“Este proyecto lo mejor que tiene es el título, porque habla de reparación histórica a los jubilados y pensionados, pero en realidad en su contenido es muy difícil encontrar el sentido real de esa reparación histórica, más bien, todo lo contrario”, sostuvo esta tarde en el recinto el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario), durante el debate de la ley ómnibus del Poder Ejecutivo.
“Rechazamos de plano el criterio de la emergencia en materia de litigiosidad previsional porque solo lo podemos entender como una forma de refinada extorsión a los jubilados y pensionados para que acepten las quitas que se les ofrecen. Más que una reparación histórica es un chantaje, porque estamos hablando de gente que debe tener en promedio 80 años y que durante tres años prácticamente debería renunciar a la posibilidad de litigar”, expresó el presidente del Bloque Solidario-SI, antes de ratificar que no acompañará el proyecto del macrismo.
Para Heller, el proyecto del PEN “bajo el manto de un supuesto beneficio a los jubilados intenta hacer pasar una serie de leyes que no tienen que ver con la materia previsional: distintas modificaciones a la estructura impositiva -todas quitándole progresividad a la tributación-, un blanqueo o una exteriorización de capitales que extrañamente ni siquiera tiene por objetivo la repatriación de esos capitales, más la derogación de leyes importantes como la 27.181 que declara de interés público la protección de las participaciones del gobierno en empresas privadas a través de la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”.
Heller valoró como positivo que el oficialismo haya aceptado cambios en el proyecto original, respecto del pago a los jubilados con sentencias firmes, pero criticó que “no pasa lo mismo con los jubilados que están con causas abiertas, tampoco con aquellos que tienen derecho a reclamar porque están cobrando los haberes mal ajustados pero no han iniciado causas”. “Lo que se les plantea es que acepten un método de recálculo que significa una disminución considerable de sus haberes en relación a lo que les correspondería, una limitación en el tiempo de la retroactividad y una facilidad en la forma de pago, ya se cobrarían la mitad al contado y la otra mitad en 36 meses”, detalló el diputado, que presentó un dictamen de minoría.
“¿Qué proponemos nosotros? En el Presupuesto vigente, aprobado el año pasado para el Ejercicio 2016 hay $ 12.500 millones destinados a pagar juicios a los jubilados. De no ser suficiente este monto podría utilizarse la renta o parte de la renta del FGS y si aún no alcanzara con eso sería mucho más sensato pensar en desprenderse de algunos títulos y acciones que de las participaciones en las empresas que tiene el Estado”, comentó Heller acerca de su proyecto. “En el dictamen que estoy proponiendo hay un conjunto de medidas que facilitan cumplir con los pagos totales de las sentencias judiciales y previsionales, y, más ampliamente, reconocer y poner en práctica los haberes previsionales que preserven adecuadamente los derechos de todos los jubilados y pensionados”, completó.
“Los cálculos que nosotros manejamos establecen que pagar las sentencias tal cual están demandaría entre $ 12.500 millones y $ 18.000 millones, y el stock de títulos públicos u obligaciones negociables que tiene el FGS eran $ 423.009 millones a fines del 2015; es decir, pagarles a los jubilados que tienen sentencia no requiere ninguna ley especial, no requiere que hagamos un blanqueo de capitales, no requiere que hagamos modificaciones al sistema impositivo, simplemente requiere tener voluntad de hacerlo, utilizar las partidas presupuestarias que están establecidas y (si fuera necesario) una pequeña porción de las inversiones que tiene el FGS”, explicó Heller y enfatizó que “cuando se mezclan los temas es porque se persiguen otras intenciones”.
Respecto del perdón fiscal por la exteriorización de activos en el exterior, Heller criticó que mediante un pago de una multa, o de un canon, se puedan exteriorizar activos sin traerlos al país. “¿Qué beneficio tiene la Argentina, de alguien que exteriorice la tenencia de un inmueble en Miami, excepto el pequeño canon que va a pagar?”, dijo el diputado de manera retórica antes de cuestionar que no se excluya del blanqueo a los familiares de los funcionarios públicos y a los concesionarios y contratistas del Estado. “Es inadmisible”, señaló.
Para Heller, también es grave el contenido del artículo 40 del dictamen de mayoría que, respecto de los bonos, plantea que se exceptuará del impuesto especial un monto equivalente a 3 veces el monto suscripto. “Ustedes saben que una de las opciones que tienen quienes repatríen el dinero es comprar un bono del Estado en cuyo caso no pagan la penalidad. Una persona que exteriorice U$S 3 millones –ejemplificó Heller, deje U$S 2 millones en el exterior, traiga U$S 1 millón y compre el bono no paga un centavo, y tampoco si trae los otros U$S 2 millones”. “Repito, señor Presidente –dijo Heller dirigiéndose a Emilio Monzó-, alguien que compre un bono por un tercio de lo que está exteriorizando no paga un centavo, así como está redactado el artículo 40 del proyecto que ustedes han firmado y que es el proyecto de la mayoría”. “¿Dónde está aquí la pena? Es un premio para el evasor. Un negocio sensacional”, sostuvo Heller.
Finalmente, el diputado del PSol manifestó que “la regularización excepcional de obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras que se plantea debería estar estrictamente limitada a las Pymes”. “Es inaceptable que a esta altura le estemos dando un régimen de regularización excepcional a los grandes grupos económicos, a las grandes corporaciones, cuando de ninguna manera su situación lo requiere y aparece a todas luces como un premio”, concluyó Heller.