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Por Carlos Heller
En los últimos meses se ha notado un dinamismo en la economía argentina. El PIB crece a un ritmo del 1,2% en el primer trimestre de este año, impulsado por un aumento importante en la actividad agropecuaria y en la construcción, mientras que la producción industrial reduce su caída, aunque varios rubros dentro del aglomerado manufacturero están dando valores positivos. El índice de confianza del consumidor de la Universidad Di Tella, por mencionar un ejemplo, se ubica cerca de los valores más altos de la década. Este dinamismo se monta sobre un horizonte de producción en el más alto nivel histórico -si bien desde el 2012 ha evidenciado un cierto amesetamiento- favorecido por las diferentes políticas aplicadas desde el Estado que fomentan la demanda, es especial el consumo popular y la inversión productiva de las pymes, como así también el mantenimiento de los puestos de trabajo.
La situación descrita no está exenta de tensiones, que han sido bien gestionadas por el Gobierno nacional, pero que siguen latentes como la elevada retención de granos, que limita las posibilidades de importar insumos y bienes de capital; la puja distributiva por la cual las grandes empresas oligopólicas incrementan los precios, o la continua especulación sobre los mercados de valores y el precio del dólar ilegal.
La población tendrá en cuenta, además de la situación de la coyuntura, todo lo que se ha avanzado en estos años en inclusión económica: la importante creación de puestos de trabajo, la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la universalización de las jubilaciones gracias a las moratorias previsionales, las re-estatizaciones realizadas y la importante recuperación del poder adquisitivo de la población, entre otras tantas conquistas.
Atentos a esta voluntad, los principales candidatos de la oposición prometen mantener algunas de estas conquistas, como la AUH o la nacionalización de YPF, aunque anteriormente se hayan expresado frenéticamente en contra de tales medidas.
No puede ser desoído el profundo mensaje de la recientemente designada candidata a vicepresidenta de la Nación por el PRO, Gabriela Michetti, quien entre sus primeras declaraciones de campaña prometió pagar a los fondos buitre: «una vez que tenés el fallo encima no se puede incumplir», expresó. No es un error de la actual senadora, sino que forma parte íntima de la visión política y económica que comparte plenamente con su candidato a Presidente, Mauricio Macri. Pagar según el fallo Griesa a los buitres que tienen en sus manos el 7% de la deuda original podría implicar un endeudamiento de más de u$s 20.000 millones, casi la mitad de lo pagado al 93% que entró al canje, según fuentes oficiales. ¿Cómo harían entonces, con semejante endeudamiento y los costosos intereses del mismo, para sostener la AUH como proponen? Una promesa económicamente imposible e ideológicamente insostenible para ellos.
Más allá de las promesas vanas de la oposición y de las falsedades de los medios concentrados, hay una realidad edificada todos estos años, no exenta de carencias, pero que a todas luces es altamente positiva.
A esta situación concreta se suma la definición de la fórmula Daniel Scioli – Carlos Zannini, que supera cualquier otra opción anteriormente prevista, pues conlleva un importante mensaje de continuidad, y, según mi parecer, una continuidad que necesariamente debe ser sostenida con la profundización del proyecto iniciado en el 2003. Hay mucho por avanzar en la regulación del Estado; se requiere una importante reforma impositiva; una mejor distribución del ingreso y la riqueza; nuevas leyes de entidades financieras y de inversiones extranjeras para reemplazar a las existentes que datan de la última dictadura; impulsar la denuncia de los tratados bilaterales de inversión; la salida del CIADI y una nueva ley de minería sustentable en los aspectos económicos, sociales y ambientales, entre otras medidas. Todas estas cuestiones estarán impactando en el voto, tanto en agosto como en octubre.