La Argentina ha comenzado a descargar munición gruesa contra los responsables de mantener retenidos los pagos a los bonistas reestructurados. Una de las jugadas más importantes fue la emisión de un comunicado para los tenedores de la deuda reestructurada, en el que se indica el cumplimiento de los contratos por parte de Argentina, y que el país posee los recursos y la voluntad de hacer frente a los compromisos asumidos en los canjes de 2005 y 2010. Además, se pone en conocimiento de los bonistas que existen varios derechos –y sus consecuentes remedios judiciales– a su disposición en virtud del contrato, para el caso que el agente fiduciario (el BoNY) incumpla con sus obligaciones, en particular la de transferir los importes por los pagos que Argentina realizó a su favor.
Siguiendo estas premisas, el Ministerio de Economía remitió una carta al BoNY, para intimarlo a que cumpla con sus obligaciones de distribuir los fondos de los bonistas. También envió una nota al Citibank, entidad registrada, constituida y autorizada para operar en nuestro país conforme la Ley de Entidades Financieras; dado que los fondos depositados por nuestro gobierno están destinados a atender el pago de los intereses de los bonos sujetos a ley y jurisdicción argentina, se indicó al Citibank que «cualquier pedido de aclaración en la causa NML deviene innecesario, debiéndose en los futuros vencimientos de intereses (el próximo será el 30.09.14) abstenerse de formular pedidos de nuevas aclaraciones que no hacen más que confundir al mercado y a los tenedores sobre el alcance de sus derechos».
Visiblemente molesto por las acciones del gobierno argentino, el Juez Griesa volvió a convocar a una audiencia exclusivamente para sermonear a las autoridades de nuestro país. «Dígale a la Argentina que deje de engañar afirmando que ya pagó», dicen que expresó, y volvió a reclamar un acuerdo con los fondos buitre lo antes posible. Queda en claro que el juez persigue destruir el exitoso canje de deuda argentino, y así que nuestro país vuelva al sobreendeudamiento, dado que de cumplir con su mandato se gatillarían las cláusulas RUFO y los reclamos del resto de los holdouts.
Otra estrategia del gobierno ha sido la demanda de Argentina a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por los actos del Poder Judicial estadounidense, atentatorios contra la reestructuración de la deuda soberana argentina. Una jugada que no sólo es simbólica, pues el derecho internacional reconoce que los Estados son responsables por los actos de sus poderes judiciales; también es inteligente, pues, de la misma forma que al pagar se puso la pelota en el campo de juego del juez y de los agentes de pago, hoy se coloca el balón en el área del presidente Barack Obama.
La agencia Moody´s bajó de estable a negativa la calificación de los bonos del gobierno argentino, de más de 20 bancos locales y de varias empresas radicadas en nuestro país debido al «default» en que habría incurrido según dicha agencia. Si bien las consideraciones se basan en los potenciales riesgos que este puede causar a la economía argentina, se cuidan mucho en alertar a los inversores que las calificaciones otorgadas reflejan que «a pesar de que existe un amplio espectro de posibles pérdidas para los acreedores, las mismas serán muy probablemente modestas» (traducción no oficial), una consideración que no fue difundida en los medios, que se quedaron sólo con la noticia de los posibles efectos negativos sobre la economía doméstica.
En realidad, esta postura está teniendo en cuenta que «los mercados» no han convalidado una baja abrupta de los activos argentinos, incluso con fondos inversores que han llegado a triplicar sus tenencias de estos títulos, pensando que los mismos se pueden revalorizar significativamente en el futuro.
Los temas enunciados son indicadores importantes que desarman las profecías catastrofistas que han sido divulgadas ampliamente en los últimos días, aunque sin duda tendrán un efecto sobre las expectativas. Argentina no es inmune a la consideración de este «default que no es» por parte de las calificadoras, pero el mismo está lejos de llevarnos a una situación límite, entre otras cuestiones importantes, porque tenemos un gobierno que ejerce políticas activas.
MEDIDAS DE FOMENTO. El gobierno nacional anunció una batería de medidas anticíclicas tendientes a incentivar el mercado interno y el empleo, en un contexto de amesetamiento de la actividad local, afectada por situaciones vinculadas al frente externo, como es el caso de la definición por el tema de la deuda y del anémico desempeño de la economía global.
Los principales estímulos productivos fueron mencionados en el discurso que realizó el último jueves la presidenta Cristina Fernández, al anunciar un plan de financiamiento a tasa subsidiada para la compra de ómnibus de corta distancia, lo que implicará un aporte estatal de unos $ 2000 millones. En los hechos, con esta medida se busca incentivar la producción de once fábricas de carrocerías que cuentan con exceso de capacidad instalada y acelerar la renovación de la flota. Se estima una producción de 3300 vehículos para los próximos 12 meses, una cifra superior al promedio de los últimos dos años.
Otro conjunto de medidas anticíclicas apunta a la protección del empleo, un componente clave en materia de consumo interno, aunque en paralelo también se persigue, según lo expresó Cristina, «promover la creación de empleos registrados y facilitar la inserción laboral».
En particular, se lanzó el Plan Pro Emplear, dentro del cual se incluye la actualización de una herramienta muy utilizada durante 2009, como el REPRO (Programa de Recuperación Productiva). El Pro Emplear involucra el pago, durante un año, de una suma fija mensual de $ 2000 a los trabajadores de las empresas adheridas, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral. Para acceder a este beneficio, según figura en la página del Ministerio de Trabajo, «las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal».
El Plan Pro Emplear también apunta a profundizar la atención a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a facilitar su inserción laboral. Las personas de entre 18 y 24 años que formen parte del Progresar, esquema destinado a incentivar sus estudios, tendrán la posibilidad de acceder a los programas de capacitación laboral en las propias empresas. Una vez concluido el entrenamiento, si el empresario decide contratar al trabajador, el Estado se hará cargo del pago de $ 2700 del convenio colectivo, por un lapso que irá entre los seis y los 12 meses, lo cual constituye a la vez un incentivo a la contratación por parte de los empresarios. Además de alcanzar a los jóvenes, el beneficio será extensible a los adultos que cobren seguro por desempleo. En conjunto, estas decisiones favorecerán a unas 815 mil personas e involucrarán una inyección de recursos por $ 3034 millones.
Para agilizar la actividad de la construcción y la inmobiliaria, también se establecieron comisiones para los bancos que intervienen en la operatoria de los Cedines, incentivando así su utilización.
Implementar este tipo de herramientas sólo resulta posible en el marco de una férrea decisión política de evitar que se vean afectadas las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Dicho espíritu confronta de manera categórica con las palabras del titular de la UIA, Héctor Méndez, quien sostuvo que con la cotización actual del tipo de cambio, el sector productivo no puede «exportar ni un caramelo». Estas palabras, algo emparentadas con la infortunadamente célebre frase de un funcionario del equipo de Martínez de Hoz (da lo mismo producir «acero que caramelos»), se suman a otras declaraciones del mismo empresario sobre que «es tristísimo, pero los trabajadores son siempre la variable de ajuste». Las expresiones mencionadas constituyen una muestra acabada de la postura de parte del gran empresariado local, que sostiene la teoría de la «intangibilidad de las ganancias» y sólo parece dispuesto a avanzar con sus negocios si es que cuenta con garantías de que podrá distribuir el costo de sus decisiones, no así sus beneficios, entre todos los integrantes de la sociedad. Tesis que refuerza además la necesidad de fuertes medidas de regulación por parte del Estado en diversos aspectos del funcionamiento económico, en especial los referidos a la distribución del ingreso.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 10 de agosto de 2014.