Tiempo Argentino | Opinión
por Carlos Heller
Cada vez más se diluyen las posibilidades de los buitres de interferir las emisiones de Bonar 24, hecho que de todas formas siempre tuvo una probabilidad muy baja de concretarse. En la semana se conoció la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que avaló la presentación de nuestro gobierno para apelar el fallo del juez Thomas Griesa, que en su momento le impidió al Citibank el pago de bonos del canje de deuda emitidos bajo legislación argentina. A esta importante definición favorable para nuestro país se sumó la decisión de Clearstream y Euroclear (las agencias internacionales de custodia de títulos de deuda soberana argentina) que apoyaron la liquidación de los vencimientos de los títulos públicos llevada a cabo en Buenos Aires.
No obstante, el tema buitre no es un lecho de rosas; se dirime entre las estratagemas del juez Griesa y las respuestas soberanas y concretas del gobierno argentino. Por caso, cuando Griesa aún no había querido expedirse sobre los «me too» -los holdouts que pugnan por sumarse a la cláusula de pari passu- y propuso un acuerdo entre los demandantes y el gobierno argentino, mediado por Daniel Pollack, el gobierno contestó por medio de los abogados de nuestro país que enviaron una carta a Pollack en la cual expresan: «la República nos ha informado que, luego de estudiar detenidamente la situación, ha concluido que no es posible entablar negociaciones en este momento con motivo de la persistencia de los demandantes en llevar adelante conductas que afectan a la República, y por la falta de confianza de la República en que sea usted quien supervise un proceso de negociación». A esta carta respondió el viernes Griesa avalando el reclamo de los «me too» por un monto de U$S 5200 millones, que se suman a los más de U$S 1600 millones originales. El Ministerio de Economía informó sin dilación que apelará, ya que «con esta sentencia queda demostrado una vez más que Griesa comprende poco del caso en cuestión; que las medidas pari passu, como tantas veces lo advirtió la Argentina, no sólo no son la solución al conflicto, sino que incluso la agravan, ya que le otorgan mayor poder extorsivo para que los fondos buitre lo usen contra la República» para concluir que «lejos de ayudar, esta nueva aberración jurídica hace imposible que en la práctica se llegue una verdadera solución al conflicto». Los reclamos siguen, y queda pensar qué hubiera pasado si se hubieran pagado «rápidamente» esos U$S 1600 originales, tal como solicitaba la oposición.
Otro evento de importancia ocurrido en la semana tuvo que ver con la posición del FMI respecto de las estadísticas de nuestro país, que estuvo antecedida por varias especulaciones mediáticas. El ministro de Economía evaluó claramente la respuesta del organismo internacional, comentando que «se reconoció el avance material en la reelaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Producto Bruto Interno (PBI)» para agregar que «a contramano de lo que señalan algunos sectores opositores, el FMI no aplicó ninguna sanción, sino que reconoció los avances de la Argentina y destacó que sigue trabajando en un contexto de diálogo». Un avance importante en una relación que el ministro calificó de «difícil», explicando que cada vez que el FMI estima el crecimiento de Argentina, con el manual ortodoxo en mano, dice: «A ver, ¿cumple con esto que pide el liberalismo ortodoxo? No. Ah, entonces le va a ir mal»(Página/ 12, 03.06.15).
En definitiva, las distintas acciones y declaraciones comentadas, así como otras que se toman diariamente, confirman la existencia de un Estado activo en la resolución de los problemas, con una perspectiva soberana.
Balance económico y social
En el acto por la ampliación del Hospital Metraux, en Mendoza, la presidenta Cristina Fernández, al hacer una enumeración de los distintos programas sociales aplicados por el gobierno nacional, reflexionó que «no hay balance económico que cierre si no cierra el balance social».
Esta postura fue valorada recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señaló a nuestro país como uno de los pocos que mediante «la adopción de modalidades innovadoras de protección social ha ayudado a mejorar la seguridad del ingreso de los trabajadores en situaciones de empleo vulnerable». Cristina también estará obteniendo otro reconocimiento en la 39ª Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por su compromiso con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Cumbre Mundial de la Alimentación, vinculados a la erradicación del hambre y la subalimentación. Si bien Argentina está entre los premiados por haber mantenido el nivel de subalimentación por debajo del 5%, naturalmente todavía resta camino por recorrer.
En Mendoza, y luego de las categóricas definiciones ya comentadas, que expresan algunas de las principales características del proyecto iniciado en 2003, nuestra presidenta expresó: «quiero escuchar a cada uno de los argentinos, propios y extraños, que aspiran al lugar que yo ocupo, sobre qué piensan hacer del Estado, las políticas públicas y el rol que el Estado tiene en la economía de todos los argentinos», demandando definiciones concretas respecto de los temas esenciales para la próxima gestión.
Cabe resaltar que esta idea, que la jefa de Estado viene repitiendo en los últimos tiempos, está principalmente asociada con el lavado discurso de la oposición, actitud esta última que muy probablemente esconda sus verdaderas intenciones de aplicar un fuerte ajuste. Una oposición que muestra, además, una evidente debilidad para erigirse como alternativa al proyecto actual, por sus propios desacuerdos, y porque se enfrenta a un fortalecimiento del gobierno nacional. Esto último se produce en un entorno en el cual todas las semanas se están conociendo datos que indican una evolución positiva de la actividad económica, liderada por el fuerte aumento de la construcción. También se acaba de registrar el primer incremento, tras varios meses de caídas, de la cantidad de escrituras por compraventa de inmuebles en CABA, y otros tantos datos más. En el mismo sentido, es especialmente interesante el Índice de Confianza en el gobierno, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella en base a una encuesta de Poliarquía, que para el mes de mayo de 2015 alcanzó 2,09 –de un rango de 0 a 5 puntos–, creciendo 10% respecto de abril, y evidenciando un aumento interanual del 38 por ciento. En los distintos rubros que agrupa este índice, los de mayor puntaje son los de honestidad (2,43) y capacidad (2,31). Si bien son mediciones orientativas, la tendencia del índice y su composición contribuyen a comprender uno de los aspectos de la evaluación de la ciudadanía respecto del gobierno, y además desmienten muchas de las opiniones de los medios concentrados, que intentan instalar una suerte de realidad paralela.
Nos estamos moviendo en un contexto en el que cada día se manifiesta más plenamente la desesperación de la oposición política y de los sectores económicos concentrados, ante la demostración del continuo aumento en el apoyo ciudadano al actual proyecto político, económico, social y cultural, iniciado en 2003. Resulta entonces importante que la adhesión a la continuidad del proceso se vaya haciendo cada vez más evidente en los distintos ámbitos de participación popular.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 7 de Junio de 2015