En la semana se anunció el acuerdo por la deuda en default que se mantiene desde 2001 con los acreedores nucleados en el Club de París, retomando así un plan que debió ser abortado en el año 2008, a la luz de los sucesos que acompañaron la caída del banco de inversión Lehman Brothers, y que llevaron al consecuente empeoramiento del entorno global. Se cierra así otro capítulo de la saga de decisiones que inició Néstor Kirchner en 2005, con el primer canje de deuda, y que incluyó entre sus hitos fundamentales el pago al FMI en el año 2006, en sintonía con la idea de solucionar la nefasta herencia que dejó la implementación de políticas neoliberales en nuestro país.
La deuda reestructurada esta semana asciende a U$S 9700 millones, y será cancelada en un plazo de cinco años con una tasa del 3% anual, estableciendo una serie de pagos mínimos, junto con pagos adicionales que estarán en función de los nuevos flujos de inversión que vaya recibiendo el país. De no registrarse ingresos relevantes, el país podrá posponer por dos años la cancelación completa de la deuda, aunque en este caso la tasa de interés promedio para los siete años pasará a ser del 3,8%, la cual resulta de todas formas inferior a la establecida en el antiguo contrato (7 por ciento). El mecanismo acordado apunta a que el país pueda sostener sus compromisos financieros sin perjudicar el crecimiento y teniendo en cuenta el perfil de vencimientos, algo que se expresa en los menores pagos que deberán hacerse en 2015 y 2017, cuando el Estado afrontará mayores vencimientos de la deuda pública.
En términos concretos, con el acuerdo se levantan las restricciones que los países miembro del Club de París le imponen actualmente a las agencias de crédito a la exportación, para la realización de inversiones en nuestro país, a lo cual se suma el hecho de que el gobierno norteamericano levantaría el veto a los desembolsos de organismos como el BID, que también suele abocarse al financiamiento de inversiones en infraestructura.
Así, este arreglo podría contribuir a relajar los límites que ha venido presentando la denominada «restricción externa», asociada a los requerimientos de dólares que necesita la dinámica del crecimiento. De hecho, como ha dejado en claro la presidenta Cristina, el financiamiento «no será, como ya ha ocurrido en otra épocas, para el gran casino financiero», sino para «infraestructura, para desarrollo, para tecnología y para el futuro de todos los argentinos».
En consonancia con esta visión, será preciso considerar, entre otras cuestiones, la contribución efectiva de las nuevas inversiones al proceso de desarrollo, el aporte neto en materia de divisas, o el cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental, aspectos que requieren una intensa regulación estatal, ya que, como la experiencia lo indica, la inversión externa directa no siempre suele traducirse en beneficios concretos para los países receptores. Ante ello, resulta clave avanzar con la derogación de los Tratados Bilaterales de Inversión y de la Ley de Inversiones Extranjeras vigente desde la última dictadura, que forman parte del entramado legal que impide una efectiva regulación del capital foráneo. Esta concepción es la opuesta a la que han mostrado en estos días algunos sectores concentrados, como es el caso de la Asociación Empresaria Argentina, que señaló que se trata de «un paso importante hacia la integración de la Argentina al mundo», dejando en evidencia sus ansias contenidas por retomar el sendero de «relaciones carnales» característico de los noventa.
A su vez, resulta trascendental que el acuerdo se haya conseguido sin la participación del FMI, toda una novedad teniendo en cuenta que históricamente el organismo siempre había participado –con la excepción del reciente caso de Indonesia– de los procesos de reestructuración de esta clase de deudas. En la práctica, esta intromisión implicaba una fuerte pérdida de autonomía para los países que debían aceptar las condicionalidades del Fondo. Al respecto, la historia de nuestro país da cuenta de las nefastas consecuencias de su participación, como ocurrió en la reestructuración del año 1956, cuando se condicionó el acuerdo a la liberalización del comercio exterior, o en el año 1958, cuando se sentaron las bases de un duro plan de estabilización. Vale recordar que estas situaciones se repitieron en cada uno de los sucesivos programas que se firmaron con el FMI, hasta el año 2001. Por lo demás, con el acuerdo también se da respuesta a aquellos economistas ortodoxos que desde un aparente saber impoluto pregonaban que Argentina no podría llevar a buen puerto el rumbo de las negociaciones sin la participación del Fondo.
En suma, se trata de una noticia positiva, ya que se normaliza una situación pendiente y se revalida la idea de que es posible actuar con autonomía, en defensa del interés nacional, y con un pleno respeto por los principios rectores que han guiado las decisiones económicas de la última década.
REUNIÓN DE LOS BRICS. También esta semana, la Cancillería rusa informó que Argentina será invitada a participar de la próxima reunión de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que se llevará a cabo en Fortaleza el próximo 15 de julio. En conjunto, los BRICS cuentan con el 43% de la población global y cubren el 30% de la superficie planetaria, en tanto que explican nada menos que un 25% del PIB y el 40% de las reservas internacionales del mundo. Esto los posiciona como un polo de poder político y económico de indudable trascendencia, que entre sus objetivos actuales persigue la compleja tarea de crear un Banco de Desarrollo propio, idea que fue puesta sobre la mesa en la quinta reunión que mantuvieron en Sudáfrica en el año 2013.
La noticia posee un valor simbólico crucial ya que implica un reconocimiento concreto del papel que nuestro país ha venido desempeñando en la esfera multilateral, promoviendo una concepción autónoma respecto de los principales centros de poder global. A nivel regional, todo ello se ha expresado, por ejemplo, en el impulso de organismos como la CELAC o la Unasur y en la participación activa en las relaciones Sur-Sur, en particular en el marco del G-77, que nuclea a los países en desarrollo y cuya presidencia pro témpore se encuentra a cargo de Bolivia.
La invitación, lejos de ser una cuestión puramente protocolar, como se ha intentado decir, echa por tierra los habituales comentarios que tratan de instalar la idea de que nos encontramos aislados del mundo, y demuestra que somos un país que en los últimos años ha logrado generar relaciones recíprocas y de mutua conveniencia.
En otro plano, el recorrido de los BRICS constituye una señal potente desde el punto de vista geopolítico para trascender el esquema de poder resultante de la Segunda Guerra Mundial, agravado con el desmembramiento del bloque socialista, y que a todas luces continúa reproduciendo un orden mundial injusto, excluyente y notablemente desequilibrado; características que, por razones de fuerza mayor, ya no pueden ser omitidas ni siquiera del discurso de organismos como el FMI.
De hecho, mientras continuaban los pedidos de mayores ajustes a España, en un evento desarrollado en Londres sobre «capitalismo inclusivo», la directora del FMI, Christine Lagarde, se hizo eco del dato categórico de la organización Oxfam, al decir que «las 85 personas más ricas del mundo, que cabrían todos ellos en un solo autobús de Londres, controlan tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad; es decir, 3500 millones de personas».
Esta clase de planteos ponen en evidencia la necesidad de continuar creando y profundizando los lazos entre países semejantes, aspirando a modificar sustantivamente las relaciones de fuerza, y de ahí los parámetros que guían cuestiones relevantes como la distribución del ingreso y la riqueza.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 1 de junio de 2014.