Los principios de la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina siguen tan intactos como desde el día de la sanción de la Ley 26.741, que además de la nacionalización de YPF, posee un propósito más amplio que es declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización. El Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, creado por el decreto 929 conocido el martes pasado, debe entenderse dentro del régimen creado por la ley 26.741, que menciona como principios de la política hidrocarburífera argentina, entre otros, «la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales», así como «la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo». Esto es lo que se persigue con el régimen de promoción y el acuerdo entre YPF y Chevron, lo cual evidencia las absurdas críticas de la oposición sobre un supuesto giro inesperado en las políticas, o una hipotética renuncia a los principios.
El régimen de promoción parte del objetivo prioritario de Argentina de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos y a partir de ello establece beneficios para quienes realicen una inversión directa de más de mil millones de dólares durante los primeros cinco años del proyecto. Permite a los inversores, en la medida que haya autoabastecimiento y luego de los cinco años de iniciado el proyecto, exportar el 20% de la producción sin retenciones y pudiendo dejar el total de las divisas exportadas en el exterior. Si bien a primera vista parece una pérdida de divisas de magnitud, deben considerarse las divisas que se ahorran por no tener que importar el 80% de la nueva producción de estos emprendimientos que se destinará al mercado interno. Producción que además se abonará en pesos al precio doméstico, en el cual ya están descontadas las retenciones generales aplicadas a los hidrocarburos.
Desde la década menemista, y hasta mediados de 2011, las exportaciones de hidrocarburos estaban autorizadas a dejar el 70% de las divisas en el exterior, a cambio de nada. Para recibir los beneficios del Decreto 929/13 se deberá «cumplir con los planes de inversión y desarrollo de reservorios comprometidos en sus respectivos Proyectos» (art. 5º).
Por lo tanto, la promoción hidrocarburífera fomenta la mayor producción petrolera, para ir logrando el autoabastecimiento, con condiciones estrictas de cumplimiento para las nuevas inversiones que obtengan los beneficios. Estas inversiones directas, en el marco de la Ley 26.741 y el Decreto 929/13, no sólo aportarán las ingentes divisas que requieren los proyectos de explotación, sino que además traerán tecnología para la extracción del petróleo.
El acuerdo con Chevron es importante porque permitirá desarrollar los recursos del reservorio Vaca Muerta, pero más aún lo es por la decisión de una gran empresa del rubro de invertir junto con YPF para la explotación de recursos en territorio argentino. Algo que muchos agoreros vaticinaban como imposible y que, una vez firmado el acuerdo, sólo atinaron a desinformar aduciendo que se reemplazó a Repsol por Chevron. Un juicio totalmente errado es comparar la pertenencia absoluta de YPF hacia Repsol –que la descapitalizó y la llevó a la comprometida situación ya conocida– con un acuerdo por el cual YPF y Chevron se asocian al 50% cada una para un proyecto concreto; según Axel Kicillof, la multinacional «pone el capital inicial, YPF pone el trabajo y también va a operar el área, va a aprender a sacar recursos de la mano de una empresa norteamericana que tiene experiencia en extracción de (hidrocarburos) no convencionales» (Ambitoweb, 18.07.13). Además, el acuerdo con Chevron en la cuenca denominada Enrique Mosconi abarca 395 km2 de los 12.000 km2 que posee YPF en Vaca Muerta. La reciente inversión por 1200 millones de dólares es para el desarrollo del piloto en 20 km2 donde YPF ya está extrayendo hidrocarburos. En la siguiente etapa, que requerirá la perforación de más de 1500 pozos adicionales y mayor financiamiento, se pretende alcanzar en 2017 una producción de 50 mil barriles de petróleo, aproximadamente un 7% de la producción total de crudo deArgentina, convirtiéndose en el principal activo productivo de YPF.
Las críticas de la derecha no se hicieron esperar. Federico Sturzenegger dijo que con esta decisión «se pone al país de rodillas» (El Argentino, 17.07.13); justo él, que propuso privatizar el Banco Nación (La Nación, 01.10.2000) y privatizar la recaudación (La Nación, 05.09.99). También Martín Redrado, funcionario designado por Carlos Menem al frente de la Comisión Nacional de Valores en 1991, habló de «poner al país de rodillas».
También se derribaron las previsiones de aquellos que decían que las inversiones extranjeras no acordarían con YPF. En el proceso de aprobación de la Ley 26.741, Federico Pinedo se preguntó: «¿Quién va a venir a invertir, si la Argentina viola absolutamente todos su acuerdos, tratados, leyes y contratos?» (La Prensa, 18.04.12), mientras que Alfonso Prat-Gay expresó que «el proyecto propone inversiones extranjeras, pero difícilmente éstas vengan mientras se haya intervenido una empresa sin aval judicial, … sin una indemnización previa». (La Nación, 04.05.12).
Esta semana, la calificadora Fitch tambiénconsideró «insuficiente» el programa de incentivos, cuestionando el ambiente regulatorio de la Argentina en materia de hidrocarburos. El mundo ideal para estas calificadoras es aquel en el cual los países ceden desinteresadamente sus recursos a la inversión extranjera, para que la misma obtenga suculentas ganancias.
El acuerdo con Chevron debe verse en perspectiva, a partir del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera, y también a partir de la gestión que se está obteniendo con YPF, que incrementó notablemente las inversiones en exploración con 51 pozos perforados en el último año, cifra que triplica el promedio de 18 pozos por año perforados entre 2007 y 2011.
Para que este proceso sea más positivo, pensando a futuro, quedan pendientes la discusión de una nueva Ley de Inversiones Extranjeras lo antes posible, que regule las condiciones de las inversiones en el país, y junto con este debate, la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión.
Por último, no puede pasarse por alto, aunque brevemente, la posibilidad de que el FMI realice una presentación ante la Corte Suprema de EEUU, solicitando la revisión del fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre. Lejos de constituir un acto de apoyo a las políticas económicas heterodoxas de nuestro país, las motivaciones del Fondo se relacionan con el impacto que tendría en el sistema financiero global una resolución favorable a los «buitres», al constituir un duro golpe para los procesos de reestructuración de deudas soberanas, y porque también genera una mayor incertidumbre financiera global, habida cuenta de que también se vería perjudicado el Banco de Nueva York, que debería retener los pagos de la deuda reestructurada, que se vienen haciendo en tiempo y forma.
Si la Corte Suprema de Estados Unidos aceptara tomar el caso, quedaría en suspenso la intervención de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que se ha mostrado «permeable» a los intereses de los «buitres». En resumen, podría tratarse de una buena noticia para Argentina.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 21 de julio de 2013.