Tiempo Argentino | Edición especial de los trabajadores
Por Carlos Heller
Un nuevo baño de realidad cayó sobre la estrategia de pago a los fondos buitre que diseñó el gobierno de Macri, dejando al descubierto una vez más los riesgos que acarrea. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emitió el viernes pasado una resolución (stay) que pone en suspenso la orden firmada por Thomas P. Griesa hasta tanto se resuelvan las apelaciones de los fondos buitre y los bonistas minoristas. La orden suspendida establece los requisitos para que se levanten en forma automática las medidas cautelares que impiden el pago a los tenedores de la deuda argentina reestructurada.
Los riesgos existen. Si bien la cláusula RUFO cesó en diciembre de 2014, hay una cláusula vigente en Argentina (que el dictamen de mayoría que se está tratando en Diputados propone derogar), el Artículo 2º de la Ley 26.886, que establece: «Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda». La negociación con los holdouts se hizo bajo la vigencia de esta cláusula. Existe, entonces, una alta posibilidad que los acreedores de la deuda reestructurada litiguen y encuentren otro juez que sentencie que hay que compensarlos con los mismos beneficios excepcionales que obtendrían los buitres.
Esta probabilidad no es fantasiosa. El abogado Tullio Zembo, representante de los bonistas italianos que adhirieron en 2005 al canje, aseguró que «hay mucho malhumor» entre los acreedores reestructurados ante la posibilidad que el gobierno argentino acuerde un pago superior con los fondos buitre.
El tema de los juicios de los tenedores de bonos no ingresados a los canjes debe encararse con propuestas de pago en condiciones justas, legales, equitativas y sustentables. En la Cámara de Diputados hay más de un dictamen en minoría que establece esta orientación: más específicamente, reconocerles el mismo rendimiento que tuvieron los acreedores que ingresaron a los canjes 2005 y 2010. No es el camino más fácil ni tampoco el más breve. Pero sin duda es el camino por el cual nuestro país no se someterá a las extremas exigencias de los fondos buitre. El fallo de interpretación de las cláusulas pari passu del juez Griesa fue rechazado por organismos internacionales, académicos (incluidos premios Nobel) y los países en desarrollo convocados en el G77 más China, entre otros muchos que expresaron su desacuerdo.
A partir de las expresiones y acciones de estos actores, Naciones Unidas aprobó los «Principios Básicos para la
Reestructuración de Deudas Soberanas». Ese es el camino a seguir, recogiendo todas las propuestas a nivel internacional. El dictamen de mayoría que impulsa el macrismo desoye este llamado para terminar beneficiando a un puñado de «profesionales de la usura», como los llamó el propio ministro Prat-Gay. Resulta paradójico (o no tanto) que la fuerza política que propone «reinsertar a Argentina en el mundo» beneficie a un puñado de acreedores, desoyendo el fuerte apoyo de la comunidad internacional para evitar tan costoso –y de alto riesgo– acuerdo.