Contra los buitres financieros y una situación muy alejada de las épocas de hiperinflación.
El relator especial sobre Deuda Externa y Derechos Humanos de Naciones Unidas, Cephas Lumina, expresó que «los acuerdos de préstamo deberían imponer claras restricciones sobre la venta o la asignación de deuda a terceras partes», instando a los gobiernos de todo el mundo a no permitir a acreedores que previamente han rechazado participar en una reestructuración de deuda (los fondos buitre) a adquirir nueva deuda de compañías o Estados en el mercado secundario, ya que esto puede paralizar el alivio de la deuda.
Cabe destacar también el escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Manhattan por el propio gobierno estadounidense, solicitando que se considere el pedido argentino, hecho que no sólo indica la solidez de las presentaciones realizadas por nuestro país, sino que muestra lo insostenible del fallo de Griesa. La razón esgrimida por el gobierno estadounidense es que el fallo «puede afectar de forma adversa reestructuraciones de deuda soberana futuras», sosteniendo además que «la interpretación de esta cláusula (de pari passu) es contraria a la política económica de Estados Unidos e inconsistente con la compresión de esta provisión establecida por el mercado». Queda claro que la presentación se realiza por razones distintas a las de nuestro país, pero ayuda a la posición argentina.
La noticia más importante sobre la deuda es que el viernes pasado se ordenó y comenzó a instrumentar el pago de los cupones PIB por 3520 millones de dólares, un testimonio contundente de que se sigue cumpliendo con los acreedores y en los términos de la deuda reestructurada a partir de 2005. Resulta interesante analizar los comentarios del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien expresó que los cupones no se pagarán con la «maquinita de la deuda». En comparación con la crítica de los liberales a la maquinita referida a la emisión monetaria, desde una postura heterodoxa puede decirse que el principal problema del cual hay que cuidarse es la maquinita de la deuda, especialmente en un mercado privado que para Argentina pide altísimas tasas de interés.
El exitoso proceso de desendeudamiento que se viene llevando a cabo no impide tomar deuda externa que resulta conveniente para el país, como lo es el recientemente otorgado préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 6000 millones de dólares, destinado a aliviar las restricciones al crecimiento, mejorar la inclusión social y productiva de la población, la sostenibilidad urbana y el mejoramiento del hábitat.
El proceso de aprobación del crédito no fue llano, dado que se opusieron al otorgamiento Estados Unidos, Alemania y España. Surge la pregunta sobre las razones de la participación de estos últimos, dado que es un banco interamericano; sin embargo, el capital del BID está integrado por 48 países, de los cuales sólo 26 son latinos y destinatarios de los préstamos. Estos tienen el 50,015% del capital y los votos, mientras que Estados Unidos posee el 30 por ciento.
Pero el BID se financia con diversas fuentes, y el capital es pequeño en relación con esas fuentes. Comparado con los 76.000 millones de dólares de créditos otorgados y por otorgar, el banco posee un capital de 171 millones de dólares.
Es decir que con un aporte de cerca de 51 millones de dólares, Estados Unidos tiene casi un tercio del voto sobre el destino de 76.000 millones de dólares para financiar el desarrollo de América Latina, un claro ejemplo de lo que suele definirse como imperialismo.
Estas relaciones sostienen la necesidad, expresada recientemente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de crear nuevas organizaciones multilaterales, integradas por y para los países de la región.
LA HÍPER YA NO ASUSTA. En la semana, el líder del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner, presentó en Rosario su plataforma política con ideas para los próximos 20 años: «Tenemos un problema en la economía que, si no lo detienen, vamos rumbo a la hiperinflación y con estancamiento, es decir, una estanflación, ya lo vivimos, y no queremos eso» (Ámbito Financiero, 12 de diciembre de 2012). Estas definiciones apocalípticas no tienen ningún fundamento económico, político o social.
La hiperinflación se produjo en un momento muy particular de la economía argentina, donde había grandes desequilibrios macroeconómicos y, entre otros detonantes, dos variables principales que determinaban ese fenómeno. Por un lado, un total descontrol del mercado cambiario, que era un «escenario de disputa entre el sector económico y los sectores populares», como lo definió Mercedes Marcó del Pont (Página/12, 13 de diciembre de 2012) y, por el otro, una deuda externa de tal magnitud, bajo los planes de ajuste del FMI, que llevaba al país a estar saltando continuamente de la sartén al fuego y de este de vuelta a la sartén.
La situación es hoy totalmente distinta. Las regulaciones sobre la compra y venta de divisas permitieron un mayor control de los flujos de divisas, que a partir del inicio de la crisis mundial (septiembre de 2007) comenzaron a evidenciar una alta volatilidad, con episodios de fuertes compras de billetes de dólar por parte de los agentes económicos. Según el Balance Cambiario, durante los últimos cinco años la salida de capitales privados superó los 79.000 millones de dólares; en el último trimestre de este año, con las regulaciones, no hubo salida.
Con respecto a la inflación, Marcó del Pont comentó que «no hay riesgos de espiralización», ubicando sus causas no en la emisión de dinero o en la demanda, sino en la oferta; más específicamente, se refiere a que «es necesario desconcentrar y abordar comportamientos de la oferta con políticas territoriales que generen alternativas para el abastecimiento y, para eso, es necesaria la intervención del sector público». En ese aspecto, puede interpretarse como la necesidad de desarmar un elemento importante que posibilita la «puja distributiva» a favor de los formadores de precios; a mi parecer, el principal factor que presiona a la suba de precios.
El exitoso canje de la deuda externa en 2005 y 2010 también desactivó el mecanismo perverso que sometía a la economía argentina. El viernes, la presidenta Cristina Fernández comentó que se logró una reducción cercana a los 80.000 millones de dólares, y lo comparó con los más de 18.000 millones destinados a escuelas, 22.000 millones a la Asignación Universal por Hijo y 36.000 millones a viviendas.
Hoy, la deuda pública en moneda extranjera con privados alcanza al 9,1% del PIB, debiéndose mencionar, además, que con la reestructuración se ha obtenido un ahorro en pago de intereses del 1% del PIB en cada año desde 2005 a 2010.
Una demostración de que está retornando la confianza de los ciudadanos en la moneda argentina es la masiva suscripción de obligaciones negociables de YPF para inversores minoristas, con vencimiento a un año, que se tuvo que ampliar de 50 millones de pesos a 150 millones de pesos, y probablemente se extienda las próximas semanas. Creo que la respuesta positiva también tiene que ver con el entusiasmo que hay en grandes sectores de la sociedad por esta recuperación de YPF como empresa de bandera argentina, que desean participar de ese proceso, en este caso como inversores.
Podemos decir que, a pesar de algunos vaticinios anacrónicos, cuyas ideas pueden ser fácilmente rebatidas, la semana ha prodigado muy buenas noticias para la economía argentina, con un avance significativo en el conflicto de nuestro país con los fondos buitre, incluida la liberación de la Fragata Libertad, una decisión que también indica que los distintos procesos terminan avalando la lógica del manejo de la deuda pública Argentina.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino. Domingo 16 de diciembre de 2012.