El miércoles la Cámara de Diputados dio sanción a la ley sobre exteriorización voluntaria de activos financieros en el país y en el exterior, un hecho positivo que va a permitir fortalecer el proceso de inversiones en áreas clave que están destinadas a incrementar la producción y, por su alto efecto multiplicador, a defender y a generar nuevos empleos.
Al tratar ese tema, se ha hablado ampliamente de «blanqueo de capitales», una terminología que es cuestionable, ya que la exteriorización propuesta no es un blanqueo, es una amnistía fiscal, dado que sólo levanta las sanciones para la evasión tributaria, pero no da legitimación a las actividades ilegales, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, entre otras.
Esta definición se inscribe en un uso terminológico que no es nuevo; no se habla del dólar ilegal, sino del dólar «libre», como si la cotización oficial estuviera presa de algún artilugio mágico. También se utiliza el concepto de «cepo», un instrumento de tortura, para referirse a la política de administración de divisas y su manejo racional.
Un ejemplo claro es la referencia que realizó un diputado en el debate del miércoles pasado, que habló de «un Banco Central esclavo» para referirse a la reforma de 2012 de su Carta Orgánica, que transformó a un Banco Central que no tenía otra función que cuidar el valor de la moneda, en un organismo con la capacidad de orientar el crédito y fijar tasas de interés, entre otros. Conviene repasar qué implicaba esa «libertad» que algunos añoran; una autoridad monetaria libre de tener que responder a las políticas que emanaban de las decisiones de los gobiernos elegidos por la voluntad popular, pero preso de cumplir los mandatos de ajuste del FMI en Argentina, con los altos costos que todos conocemos.
De allí que evito hablar de blanqueo, porque la definición técnica es «exteriorización», que es incluso la utilizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En muchos casos, la palabra blanqueo ha sido utilizada para desmerecer el proyecto y calumniar a sus defensores. Incluso, se ha mencionado en un artículo de La Nación (14/05/13) que «el GAFI objetaría la ley por contradecir los principios antilavado» y que el organismo internacional ya objetó la exteriorización realizada en 2009 en nuestro país. Nada más alejado de la realidad.
A inicios de 2009, y a los pocos días de la aprobación de la Ley de Regularización Impositiva 26.476, el secretario del GAFI, Rick McDonald declaró: «creemos que la nueva ley no debilita las medidas contra el lavado de dinero que existen en la actualidad en Argentina» (BBC Mundo.com 27/02/09).
Además, el GAFI considera que «para facilitar la legalización de la situación de los contribuyentes respecto de fondos y otros activos que han sido no declarados o declarados incorrectamente, los países pueden introducir programas de exteriorización voluntaria de activos por una variedad de razones, incluyendo aumento de la recaudación de impuestos, incrementar el cumplimiento y la honestidad de la tributación y/o facilitar la repatriación de activos para cumplir determinados objetivos de política económica». (GAFI, octubre de 2012).
Esta orientación no sólo se evidencia en la gran cantidad de países que han aplicado amnistías fiscales en los últimos años, como Italia –en tres ocasiones–, Alemania, Bélgica, Grecia, México, Portugal, Rusia, Sudáfrica, Australia, España, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Hungría y Brasil. También se expresa en la enorme riqueza financiera oculta en paraísos fiscales en todo el mundo que, según estimaciones de la agencia de ayuda internacional Oxfam, alcanza los 18,5 billones de dólares, mientras que un tercio de esos fondos se encuentra en paraísos fiscales de Europa. Según Natalia Alonso, directora de la oficina de Oxfam en Bruselas, «si se gravara el dinero ‘privado’ que hoy se esconde en paraísos fiscales, se generarían ingresos que duplican lo necesario para acabar con la pobreza extrema en el mundo». Evidentemente, esas inmensas fortunas implican una profunda injusticia, y un gran drenaje de recursos de sus países de origen, y es lógico que se los quiera rescatar.
En este contexto hay que ubicar la ley que se acaba de votar, tendiente a generar las posibilidades y las condiciones para que una parte de ese dinero que ha salido de la Argentina –generado en nuestro país– pueda volver y ponerse al servicio de proyectos productivos, como son aquellos que tienen que ver con la energía, las obras de infraestructura o la construcción y el mercado inmobiliario.
UN PROYECTO POLÍTICO. En la fiesta multitudinaria y popular del 25 de Mayo, Cristina Fernández definió claramente la gestión de estos diez años cuando afirmó que «este no es un modelo económico: este es un proyecto político, con objetivos económicos, sociales y culturales», y en ese aspecto, manifestó la necesidad de empoderar a la sociedad a partir de una participación más activa en las políticas.
Parte de ese empoderamiento está vinculado con el Plan Mirar para Cuidar, que tiene como objetivo sumar a las organizaciones sociales al control de precios acordados en los comercios de todo el país. En esta primera etapa, el plan será puesto en marcha en 50 ciudades piloto, que representan 19 millones de personas, prácticamente el 50% de la población de nuestro país, y luego se extendería a otros puntos de la República, con una acción que será coordinada desde las intendencias.
Según la presidenta, «lo que se necesita son tres cosas fundamentales: primero, solidaridad para hacer algo por el otro y por uno mismo, pero por el otro también; segundo, voluntad; y tercero, alguien que organice y controle para que todo vaya bien». Para la última tarea se eligió a las intendencias para coordinar, dado que es la organización institucional más cercana a cada uno de los lugares de consumo. También informó de la amplia participación de organizaciones de consumidores, iglesias, centros de jubilados y juventudes políticas de distintas partes del país. Convocó además a los empresarios a participar del control de precios, dado que mantener el nivel de consumo redundará en beneficios para ese sector: «Este poder de compra termina beneficiando también al que vende», manifestó.
La idea del plan Mirar para Cuidar no puede desligarse del proceso de formación de precios, el cual fue definido claramente por Cristina: «los precios no los fijamos ni el gobierno, ni la Secretaría de Comercio, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los estudiantes; los fijan los comerciantes, los empresarios». Lo que hay que cuidar es el poder adquisitivo de la población, obtenido a través de las convenciones colectivas de trabajo, o de los aumentos que perciben los jubilados y los que recientemente se han aplicado a la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones familiares, para que ese mayor poder de consumo no se escabulla hacia las ganancias de los grandes formadores de precios.
Es un concepto realmente interesante, hay mucho por avanzar en este aspecto, lo esencial es el interés que muchos integrantes de la comunidad han expresado para defender sus derechos.
Para finalizar, resultan adecuadas las palabras de la presidenta: «organización, unidad, solidaridad y empoderamiento» son los términos que definirán el futuro de la Patria. «Tenemos que saber por qué vamos y por qué van ellos. Ellos van por todas las conquistas sociales de todos estos años.» Una buena síntesis de lo que tratan de instalar aquellos que hablan del «fin del modelo», y que anhelan una vuelta de página del proyecto político actual.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 2 de junio de 2013.