la obra pública, son los que aminoraron la baja. No obstante, en el camino se perdió un 16% de la fuerza laboral que exhibía el sector un año atrás.
En un entorno en el cual se menciona insistentemente la necesidad de bajar los costos laborales y los elevados salarios, la baja de la pobreza es cada vez más improbable.
El director del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, fue contundente al destacar que el país cuenta con el «mayor nivel de la región de sueldos y salarios». Además, sostuvo que «la Argentina incrementó el gasto público con anabólicos». Para el funcionario, los anabólicos fueron el crecimiento del consumo, una variable en la que nuestro país «se basó demasiado y muy poco en los niveles de inversión, en comparación a otras economías de América Latina». Sin embargo, en Argentina la inversión como proporción del PBI fue del 20% entre 2010 y 2015, en línea con lo ocurrido en la región, del 21% promedio según los cálculos del propio FMI.
Werner también se refirió a la necesidad de «la racionalización del gasto público» y un «balanceo de las cuentas fiscales», conceptos que disfrazan la recomendación del ajuste fiscal. Como al pasar, dejó una crítica importante: sostuvo que la desinflación es un proceso que puede llevar «entre cuatro y diez años», contrariando las proyecciones del actual gobierno y del BCRA, que prometen una inflación del 5% para 2019.
La misión del FMI que cerró su visita a la Argentina por la revisión del Artículo IV también fue categórica: felicitó al gobierno de Macri por «su claro compromiso para bajar la inflación a niveles de un dígito y reducir el déficit fiscal». Nuevamente el enfoque ideológico: parece que no tomaron en cuenta que el déficit fiscal del Presupuesto 2017 asciende al 4,93% del PBI, uno de los más altos de la última década, y no se reduce significativamente respecto del 5,01% presupuestado para este año.
Con rápidos reflejos, la misión del FMI hace lo que corresponde a un enfoque que se precie de conservador, referirse a la «pesada herencia»: «al entrar en funciones, el nuevo gobierno argentino se enfrentó a desequilibrios macroeconómicos generalizados, distorsiones microeconómicas y un marco institucional debilitado».
La pobreza es de los otros
Al comentar que la pobreza alcanza al 32,2% de las personas, y la indigencia al 6,3%, según los nuevos cálculos del Indec, Macri sostuvo que esta cifra será el punto a partir del cual «acepta ser evaluado», con lo cual los efectos de sus políticas hasta el momento formarían parte de una «pesada herencia» de la cual no desea hacerse cargo.
De acuerdo a los comentarios de algunos especialistas, con la nueva metodología el Indec incrementó los valores de indigencia y pobreza respecto de los calculados anteriormente, incluso por centros privados. Casualmente, aumenta el número de pobres, mientras el gobierno y los medios exhiben los nuevos datos como parte de la herencia recibida.
Desde esta columna siempre observé que la medición de la UCA elevaba las cifras de pobreza con relación a otros cálculos alternativos. Pero la nueva cifra del Indec coincide con el cálculo de la UCA para abril, que, como fue ampliamente difundido, indicó un aumento de más de 3 puntos porcentuales respecto a su medición de diciembre de 2015, es decir, 1,4 millones más de pobres generados durante los cuatro primeros meses de este año. Un dato que Macri quiere barrer debajo de la alfombra cuando solicita ser evaluado a partir del segundo semestre de este año. De la misma forma, también desea barrer debajo de la alfombra la pérdida del valor adquisitivo del salario, solicitando a los trabajadores que pidan ajustes salariales «por la inflación futura» y que «no reabran las paritarias», lo cual consolidaría la importante pérdida del poder de compra que están sufriendo durante este año.
Con la reserva hecha, resulta interesante observar que, según los cálculos de la UCA, la pobreza aumentó en 2014 (año en el que se produjo una importante depreciación de la moneda) unos 1,3 puntos porcentuales respecto de 2013, para ubicarse en el 28,7% de la población. Con la depreciación de Macri, la pobreza aumentó 3,6 puntos porcentuales, llegando a 32,6 por ciento. Los datos reseñados son sólo una introducción para el tema esencial: los «cómo» de las políticas no pueden ser desvinculados de los resultados que se desean obtener.
En 2014, el impacto negativo de la depreciación cambiaria sobre los trabajadores fue compensado por los aumentos salariales, que ganaron poder de compra, en especial por la suave desinflación que se produjo en 2015. En 2016, el objetivo de la depreciación fue reducir el poder de compra salarial, de forma de bajar los costos laborales y enfriar la economía para presionar hacia una fuerte desinflación.
Por ello es que no hay manera de reducir la pobreza en el marco de procesos de ajuste: esta sólo se reduce mejorando la distribución del ingreso y la riqueza.
Brotes verdes
Una buena noticia ha sido la decisión del juez Miguel Vaca Narvaja, quien, fallando sobre una presentación de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), y reconociéndole la representatividad del colectivo, dispuso la suspensión de los aumentos del gas y la continuidad del cuadro tarifario vigente al 31 de marzo «para el colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines». Una amplia definición para proteger a los productores y comerciantes más débiles, que no pueden soportar los aumentos del 500% en promedio que aplicó el macrismo. El gobierno apeló y el trámite judicial seguirá su curso.
Otra buena nueva es que, a partir de mañana y hasta el miércoles, se desarrollará en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini el Tercer Congreso de Economía Política, que lleva por título «Hacia una teoría económica latinoamericana». Se analizará gran cantidad de ponencias recibidas, a la vez que especialistas disertarán sobre los cinco ejes del Congreso: Deuda externa y fuga de capitales; Recursos naturales en América Latina; Trabajo y distribución del ingreso en Argentina; Teoría y práctica del desarrollo y Economía social y cooperativismo. Una cita para no faltar y que servirá parar reflexionar sobre los caminos para retomar el rumbo de la construcción de una América Latina integrada y soberana.