Tiempo Argentino | Opinión
El objetivo de toda devaluación es generar un cambio en los precios relativos. Este proceso no sólo tiene un preocupante impacto sobre la inflación, sino que también posee efectos no menos inquietantes sobre la distribución de la renta y la riqueza a lo largo de toda la economía.
Tema esencial para tratar, en especial cuando Cristiano Rattazzi (quien refleja el pensar de importantes grupos económicos) le pide a Alfonso Prat-Gay «no enamorase de un dólar muy bajo», dado que «para integrar la industria al mundo es necesario un dólar más alto al actual». Esto es, más devaluación aún.
Comenzando con el sector agroexportador, sus ganancias son contundentes. Lo demuestran los cálculos que acaba de presentar la Fundación Mediterránea: con la eliminación y baja de retenciones, el conjunto de los sectores vinculados «recuperarán» (ese es el término utilizado) unos U$S 3685 millones. En el informe se sostiene que así desaparecen «dos efectos que se generaban: a) una transferencia de recursos hacia el fisco, y b) una transferencia de recursos hacia los consumidores locales de los productos gravados». Si se mide en pesos, luego de la devaluación, la ganancia es proporcionalmente mucho más grande.
Pero no toda esa rentabilidad llega a la totalidad de los productores. Sube el precio de los granos en pesos y sube el valor de la tierra, se genera un efecto riqueza por el crecimiento patrimonial de sus dueños, que se traslada a los precios de los arrendamientos. Dado que estos constituyen un importante costo de producción, su incremento reduce la ganancia que podría haber recibido el productor que arrienda, generando un fuerte efecto distributivo al interior del sector.
La eliminación de los permisos de exportación (ROE) actúa en el mismo sentido alcista. Dado que no hay límites para exportar, esto puede afectar potencialmente el abastecimiento del mercado interno, tendiendo a alinear los precios locales con los valores de los bienes externos.
Ampliando el concepto a la economía en general, el saldo redistributivo se modifica aún más si se tiene en cuenta el efecto conjunto de la devaluación, la baja de retenciones y la eliminación de los ROE, procesos que determinan un fuerte traslado a precios, en particular hacia los bienes de consumo masivo. Un mecanismo al que recurrieron, con fines especulativos, los grandes formadores de precios, incluso antes de la asunción del nuevo gobierno. Puede decirse que los actuales funcionarios impulsaron la devaluación más anticipada de la historia, derogaron además la obligación de las empresas a informar sus precios, y ahora no quieren hacerse responsables de su impacto en la inflación.
Las expresiones de preocupación de altos miembros del gobierno por la inflación no parecen coincidir con las acciones concretas. Se expresan en la amenaza de abrir las importaciones, un mecanismo que hasta los medios afines al gobierno criticaron por su ineficacia para combatir la inflación. Este proceso posee un peligroso impacto sobre la producción, en especial de las PyMEs, y una influencia directa en la reducción del empleo local. Esta idea de abrir las importaciones revela un enfoque errado que centra las razones de la inflación en la interacción entre oferta y demanda. A esta tesis abona Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) quien expresó: «La inflación es un problema macroeconómico, y no de decisiones de empresas individuales», y luego recomendó enfrentar este fenómeno con medidas en materia fiscal y monetaria. Con ello se niega el verdadero origen de la actual suba de precios, que es la devaluación. Un mecanismo que incide en la puja distributiva, ya que estamos transitando un período en el cual, hasta el momento, los precios aumentaron significativamente y los salarios no se modificaron.
Hasta ahora se conocieron sólo dos medidas concretas orientadas a paliar el efecto de los aumentos de precios en la población. Una de ellas es la continuidad de «Precios Cuidados», proceso que fue tan criticado por el macrismo durante la gestión de Cristina Fernández. Adicionalmente, se decidió el otorgamiento de $ 400 extra para los perceptores de la AUH y para quienes cobran la jubilación mínima.
Otro tema importante es el impacto de la liberalización de importaciones, muchas de las cuales competirán con los productos nacionales. Si bien se acaban de implementar licencias no automáticas (LNA) de importación para 1400 posiciones arancelarias, estas son una débil barrera: según lo establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), no pueden demorar el ingreso de las mercancías por más de dos meses. De allí que resulta llamativo que los medios oficialistas hayan definido el sistema de LNA como «de protección» a la industria.
En este tema de la liberalización comercial irrumpen las discusiones de la última reunión del Mercosur en Paraguay, en la cual el gobierno argentino impulsó un avance en las negociaciones con la Unión Europea y con el Acuerdo del Pacífico.
Las implicancias del acuerdo Mercosur-UE aparecen bien definidas en un artículo reciente del BID (agosto 2015), en el cual se informa que el Mercosur viene manifestando que su mayor interés esta relacionado con el comercio de mercancías y con la obtención de las mejores condiciones de acceso al mercado de la UE. El informe también expresa: «Por el lado de la UE, si bien estaba claro el interés por el acceso de sus bienes exportables al mercado de los países del MERCOSUR, también se daba prioridad a la búsqueda de una apertura de ese mercado para las empresas europeas prestadoras de servicios, a la participación en igualdad de condiciones en el mercado de las compras gubernamentales, al establecimiento de mejores condiciones para las inversiones de origen UE y por último, aunque no menos importante, a la puesta en vigencia de disposiciones más estrictas para el respeto de los derechos de propiedad intelectual.»
Esta orientación hacia los acuerdos comerciales es totalmente coherente con las promesas de Mauricio Macri (pre y pos electorales) de convertir a Argentina en el supermercado del mundo, que será, de proseguir estos acuerdos, manejado exclusivamente por empresas transnacionales, las grandes beneficiarias de estas alianzas, y acentuará la primarización de nuestra economía.
En la cumbre de Paraguay resonó clara la voz de Evo Morales al denunciar la «guerra de precios de materias primas como consecuencia del nuevo reparto imperial que está afectando a la región», para agregar: «Esta situación tiende a hacer más dependientes a nuestras economías de la crisis energética occidental y a hacer más vulnerables a nuestras cuentas fiscales.»
Estas palabras de Evo resultan muy útiles para cerrar nuestro comentario sobre la evolución de la economía argentina, puesto que es un tema sobre el cual la administración macrista no se ha expresado: los impactos de la crisis internacional, que definió con gran lucidez el presidente de Bolivia. Con la liberalización del comercio exterior se intensifica la sujeción de la economía a los sucesos externos. En este caso, en un mundo con muchas estrategias para vender y con pocos incentivos para comprar (escenario que puede afectar la producción doméstica de muchas Pymes). Cuando aún no se ha conocido en qué parte de la estructura gubernamental se atenderán los problemas de las Pymes, surge como tema impostergable definir esa estructura y las políticas para este sector, que aparece –junto a los asalariados- como uno de los más expuestos a los cambios que se están produciendo. «
Nota publicada en Tiempo Argentino, Domingo 27 de Diciembre de 2015