A la hora de analizar la coyuntura de la economía global, surgen como una lectura obligada los informes que elaboran las principales instituciones de carácter multilateral, entre ellas el Fondo Monetario Internacional. No obstante, por fuera de los estudios técnicos y de la aparente neutralidad que dicen representar, las recomendaciones de política económica poseen un contenido profundamente político ya que afectan de manera directa a las condiciones de empleo y la distribución de la renta y la riqueza.
Sobre estos temas echa luz el reciente Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015, confeccionado por la OIT, que analiza la evolución de los ingresos de los trabajadores y la distribución de la renta en el mundo, quedando expresados con claridad los avances mostrados por los países emergentes, así como también las consecuencias negativas de la aplicación del recetario ortodoxo en la mayor parte del bloque de países desarrollados. En estos últimos, el impacto de la recesión 2008-2009 derivó en una caída y posterior estancamiento de los salarios reales, que en la Eurozona, para citar el caso más dramático, afecta el ingreso de los hogares e incrementa el riesgo de deflación. Este hecho contrasta con el crecimiento de los salarios reales de las economías en desarrollo, que según la OIT han sido considerados como un «componente fundamental de las estrategias generales de reducción de la pobreza y la desigualdad».
El trabajo de la OIT resulta contundente al demostrar cómo en los países desarrollados los salarios se han quedado rezagados respecto del incremento de la productividad laboral (cuánto produce cada trabajador). En otras palabras, esto significa que se ha producido una apropiación más desigual de la renta a favor de los empresarios. Lo interesante es que esta es la dinámica que las economías desarrolladas han mostrado desde los años ’70, y que continúa, e incluso se incrementa, en contextos de escaso crecimiento como el actual.
Según la OIT, «la desigualdad comienza en el mercado de trabajo», lo cual está íntimamente emparentado a situaciones de «estancamiento o reducción de los ingresos». De hecho, España y Estados Unidos han sido los dos países donde mayor incremento de la desigualdad hubo entre 2006 y 2010, con ingresos que se vieron afectados por la desmejora de la situación salarial y las pérdidas de empleo; son variables que se realimentan entre sí, teniendo en cuenta que el desempleo, como todos sabemos, es una poderosa herramienta para intentar acallar los pedidos salariales de los trabajadores.
Respecto de las economías en desarrollo, a pesar de los altos niveles de desigualdad de los que se parte en muchas de ellas, el informe destaca la reducción de la regresividad en la distribución de la renta. En ese último aspecto descollan los casos de Brasil (2001-2012) y Argentina (2003-2012), los de mejor desempeño de la muestra, tanto por la incorporación de nuevos empleos, así como por la mejora de los salarios percibidos. En cambio, Chile y México son los países de peor evolución a nivel regional, algo que está muy emparentado con la dirección que siguieron las políticas públicas.
El informe, además de dejar en evidencia los efectos perniciosos del enfoque que plantean los principales organismos de crédito, destaca explícitamente la prioridad de que el salario mínimo se fije según las necesidades de los trabajadores y seguir contando con instituciones valiosas como las convenciones colectivas de trabajo. También subraya la necesidad de crear trabajo formal y del pleno empleo como herramientas para reducir la desigualdad, además de la importancia de la política fiscal, que permite «compensar la desigualdad a través de los sistemas de tributación progresiva y de las transferencias». No es casual que casi todas las políticas mencionadas –aunque aún resta avanzar en una reforma tributaria– estén siendo aplicadas por el gobierno argentino. Tampoco es casual el amplio rechazo de las principales cámaras empresarias a las políticas de distribución de ingresos o de transparencia de los costos de los grandes formadores de precios que, bajo el lema de la intangibilidad de las ganancias empresarias, intenta ponerle un límite a la redistribución progresiva de los ingresos. En la información de la OIT queda claro cómo en los países desarrollados las empresas engrosaron sus ganancias a costa de los salarios reales. En Argentina, en el marco de la puja distributiva, que como expresé en varias oportunidades es un causante fundamental de los aumentos de precios, ese objetivo empresarial de engrosar ganancias sigue tensionando las relaciones con los asalariados, aunque gracias a la libre negociación por rama sindical de los salarios, y la intervención del Ministerio de Trabajo en las paritarias, en los últimos años se ha recuperado una gran porción del ingreso nacional para los trabajadores, que anteriormente fluía a los dueños del capital.
VANOLI CRITICA LAS EXPECTATIVAS DEVALUATORIAS. En una audiencia en el Senado para aprobar su designación, Alejandro Vanoli, titular del BCRA, comentó que con las tasas mínimas a los plazos fijos «los pequeños ahorristas ganaron sólo en noviembre 300 millones de pesos por apostar a la moneda nacional». Con respecto a la situación cambiaria, expresó que «había distorsiones, había un aliento a hacer operaciones de dudosa legalidad estimuladas en gran parte por los medios». Vanoli confirmó además que mientras las reservas aumentaron un 3,5%, la cotización del contado con liquidación bajó un 16 por ciento. A punto seguido, expresó que desde algunos sectores «se habla de retraso cambiario», advirtió que «no hay que convalidar las expectativas devaluatorias, porque buena parte se la comen los precios y afecta principalmente al bolsillo de los trabajadores», y reafirmó que «en este contexto, (la devaluación) no sería una medida que mejore la competitividad». Si bien estas son unas breves frases y resumen de su alocución, resultan definiciones importantes, así como su aseveración a propósito de que «es preciso cambiar el sistema financiero para hacerlo más eficiente, participativo y federal».
Sobre el fin del día viernes, se conocieron los resultados del canje de Boden 2015; de los U$S 6700 millones puestos en juego, sólo el 2,7% del total del bono se canjeó por dólares, unos U$S 185 millones, mientras que otros U$S 377 millones se canjearon por bonos 2024 y se colocaron nuevos bonos por U$S 286 millones. Al analizar este resultado, el ministro Axel Kicillof comentó: «En este marco catastrófico económico mundial, hemos recibido un espaldarazo de confianza para el año que viene, aun cuando los fondos buitre han querido desprestigiar al país.»
En efecto, los resultados muestran un muy alto nivel de confianza en la capacidad de pago del gobierno, a partir principalmente de su comportamiento histórico, pero también influido por esta reducción de las expectativas devaluatorias que lograron las políticas del Ministerio de Economía y del Banco Central.
SIGUEN VOLANDO. Nuevamente volvió a los estrados neoyorquinos una acción declarativa para establecer que el BCRA es el «alter ego» (otro yo) de la República Argentina, y –por lo tanto– responsable por sus deudas. La medida fue solicitada por los fondos buitre EM y NML y, de prosperar, estos tendrían vía libre para embargar a nuestra autoridad monetaria. Tanto el BCRA como la República Argentina expresaron ante las cortes estadounidenses que estas carecen de jurisdicción para tratar lo solicitado por los fondos buitre, dado que de hacerlo violarían la Ley de Inmunidades de Soberanos Extranjeros (FSIA) de Estados Unidos.
Es una presión más de los buitres en la batalla que están dando contra Argentina, lo que indica que, al seguir buscando la vía de los embargos, evidentemente no desean negociar con nuestro país, sino intentar garantizar que se pague la totalidad de lo dispuesto en el juicio, una opción que el gobierno ya declaró que no es aceptable, puesto que además arrastra los reclamos del resto de los holdouts y podría generar un endeudamiento para Argentina bastante superior a los U$S 15 mil millones.
El mundo avanza para limitar el accionar de estos fondos buitre. Ya en los inicios de este mes se conformó en la ONU un comité ad hoc para iniciar las negociaciones para la creación de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, que ya tiene un calendario de reuniones de trabajo para el próximo año. También la XXIV Cumbre Iberoamericana realizada en Veracruz, México, emitió a pedido de Argentina un «Comunicado Especial sobre Reestructuración de Deuda Soberana», el cual establece «el derecho de todo Estado de alcanzar acuerdos con sus acreedores que no comprometan su desarrollo ni el bienestar de sus pueblos, en consonancia de su política nacional, sin interferencias ni planteos de grupos minoritarios de tenedores de títulos no reestructurados». Como se observa, las actividades de los buitres están cada vez más cercadas, aunque mantienen un ostentoso poder de presión, frente a lo cual el gobierno argentino continuará tenazmente con su estrategia de defender condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables, manteniendo la soberanía nacional.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 14 de diciembre de 2014.