Es totalmente justificable que el gobierno restrinja la compra de divisas para atesoramiento. Significa sostener el interés de todos por encima del de aquellos pocos que pueden ahorrar en dólares o especulan.
El miércoles pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció varios cambios y avances en la gestión de su gobierno, e inició su discurso haciendo alusión a lo imperioso que resulta sostener las políticas fuertemente contracíclicas, o aun acentuarlas, dada la evolución de la economía mundial. Hagamos una recorrida por los últimos datos del mundo:
-España: a esta altura el salvataje europeo para la banca española parece inevitable, lo que generará mayores condicionamientos. La reestructuración bancaria oscila entre los 60 mil y 100 mil millones de euros, una magnitud considerable.
-Alemania: en abril retrocedieron sus exportaciones y la producción industrial descendió un 2,2 por ciento.
-Francia: reportó un crecimiento nulo en el primer trimestre.
-Brasil: su ministro de Hacienda admitió que la inversión privada decayó en ese país por temor a la crisis global. Los datos anticipan que se crecerá 2,7% este año.
-China: la rebaja de la tasa de interés de esta semana, la primera desde 2008-2009, es un reconocimiento de la necesidad de estimular la actividad interna que viene decayendo, aunque crece a tasas anuales del 8 por ciento.
-India: mostró una tasa de crecimiento en el primer trimestre del 5,3% interanual, la más baja de los últimos nueve años.
Ante el entorno descripto, es lógico y necesario que el gobierno tenga un adecuado manejo de las operaciones cambiarias y del mantenimiento del alto nivel de reservas internacionales. En ese contexto, es totalmente justificable que el gobierno restrinja la compra de divisas para atesoramiento, siendo un bien que en la actual situación resulta escaso. Significa sostener el interés de todos por encima del de aquellos pocos que pueden ahorrar en dólares o especulan. También es conveniente frenar el crecimiento del mercado ilegal de divisas, el nombre correcto para el mercado paralelo, como hemos destacado en esta columna el 20 de mayo de 2012.
Los que proponen liberalizar los mercados, o no se dan cuenta que en el mundo algo cambió, o defienden intereses particulares; lo último pareciera ser lo más factible. Paralelamente, la compra de dólares para usos determinados se viene realizando fluidamente, con medidas de mayor transparencia; es así que están todos los dólares disponibles para las importaciones con licencia aprobada, para las operaciones de créditos hipotecarios para la compra de viviendas, y también para el turismo.
Respecto a la normativa de turismo, expresamos también en esta columna que era una medida positiva y que llevaría a que los usuarios compren los paquetes en pesos al tipo de cambio oficial (03.06.12). En El Cronista del pasado viernes, se citan declaraciones de autoridades de la Cámara Argentina de Turismo, que dicen que “desde que el formulario del ente recaudador fue estrenado la semana pasada, el 90% de las operaciones de compra de divisas para viajar están siendo validadas…”, para aclarar que “el 10% restante se trata de personas que no tienen código fiscal o que, directamente, tienen todos sus ingresos en negro”. El mismo día, La Nación cita a varios representantes de la industria turística que hablan de los beneficios de la citada resolución 3333.
Sin embargo, al conocerse las medidas, El Cronista informó en la tapa: “Dicen que los requisitos que comienzan a regir hoy para los viajeros que deban comprar moneda extranjera provocan temor y llevan a la cancelación de viajes” (29.05.12); por su parte, el título principal de la portada de La Nación del mismo día fue “Confusión y nervios por las nuevas normas para viajar”.
En este clima adverso, la decisión de la presidenta de pasar su plazo fijo en dólares a uno en pesos tiene un gran contenido simbólico que expresa la decisión del gobierno de que no habrá ninguna política de shock, y que el Banco Central va a seguir manejando el dólar como hasta ahora, sin sobresaltos. Creo que es un acto personal de la presidenta destinado a transmitirle confianza al conjunto de la sociedad y salir al cruce de los devaluacionistas; de allí su importancia.
MÁS ANUNCIOS POSITIVOS. Se tomaron medidas a favor de la industria nacional de bienes de capital, que incluyen el alza de aranceles a los bienes importados, a la vez que se anunció que se extiende el bono fiscal hasta el 31 de diciembre. El bono es un crédito fiscal del 14% que se aplica a los bienes de capital, y se originó en tiempos de Domingo Cavallo como ministro de De la Rúa, con el objetivo, según el decreto 379/01, de promover la fabricación nacional de bienes de capital; supuestamente, el crédito fiscal les permitía competir con los importados que ingresaban con arancel cero. Considero que el actual régimen prorrogado el miércoles pasado es superador del anterior, que rigió por algo más de diez años.
En principio, las recientes medidas diferencian entre importaciones extrazona de bienes de capital que compiten con los producidos localmente –fijándoles un arancel del 14%– y los bienes de capital no producidos en el país –a los que se les adjudica un arancel del 2%– que no desincentivan la inversión productiva. Otro contraste de las disposiciones actuales es que se exigirá una contraprestación a los empresarios que reciban los beneficios, entre ellas que no reduzcan la plantilla de personal respecto a diciembre pasado, que los recursos recibidos se dediquen efectivamente a la inversión, y que el beneficio de la protección no se derive en aumentos de precios ante la menor competencia del bien importado.
La novedad, que habrá que analizar con más detalle en su implementación, es la publicación en Internet de las empresas receptoras de los beneficios, para que los interesados puedan controlar que la empresa cumple con los compromisos asumidos.
Un enfoque interesante que puede realizarse es buscar el origen ideológico de las diferencias entre el viejo y el nuevo régimen de beneficios. El esquema ideado por Cavallo se rige por el principio neoliberal de estímulos diseñados para que no afecten el libre desarrollo de los mercados. En cambio, el actual diseño diferencia claramente entre productos importados que compiten con los nacionales, respecto de los que no compiten, e implica políticas activas e involucramiento del Estado en la adopción de políticas contracíclicas y la promoción de la industria nacional.
MEJORANDO LA GESTIÓN. Se creó el Ministerio del Interior y Transporte, y se anunció la constitución de “un organismo de transporte del área metropolitana” que reunirá al gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la CABA. Considero que es una decisión altamente positiva, ya que en la campaña electoral 2007, el Plan de Gobierno que formulamos junto a Daniel Filmus incorporaba la decisión de crear, junto a la Nación y la Provincia de Buenos Aires, un Ente Tripartito de Transporte Metropolitano, para planificar un nuevo modelo de transporte y controlar eficazmente a las empresas prestatarias. El Ente permitiría coordinar acciones para mejorar el transporte, incluyendo la implementación de un sistema de tarifa integrada entre los distintos modos de transporte público; la organización del sistema de transporte con la articulación de capital público y privado; y la promoción de tecnologías poco contaminantes ambiental y acústicamente. Creo que son ideas válidas para los objetivos de este nuevo ente, que acaba de tener su primera reunión entre Florencio Randazzo, Daniel Scioli y Mauricio Macri.
En el listado de mejoras, debe mencionarse el plan quinquenal presentado por YPF, que implica redefinir el ADN de YPF con un fuerte sentido nacional, una compañía que acompañe al país desde el punto de vista energético y con una gestión profesional, como lo definió el titular de YPF, Miguel Galuccio, quien explicó que “a un mes de gestión, la visión estratégica de YPF será la de liderar el cambio del paradigma energético de la Argentina. Pasar de ser un país importador a ser un país exportador y que YPF sea líder en gas no convencional de América Latina”. El plan requiere ampliar la producción en un 40% respecto del plan original, y este año se estarán explorando 746 pozos, cantidad que llegará a los 1000 en 2013, según afirmó Galuccio, quien además confirmó que es un nivel que no se registra desde 1996.
Estas acciones abren la puerta para avizorar un futuro autoabastecimiento energético, una tarea que no es sencilla, pero sería impensable si no se hubiera nacionalizado YPF.
Podemos seguir listando acciones de fomento, como la ampliación de una nueva línea de crédito del Bicentenario por otros 8000 millones de pesos a un costo financiero total de hasta el 9,9% anual, destinada principalmente a la sustitución de importaciones. Todas estas medidas nos muestran un Estado activo dispuesto a diseñar políticas contracíclicas y de fomento para encarar el principal problema que enfrenta la economía argentina: una situación mundial adversa y los intereses de aquellos que desean volver a la Argentina de los noventa.