Cuando el juez Thomas Griesa rechaza la solicitud argentina de reinstalar la cautelar (stay) para que nuestro país pueda negociar, establece que el pedido no es apropiado dado que la orden de pagar a los fondos especulativos «no entra en vigor» a menos que el país realice pagos a los tenedores de bonos reestructurados, y agrega que «la Corte no tiene control sobre si la República Argentina realiza esos pagos». En resumen, expresa que, si no queremos el embargo, no debemos pagar a los bonistas reestructurados, dejando bien en claro que está forzando a Argentina a un default «voluntario» de la deuda.
Es altamente improbable que Griesa, tan versado en las declaraciones de la presidenta argentina, no conozca las declaraciones de la calificadora Standard & Poor’s. Su director de calificaciones soberanas, Sebastián Briozzo, estableció que «si el 30 de este mes la Argentina no puede pagar, tendríamos que poner la deuda soberana en situación de default, porque vamos a estar ante un incumplimiento», desconociendo que existen 30 días de plazo antes de que se incumpla la obligación. Más aún, y en una llamativa definición, Briozzo comentó que «los montos de endeudamiento de la Argentina son muy elevados»; debe haber tomado los erróneos datos de algún formador de opinión vernáculo, puesto que la deuda pública externa de nuestro país ascendía a fines de 2013 a sólo el 12% del PBI.
Estamos transitando una encrucijada que sólo puede encararse con una actitud soberana, como es la que ha tomado el pasado jueves el gobierno argentino al depositar los fondos para el pago a los bonistas reestructurados en las cuentas establecidas en los contratos, por 832 millones de dólares en total, de los cuales 539 millones se depositaron en el Bank of New York Mellon (BoNY). Dicha decisión se tomó luego del pedido a Griesa, por parte de las autoridades argentinas, de suspender el fallo (stay) y posibilitar «un diálogo de buena fe en condiciones equitativas, justas y legales».
En la audiencia citada para el viernes último, luego del pago de Argentina, Griesa expresó que «el gobierno de la Argentina debería haber negociado una postergación del pago a los tenedores de bonos reestructurados mientras buscaba un punto de acuerdo con los fondos de acreedores que están en litigio». También calificó el pago de «ilegal» y ordenó al BoNY que devuelva el depósito a la Argentina, aunque no se animó a embargar el dinero, como lo solicitaron los fondos buitre. En un comunicado, el Ministerio de Economía sostuvo que al tomar tales medidas, «el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitre a precio vil para obtener ganancias siderales», además de caratular a la medida como «inédita: porque un juez intenta impedir que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar».
Cobra así mayor entidad lo expresado previamente por el ministro Axel Kicillof al comunicar el pago, en cuanto a que «no cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitre ni de su verdadera intención: la de pretender llevar a la República Argentina al default para derribar la reestructuración 2005-2010».
Cabe resaltar el profundo significado del pago a los bonistas, que constituye una medida proactiva, e indica una estrategia negociadora seria e inteligente de nuestro gobierno.
Según indicó Kicillof, el pago se realizó «para terminar con el artilugio de considerar una decisión judicial absurda con efectos sistémicos a nivel internacional, como un ‘default técnico’, que constituye sólo un modo sofisticado de intentar ponernos de rodillas ante usureros de carácter global».
El ministro fue claro al señalar que, con la decisión de realizar el pago, Argentina ratifica «su firme e irrestricta voluntad de cumplimiento» y, a partir de esta decisión soberana, «advertir respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa con respecto a eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional».
CRECE EL APOYO A LA POSICIÓN ARGENTINA. Luego del amplio apoyo recibido por parte de países como Brasil, Francia, México, Uruguay y Bolivia, organismos como Mercosur, Unasur, Celac, G77+China –integrado por 133 países–, más de un centenar de parlamentarios británicos, el FMI y gran cantidad de académicos y otras importantes instituciones, esta semana se sumaron la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y la Cepal. La Unctad calificó como predatoria la conducta de los fondos buitre, así los llama, y da el ejemplo de NML Capital, que compró deuda por 20 centavos para reclamar judicialmente por la totalidad. Además de caratular el fallo de Griesa como una «inaudita interpretación» de la cláusula de pari passu, considera que este, acompañado por las decisiones de tribunales superiores, «coloca un precedente legal con profundas consecuencias para el sistema financiero internacional, dado que: 1) desincentiva a los acreedores para participar en reestructuraciones, lo cual dificultará las mismas en el futuro; 2) obliga a terceras partes, como instituciones financieras, a proveer información confidencial de las transacciones financieras del deudor soberano; y 3) establece que el fallo no cumple con la Ley de EEUU de inmunidad soberana extranjera.»
Por su parte, la Cepal define que el fallo mencionado «no sólo dificulta –o, quizás, imposibilite– que Argentina continúe con el pago del servicio de su deuda reestructurada, sino que atenta contra la estabilidad del sistema financiero internacional», por lo cual indica que «se necesita diseñar un mecanismo de reestructuración de deuda que tenga en cuenta las condiciones de los deudores, incluyendo la necesidad de que el pago del servicio de la deuda pueda depender, por lo menos en parte, de condiciones macroeconómicas contingentes de las cuales depende la capacidad del servicio de la deuda».
En este aspecto, la Cepal realiza una comparación más que interesante, puesto que «así como los ‘salvatajes’ de los bancos en una situación de crisis financiera se justifican por las implicancias sistémicas de un quiebre del sistema financiero sobre la economía, las reestructuraciones de los pasivos soberanos, cuando estos son a todas luces insostenibles, protegen el buen desempeño posterior de la economía y por lo tanto también la regularización de los pagos adeudados». Interesa aclarar que los países centrales destinaron los mayores fondos anticrisis a los salvatajes bancarios, y dieron muy poca atención a la resolución de los problemas de la deuda griega o chipriota, y a su sostenibilidad, por citar dos ejemplos prácticos.
MOMENTO DE DEFINICIONES. El gobierno ya se expresó: «Queremos cumplir con el 100% de los acreedores, con el 92,4% que accedió a ingresar al canje de 2005 y 2010, y también queremos cumplir con los que no ingresaron; sólo pedimos que nos generen condiciones de negociación justa y de acuerdo con la Constitución Argentina, las leyes nacionales y los acuerdos que firmamos como país», enfatizó la presidenta Cristina Fernández. Y las decisiones que se han venido tomando son las pertinentes a una Nación soberana que defiende el interés común de todos sus habitantes. Con el depósito en el BoNY y la posterior solicitada para los tenedores de deuda de los canjes 2005 y 2010, indicando que se realizó el pago de acuerdo con las condiciones de los contratos, deslindando por lo tanto «cualquier responsabilidad y/o incumplimiento que pretenda imputársele a la República», las autoridades de nuestro país han puesto la pelota en el campo de los litigantes y las instituciones involucradas.
El proceso está en pleno desarrollo, los representantes del capital especulativo internacional, aliados a los fondos buitre, pondrán todo tipo de trabas a la negociación, como lo han venido haciendo hasta el momento. Pero se han alzado voces muy importantes para frenar estos actos de usura y depredación financiera, aunque todavía falta que se expresen en acciones concretas de regulación y limitación de las conductas.
Por el bien del país, es de esperar que todo el arco político esté unido en apoyo de las negociaciones de nuestro gobierno, pues el conflicto con los fondos buitre es una cuestión de indubitable interés nacional, que excede el interés partidario y cuya resolución impactará decididamente en los años venideros.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 29 de junio de 2014.