Las elecciones legislativas de octubre adquieren una dimensión central con relación a las posibilidades de lograr una gestión adecuada de la economía, que podría encontrar serios obstáculos en caso de prevalecer las aspiraciones obstruccionistas de ciertos sectores de la oposición. Este punto adquiere mayor relevancia en un entorno mundial complejo, que requiere la aplicación de políticas de fomento del mercado interno y el empleo como las que ha venido impulsando el Gobierno Nacional.
Al respecto, hay que resaltar que en la madrugada del jueves se dio media sanción al proyecto de ley del Presupuesto 2014, que ahora pasará al Senado para su aprobación definitiva, y que permitirá seguir contando con todo el abanico de herramientas que le vienen dando continuidad al proceso iniciado en el año 2003.
Bajo esta lógica, en la semana que pasó se anunciaron dos líneas adicionales del Plan Pro.Cre.Ar y la realización de un nuevo sorteo en octubre, que elevará a 200 mil la cantidad de préstamos adjudicados en algo más de un año. Esto representa la mitad de las soluciones habitacionales que inicialmente fueron pensadas para ejecutarse en un lapso de cuatro años. Se trata de créditos de hasta 30 años, con tasas que arrancan en el 2% para los niveles más bajos de ingresos. Según el titular de la ANSES, Diego Bossio, desde que comenzó el programa, en junio de 2012, «unas 5500 familias ya terminaron su casa y empezaron a pagar su cuota, una sola está en mora de 60 días, así que es una inversión segura». Interesantes números para rebatir la idea mercantil que lleva a que los que menos tienen paguen tasas mayores en el mercado formal.
Por lo demás, el Pro.Cre.Ar continúa en la búsqueda de respuestas para paliar el enorme déficit habitacional, una asignatura que no puede ser resuelta por el mercado, mientras que también sigue apuntando a fortalecer el empleo y la actividad interna. El plan redundará en un nuevo impulso hacia el sector de la construcción, que alcanzaría un crecimiento de entre el 5% y 6% durante este año, según lo expresara Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Otras noticias, ignoradas frecuentemente por los grandes medios, refieren a la búsqueda de soluciones en torno a otra de las asignaturas pendientes: el transporte, en particular el ferroviario. En el marco de la Ley de Reordenamiento Ferroviario vigente se anunció la compra a una empresa china de 27 formaciones para ser destinadas al funcionamiento del Ferrocarril Belgrano Sur, por un monto de 89 millones de dólares.
Al respecto, el Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, señaló que «la política ferroviaria volvió a ser una política de Estado y va a seguir siéndolo independientemente del gobierno de turno». Un anuncio que difícilmente pueda ser tildado de electoralista, teniendo en cuenta que los coches entrarán en funcionamiento bastante tiempo después de los comicios legislativos. Esta operación se suma a una compra anterior de 709 coches, a otra empresa china, que integrarán los ramales Mitre, Sarmiento y Roca, y que implican un desembolso de 841 millones de dólares, la mayor inversión ferroviaria de los últimos 50 años.
De esta forma se refuerza el compromiso estatal por incentivar la inversión, tanto pública como privada, en proyectos de envergadura y también en Pymes, las mayores generadoras de empleo. Aquí se incluyen, por ejemplo, la inversión de Toyota (800 millones de dólares), comentada la anterior semana, y una que se publicó en un medio especializado, y que versó acerca de la inversión de un empresario nacional por un valor de 60 millones de pesos para la producción de equipos de aire acondicionado. En este marco, también debe mencionarse la colocación que realizó YPF en el exterior el día jueves, por un monto de 150 millones de dólares. Son algunas muestras que permiten refutar comentarios «agoreros» que basan sus críticas en la supuesta falta de «reglas del juego» para los inversores, pero que desconocen, o niegan deliberadamente, la importancia que para ellos tiene contar con un horizonte concreto para la toma de decisiones, basado en la fortaleza del mercado interno y en la continuidad de las políticas públicas que le dan sustento.
El frente externo. En su discurso ante la 68º Asamblea de la Naciones Unidas, la presidenta Cristina Fernández fustigó el accionar de los fondos buitre, señalando que «somos víctimas seriales de los lobbystas, de los fondos buitre, de quienes compran a bajo precio (…)», los mismos que luego pretenden un «rendimiento superior al 1300%». En esta línea también se pronunció el G-77, grupo que reúne a los países en desarrollo, que reiteró la importancia de «no permitir que los fondos buitre paralicen los esfuerzos de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo», a diferencia de lo que ocurrió en la última reunión del G-20, donde no se logró el consenso para incluirlo en la declaración final.
En este marco, Thomas Griesa dictó un fallo destinado a mantener abierta una causa presentada años atrás por el fondo buitre NML, que buscaba embargar las reservas internacionales del BCRA depositadas en la Reserva Federal de Estados Unidos. El accionar no debería representar una amenaza para el país, ya que en su momento la Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó cualquier intento de embargo, aludiendo al criterio de «inmunidad de las reservas» colocadas en esa plaza. No obstante, se trata de un avance más del «juez de colonias», que expresa claramente la intención de aplicar un castigo «ejemplificador» a la Argentina, e indirectamente amenazar a todo país que ose alejarse del manual de las «buenas prácticas» pregonadas por los centros de poder global.
La disputa no resulta sencilla, más si se considera el peso de algunos de los actores que participan de ella, como ocurre con el «buitre» Paul Singer, propietario de NML y aportante activo a la causa republicana en Estados Unidos, bloque que en estos días ha vuelto a poner en jaque al gobierno norteamericano, amenazando con votar en contra de la prórroga del presupuesto si los demócratas persisten en mantener las partidas para garantizar el cumplimiento de la reforma sanitaria, que presentó Obama en 2010.
La reforma apunta a brindarle cobertura de salud a toda la población y está basada en un esquema de subsidios que llegaría a 30 millones de estadounidenses no asegurados actualmente. Entre otras cuestiones también obliga a las aseguradoras a brindar los servicios sin invocar preexistencias o temas de género.
La disputa por la salud también se ha filtrado en la discusión por la autorización para el incremento del techo de la deuda pública, actualmente en 16,7 billones de dólares, que se alcanzaría a mediados de octubre y de no ampliarse le impediría al gobierno emitir obligaciones para garantizar su operatoria. Este tipo de presiones son similares a las observadas un año atrás, cuando se acordaron importantes recortes del gasto y subas de impuestos, que sustrajeron cerca de un punto porcentual del crecimiento de este año.
Salvando las distancias, podemos observar que las discusiones en torno a la cuestión presupuestaria no son materia exclusivamente local, aunque la dimensión del caso es notable, ya que en los hechos representaría el cese de pagos de la principal potencia global.
Pensando en nuestro país, y de cara al mes de octubre, resulta fundamental evitar escenarios como los que se sucedieron tras las legislativas de 2009, que en aquel entonces posibilitaron la conformación del denominado «Grupo A», justo en lo peor de la crisis global. Para ello es fundamental contar con mayorías cohesionadas que permitan deliberar y, a la vez, seguir gestionando.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 29 de septiembre de 2013.