El Foro de Convergencia Empresarial presentó el pasado lunes un documento denominado «Bases para la Formulación de Políticas de Estado». Participan de ese foro una treintena de cámaras, entre las que se cuentan ABA (Asociación de Bancos de la Argentina); AEA (Asociación Empresaria Argentina); BCBA (Bolsa de Comercio); FAA (Federación Agraria Argentina); SRA (Sociedad Rural Argentina) y UIA (Unión Industrial Argentina). También participa IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), y adhieren la Fundación Libertad, la Fundación Mediterránea y conocidos colegios de profesionales.
Las «Bases» tienen la misma estructura y reproducen en gran medida las ideas del documento fundacional de AEA: «Movilizar las Energías del Sector Privado». Cabe recordar que AEA es una agrupación de grandes empresas argentinas, presidida por Jaime Campos, acompañado por los vicepresidentes Luis Pagani (Arcor); Paolo Rocca (Techint); Héctor Magnetto (Grupo Clarín); Enrique Pescarmona (IMPSA) y Cristiano Rattazzi (Fiat Argentina), entre otros.
El documento define como objetivo del Foro proponer políticas de Estado que promuevan la inversión para aumentar el empleo, terminar con la pobreza y la exclusión social y encaminar a Argentina en la senda del desarrollo sostenible, una generalidad con la cual es imposible disentir. Pero luego, expresa: «las propuestas de políticas de Estado en las que estamos trabajando podrían ser implementadas por cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país». Una definición de profunda raigambre neoliberal, pues considera que hay una forma de hacer las cosas que es la correcta, y que es independiente de cualquier consideración política e ideológica, y sabemos que ello es imposible; es sólo parte del relato neoliberal.
Al pasar a las propuestas, incluye una serie de objetivos generales, como «tener una baja tasa de inflación», aunque los firmantes se cuidan de decir cómo lograrlo, un tema sobre el cual las distintas fuerzas políticas no tienen igual pensamiento.
También se propone «respeto a la propiedad privada y al ámbito propio de las empresas privadas». Este último concepto, adusto en su enunciación, fue tomado textualmente del documento de AEA, al cual podemos acudir para tener una visión más explícita: «En una sociedad capitalista moderna es crucial distinguir el rol del Estado del rol de las empresas, manteniendo ambos claramente diferenciados. El Estado debe establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes. Dentro de este marco, su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo en la toma de decisiones empresarias, no contribuye a dinamizar la economía del país, ni resulta un aporte al desarrollo económico y social”. Es el concepto del Estado Subsidiario que iluminó las políticas de la década del ’90 en nuestro país.
Esta idea impregna otras proposiciones del documento del Foro, como «garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes, evitando intervenciones distorsivas».
En el texto también se propone una «fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía», objetivo que compite con la definición que en párrafos anteriores realiza el documento de las «Bases» sobre el rol esencial e indelegable del empresario de crear riqueza, que se traduce en la generación de trabajo, rentabilidad empresaria y en impuestos para que el Estado pueda asegurar las prestaciones esenciales. Además, se propone una «reforma tributaria y fiscal a nivel nacional, provincial y municipal que elimine impuestos y otros gravámenes distorsivos y tipos de cambio diferenciales». Dado que los tipos de cambio diferenciales están dados de manera indirecta por las retenciones a las exportaciones, se trata de una propuesta encubierta para eliminar estas últimas. En el mismo sentido, se plantea la «eliminación de los factores que desalientan, restringen o prohíben las exportaciones». Se podría pensar por qué se expresa de esta forma y no como una solicitud de fomento a las exportaciones (que integra los programas de la mayoría de los partidos políticos), y la respuesta es porque «fomento» es una mala palabra en el diccionario neoliberal, y la intención última es la eliminación de cualquier regulación.
En las «Bases» no se llega a solicitar «el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias», como lo hace AEA en su documento fundacional, aunque se acercan bastante. Hay que destacar la osadía de los empresarios de AEA, que proclaman no sólo la intangibilidad de la propiedad, sino también la de las ganancias empresarias. Sin duda, para esta concepción de la economía y la sociedad, es una gran herejía la Resolución 29/2014, instrumento a través del cual la Secretaría de Comercio solicitó a las empresas que informen la totalidad de los precios de sus productos.
VIENE BIEN RECORDAR. Para conocer la historia de las organizaciones empresariales, una fuente interesante es el artículo de Pablo Galetti «Líneas contrapuestas en la evolución de las entidades empresarias» en Realidad Económica No. 174 (2006), que utilizo para documentar esta columna.
En 1958, la Bolsa de Comercio, la SRA y la UIA conformaron la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), que declaró al constituirse: «Nos hemos dado una organización que nos diferencia total y definitivamente de la CGE.» Se refiere a la Confederación General Económica inspirada y dirigida por José Ber Gelbard, una agrupación de empresas de carácter nacional, tanto grandes como pymes, con amplísima base de representación regional. En cuanto al desarrollo de la economía del país, ACIEL sostenía que «si se desea que la economía argentina progrese es indispensable desistir de todo propósito de planificación económica y empresaria o de socialización».
La ACIEL apuntaló los sucesivos planteos militares con el lema «libertad de empresa» y se opuso en 1963-64 a la implementación de un Consejo Económico Social, porque implicaba el peligro de «restablecer un sistema de economía dirigida y exagerado intervencionismo estatal», entendiendo que significaba inyectar «técnicas de colectivismo».
Las grandes empresas no se agruparon en una única organización con esas ideas. En 1967, 50 de ellas crearon el Consejo Empresario Argentino (CEA); Martínez de Hoz fue su presidente entre 1973 y 1975 y se estima, hoy con mayor certeza al conocerse las Actas secretas de la Junta Militar, que en su seno se elaboró el plan económico que la dictadura implementó a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Existe otro antecedente en la creación de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), en agosto de 1975. La integraban el CEA, las entidades tradicionales reunidas en ACIEL y entre otras la Unión Comercial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de Sociedades Anónimas y la Copal.
El 16 de febrero de 1976, la APEGE organizó un paro general empresario, un hito más para preparar el camino hacia el golpe. La CGE se opuso decididamente a ese boicot empresarial.
Hacia el fin de la Convertibilidad, sepultada por los terribles resultados económicos y sociales, se va disolviendo el CEA, que apoyó ese proceso, para dar cabida, en mayo de 2002, a una nueva organización, la AEA, encargada de reflotar las ideas neoliberales.
Si analizamos los antecedentes de la conformación de estas asociaciones y el actual Foro de Convergencia Empresarial, hay muchas similitudes, principalmente ideológicas. Se trata de la más profunda expresión de la derecha empresarial vernácula, que utiliza su posición de poder para influenciar el devenir de la sociedad y encauzarlo hacia políticas de desregulación y privatización –que sólo benefician a los grandes grupos empresarios monopólicos–, e intenta reinstalar el modelo de valorización financiera, perjudicando enormemente a las pymes y a la gran mayoría del pueblo argentino.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 27 de abril de 2014.