Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El espíritu de los noventa está fuertemente arraigado en la gestión gubernamental de Cambiemos. No sólo a partir de los efectos nocivos de la desregulación y liberalización (en especial de las importaciones que compiten con la producción local) sino también por los enfoques neoliberales de los funcionarios del gobierno nacional.
El ministro Alfonso Prat-Gay sigue utilizando las metáforas deportivas para enviar advertencias al sector industrial. El funcionario expresó: “El empresariado local tiene que saber que hay un plazo de cuatro años para hacer dieta y gimnasia, y prepararse porque después vendrán los juegos olímpicos y tendrán que competir con el mundo” (Clarín, 11/08/16). Fácil de comparar con muchas de las frases de Domingo Cavallo cuando desarrollaba sus funciones de ministro.
Prat-Gay fue aun más allá en la relación entre los empresarios y el Estado, pues comentó: “Queremos que los empresarios recorran los pasillos de sus fábricas imaginando cómo ser más productivos, que no caminen los pasillos del Ministerio de Hacienda”. Pareciera una frase dirigida especialmente a los empresarios pyme, puesto que los grandes empresarios no recorren los pasillos, sino que tienen acceso directo y privilegiado a los más altos niveles de decisión. Es la igualdad entre los desiguales promovida desde el neoliberalismo, la mejor receta para dejar de lado a los más débiles.
Siguiendo con las ideas noventistas, Carlos Melconian criticó el uso de los fondos del blanqueo para pagarles a jubilados, al comentar que tal decisión “es populismo que va contra aparentes deudas jubilatorias”. Lo llamativo de la frase es el adjetivo de “aparentes” adjudicado a las deudas de los jubilados que ya tienen sentencia judicial o están tramitándose en ese ámbito. Las deudas de los fondos buitre no merecieron tal adjetivación por parte del economista.
Además, en un gran paso hacia la desregulación total, “el BCRA simplifica el mercado cambiario y elimina las normas remanentes del cepo” (www.bcra.gov.ar). Entre otras normas, se derogan los topes mensuales para operar, como el de 5 millones de dólares para atesoramiento, “aplicándose en este sentido únicamente las disposiciones que limitan el uso del efectivo como parte de la política anti-lavado”. También se elimina la obligación de justificar con documentación cada operación de cambio.
Cabe recordar que la pérdida de control sobre las operaciones que significa tal nivel de desregulación ha sido fuertemente criticada por distintos organismos internacionales.
Interpelación
La importante decisión de la mayoría de los diputados para sesionar el miércoles pasado y tratar el tema de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos indicó que está presente en el ánimo de los legisladores (salvo los del bloque de Cambiemos que intentaron obturar la discusión) discutir en el Parlamento un tema que conmociona a la sociedad argentina, con impactos negativos sobre el poder de compra salarial y los costos empresarios.
Posteriormente a la discusión que se llevó a cabo en la sesión, hubo una negociación reflejada luego por los medios, por la cual Sergio Massa, junto con Mario Negri, Emilio Monzó y Nicolás Massot –ante la fuerte presión para interpelar al ministro Juan José Aranguren en el recinto– negociaron una estrategia más protectiva: la asistencia del ministro a un plenario de comisiones, con mucha menor exposición que si se realizara en el recinto.
De todas formas, el saldo fue positivo. El pedido de interpelar al ministro será una enorme oportunidad para que brinde todos los argumentos que supuestamente tiene el Poder Ejecutivo para hacer lo que hizo, para que cada diputado pueda expresar sus opiniones al respecto y que en última instancia quede al descubierto si la adoptada es “la única solución posible” como dice el presidente Macri, o es una brutal transferencia de ingresos de un sector de la sociedad hacia otro, como sostenemos muchos de nosotros.
Pérdida de ingresos
A partir de septiembre debe otorgarse un nuevo aumento a los jubilados y pensionados, que no es una decisión del gobierno, sino que surge de la aplicación de la ley que establece una fórmula polinómica que tiene en cuenta el aumento de los salarios y el aumento de la recaudación previsional. Los flacos aumentos en las jubilaciones en los dos últimos semestres (un 15,35% en marzo y un 14,16% en septiembre) indican la debilidad de ambos parámetros, debido a la reducción de los salarios reales de los trabajadores registrados y a los menores aportes en cantidad y en valor, por la mayor desocupación y precarización.
En términos anuales, entre el aumento de septiembre de 2015 y el nuevo aumento de septiembre de 2016, los jubilados recibirán un aumento del 31,7%, cuando la inflación de ese período llegaría al 48%, es decir, unos 16 puntos porcentuales menos de aumento en las prestaciones respecto de la inflación.
Si hacemos la misma comparación a septiembre de 2015, el incremento anual de jubilaciones llegó al 33%, mientras que la inflación de ese período fue del 24%, lo que indica un aumento de las jubilaciones de 9 puntos porcentuales por sobre la inflación. La inversa de lo sucedido en el actual período macrista.
Es una situación por demás complicada. Para mantener en términos reales el nivel de la jubilación mínima de septiembre de 2015, las jubilaciones deberían aumentar en septiembre de 2016 algo más de un 28%, y no un 14,16% como se producirá según la aplicación de la fórmula. Un cálculo que no hacen los medios amigos del gobierno cuando anuncian con estridencias el nuevo aumento para septiembre.
Los salarios también están sufriendo pérdidas en su poder adquisitivo como se viene informando desde esta columna. Se conoció un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) que advierte que ninguno de los convenios colectivos acordados por los sindicatos alcanzó la inflación estimada para este año, que rondará el 45%, el nivel más alto de las últimas tres décadas, además de estimar una pérdida de 12 puntos entre el salario y la inflación en el primer semestre. Los cálculos están realizados sobre los salarios de los trabajadores registrados del sector privado, y puede pensarse que si se tuviera en cuenta a los trabajadores no registrados, la pérdida de poder adquisitivo sería mayor aún.
Estas pérdidas del poder adquisitivo tienen evidentes impactos sociales. Pese a los esfuerzos que han hecho distintos medios para desenfocar las causas del aumento de la pobreza y cargar las tintas sobre “la herencia recibida”, lo cierto es que este indicador ha crecido en 3,6 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2016, lo que significa que hay cerca de un millón y medio de nuevas personas afectadas por este flagelo. Más allá de la metodología utilizada, el informe del Observatorio Social de la UCA es contundente, así como sus conclusiones, que destacan una “masa de segmentos de nuevos pobres de clase media baja o sectores populares (que) constituyen los ‘nuevos pobres’ que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el nuevo gobierno”.
Si a este diagnóstico le agregamos las declaraciones del director ejecutivo de la filial local del JP Morgan, en cuanto a que la recuperación de la economía argentina será “más lenta de lo que espera el gobierno” debido a que “es difícil bajar la inflación mucho, sobre todo el año que viene cuando hay una situación de elecciones”, se explican los distintos dichos del gobierno que son variaciones de la noventista frase: “Estamos mal pero vamos bien”.