La actividad en el Congreso de la Nación fue especialmente intensa en esta semana que pasó; se sancionaron la ley de eliminación de exenciones a ciertas rentas financieras en el Impuesto a las Ganancias, y la ley de reapertura del canje, mientras que ingresó a Diputados el proyecto de Presupuesto Nacional 2014 que fue presentado por el equipo económico.
Con 192 votos a favor y 33 en contra, Diputados sancionó la ley que otorga al Poder Ejecutivo las herramientas para culminar el proceso de normalización de la deuda que entró en cesación de pagos en el año 2001.
La ley apunta a terminar de cerrar una estrategia exitosa, decidida en forma autónoma y sin la tutela ni los condicionamientos del poder financiero internacional. La mayor parte del camino se ha recorrido; falta poco para llegar a la meta, y habrá que seguir batallando, puesto que no se puede admitir que un puñado de especuladores se imponga contra la voluntad del pueblo argentino.
La amplia cantidad de votos afirmativos no evitó que arreciaran las críticas de la oposición. Algunos culpan al gobierno argentino de haber provocado los fallos negativos al país por haber sostenido que no se les pagaría ni un peso a los fondos buitre. ¿Qué tendría que haber dicho el gobierno? ¿Que estaba dispuesto a negociar con los mismos fondos buitre que embargaron la fragata y que para hacerlo estábamos dispuestos a violar la denominada ley cerrojo aprobada por el Congreso? Francamente no se entiende.
Otros niegan que la Argentina haya alcanzado una quita histórica en el canje de deuda, porque ofreció a los acreedores el cupón del PBI: una crítica tan facilista como inaceptable. Retrotraigámonos a ese momento en que había que lograr la aceptación de un recorte del 70%, y el bono PBI fue una forma de expresar que si a la Argentina le va bien también les irá bien a los acreedores; no hay que olvidar que el canje era y sigue siendo voluntario, y había que convencerlos. Hoy, ocho años después de un desempeño exitoso, el país pagó reiteradamente el cupón del PBI porque tuvimos la década de mayor crecimiento en los últimos doscientos años. Siguiendo la lógica y la normativa, en los dos años de ese período que el país creció escasamente no se pagó el cupón.
La aprobación de esta ley fue concomitante con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de dar el primer paso, el 30 de septiembre, para decidir la aceptación del tratamiento del caso argentino. Es un paso más, puesto que aún hay una serie de recursos interpuestos, así como la posibilidad de presentar otros nuevos, por lo que se estima que la suspensión de la aplicación del fallo de Griesa que dispuso la Cámara de Apelaciones, podría mantenerse firme hasta, al menos, enero de 2014.
PRESUPUESTO 2014. Se presentó el proyecto de Presupuesto Nacional 2014, que contempla un crecimiento del 5,1% para 2013 y del 6,2% en 2014, con un aumento del consumo del 5,7% y de la inversión del 8,5% para el próximo año. Las exportaciones llegarán a los U$S 94.034 millones, y las importaciones a U$S 83.910 millones, generando un saldo comercial positivo de 10.124 millones, muy similar al que cerraría este año.
Las autoridades económicas mencionaron que, si bien este presupuesto se desarrollará en un contexto internacional que presenta una «situación quebradiza», la expresión más mencionada en el encuentro del G-20, según les relató la presidenta Cristina Fernández. En este entorno,las perspectivas de mejor desempeño para Estados Unidos y Brasil auguran un escenario algo más auspicioso para 2014.
Tanto los recursos totales del Sector Público Nacional como los gastos totales rondarán algo más del 28% del PBI, evolución que permitirá pasar del déficit fiscal del 1,77% del PBI esperado para 2013 a un superávit del 0,11% del PBI en 2014. Los funcionarios aclararon que, de presentarse un escenario internacional más complicado, el gobierno tomaría medidas anticíclicas que incrementarían el gasto previsto.
El Presupuesto es eminentemente un programa de gobierno y, en este aspecto, el texto del proyecto señala que el marco de la política macroeconómica en el que se inserta «supone la continuidad de los pilares fundamentales que han guiado el proyecto político iniciado en el año 2003 y que se seguirá promoviendo el fortalecimiento del mercado interno a través de la consolidación de una industria nacional competitiva, el sostenimiento de los puestos de trabajo, la mejora de los salarios reales, la promoción de mejores niveles de inversión pública y privada, la inclusión y la movilidad previsional, y el mantenimiento de la política de desendeudamiento», entre otras.
El gasto social alcanzará en 2014 el 61% del total de gastos, y crecerá al mismo ritmo que el gasto total, este último incidido por un mayor nivel de pagos de intereses de deuda (habrá que pagar la renta de los cupones PBI por el crecimiento de 2013), y un acotado aumento de los servicios económicos, ítem en el cual se contabilizan los subsidios a las tarifas de transporte y energía.
Se crea nuevamente el Fondo de Desendeudamiento por un monto de 9855 millones de dólares, política que mostró ser eficiente desde su implementación.
Estos preceptos no son novedosos, vienen acompañando los presupuestos y el plan de gobierno de los últimos años, aunque no hay que olvidar que en el año 2011 el «Grupo A» no permitió sancionar el Presupuesto, no por las propias cifras del presupuesto oficial, sino porque estaban en desacuerdo con el modelo económico y social que reflejaba ese presupuesto y los que se aprobaron desde 2003 a la fecha.
MODIFICACIÓN DEL MONOTRIBUTO Y FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN. Los ecos de las reuniones que se vienen llevando a cabo entre autoridades nacionales, sindicatos y cámaras empresarias continúan plasmándose en medidas concretas. Esta semana le tocó el turno al monotributo, ya que en el marco del tercer encuentro tripartito, Ricardo Echegaray anunció que se duplicarán a partir del 1º de septiembre los niveles de facturación que determinan las categorías, aunque sin alterarse el monto de las cuotas abonadas para cada una de ellas.
La medida alcanza a 2.250.338 personas que se encuentran inscriptas en el monotributo. A partir de ahora, el límite máximo para permanecer en el régimen y no pasar a tributar como autónomo, quedará en los $ 400 mil anuales para las actividades de servicios y en $ 600 mil para la venta de bienes muebles.
En este mismo contexto, la superintendenta de Seguros de la Salud dio a conocer la creación de dos nuevas herramientas destinadas a profundizar los alcances del Fondo Solidario de Redistribución, que forma parte del corazón del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Por un lado, se decidió destinar $ 420 millones para la creación del programa SUMA 70, para subsidiar a las obras sociales que atiendan a jubilados. Por el otro, se creó un instrumento para incentivar a las obras sociales que presten cobertura efectiva a monotributistas, monotributistas sociales, agropecuarios y trabajadores de casas particulares, lo que implica un subsidio de $ 890 millones anuales, el que se distribuirá de forma automática y proporcionalmente a la cantidad de afiliados.
También se incrementó en un 20% el monto del Subsidio de Mitigación de Asimetrías, que compensa a las obras sociales más pequeñas. En conjunto, el impacto anual de estas medidas alcanza los $ 1900 millones y representa un importante aporte para seguir garantizando y perfeccionando el funcionamiento de un Sistema Nacional del Seguro de Salud basado en los principios de la solidaridad.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 15 de septiembre de 2013.