Resulta difícil abstraerse del tema YPF, pues constituye un punto de inflexión en la historia argentina. Esta consideración fue el eje de mi presentación, el lunes pasado, del libro de mi autoría La Argentina actual y los desafíos para el cambio. La aparición del libro se realiza en un momento maravilloso, en medio de un proceso de profundos cambios, que están llenos de tensiones; pero no podía ser de otra manera, puesto que los conservadores, es decir la derecha, no aceptan pasivamente el cambio. Puede aseverarse que la crispación que aparece en estos momentos no es de quienes proponemos los cambios y trabajamos para ellos, sino de quienes, utilizando todos los recursos, se oponen de las formas más arteras a que esos cambios puedan llevarse a cabo.
Esta nacionalización de YPF no hubiera sido posible si no hubiese existido en 2005 el No al ALCA, y no es difícil imaginar dónde estaría hoy nuestro país si eso no hubiera pasado. La nacionalización de estos días también es tributaria del valor que tuvo el gobierno para enfrentar la negociación de la deuda externa, una pesada cadena de dependencia de la que años atrás ni siquiera hubiéramos imaginado librarnos; o del pago total al FMI, otra pesada cadena de condicionamientos que se rompió.
También podemos mencionar la reestatización de Aerolíneas Argentinas, la implementación de la Asignación Universal por Hijo y para las embarazadas y los fuertes aumentos en la cantidad de jubilados, así como en sus haberes.
Contribuye a las fortalezas de este momento el haber ganado otras batallas ideológicas, como lo fue la eliminación de las AFJP y la implementación del Fondo de Desendeudamiento, que sufrieron furiosos embates de la derecha preanunciando todo tipo de catástrofes y que la realidad demostró que fueron medidas eficientes y justas. En el mismo camino aparece la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.
Sin haber transitado por estas transformaciones significativas, y sin la fuerza del 54% de los votos y el apoyo popular, no hubiera sido posible este proceso de nacionalización de YPF que recién se está iniciando y que abre grandes esperanzas.
No menos importante es, junto con el fortalecimiento del papel del Estado, la vuelta a la planificación, a través de los Planes Estratégicos Industrial, Agropecuario y Agroalimentario 2020.
Sin duda se ha avanzado mucho, se han logrado cambios impensables en los aciagos días de 2002, pero aún falta mucho más por caminar, para profundizar y mejorar este modelo, una cuestión indispensable para que mantenga las características que lo definen.
Puede pensarse la profundización del modelo como un proceso orientado a desarmar la legislación heredada de la dictadura y de la década de los ’90, que instauró el más acendrado ideario neoliberal, otorgando al mercado gran discrecionalidad y generando desamparo en los trabajadores y consumidores.
Hay que avanzar en mayores regulaciones para las inversiones extranjeras mediante dos vías, hay que pensar en tener una nueva Ley de Inversiones Extranjeras, así como desactivar los Tratados Bilaterales de Inversión, temas que dificultan el camino hoy encarado de nacionalización de YPF. La actual Ley de Inversiones Extranjeras, la 21.382, es el ejemplo de la total desregulación, gestada en 1976 a escasos meses de la instalación de la dictadura genocida y que ha sido, junto con la Ley de Entidades Financieras, los cimientos legales que han abierto las puertas a la desregulación de los capitales y la desnacionalización de la economía.
También deben denunciarse, para que comiencen a caducar, los más de 50 Tratados Bilaterales de Inversión, la mayoría de ellos firmados en los años noventa, y que impiden hacer diferencias entre las inversiones nacionales y las extranjeras, un tema propio del Consenso de Washington y que beneficia injustamente a los capitales externos.
Aún resta la derogación de la Ley de Entidades Financieras de la dictadura, para ser remplazada por una ley de la democracia que consagre a la actividad financiera como un servicio público, y oriente el crédito a partir de los importantes cambios realizados recientemente en la Carta Orgánica del BCRA.
De la misma forma que se está avanzando en la reforma del Código Penal y del Código Civil, otro de los grandes cambios históricos que está imprimiendo este gobierno y quienes lo apoyamos, hay que encarar la reforma impositiva de una vez por todas y de manera integral.
Una reforma fiscal que establezca un sistema impositivo coherente, que fomente la producción y mejore la distribución del ingreso.
En este sentido, hay que gravar las ganancias provenientes de la renta financiera, cuidando de no alcanzar a los pequeños y medianos ahorristas en el sistema financiero; las ganancias empresariales deben centrarse en cabeza de las personas que las reciben más que en las empresas como sucede hoy día, lo que permite a muchos accionistas eludir impuestos.
Hay que volver a un IVA con una menor tasa y que tenga el efecto redistribuidor con el que fue diseñado originalmente, exceptuando del gravamen a los alimentos, los medicamentos y los insumos escolares, entre otros.
El nuevo rediseño impositivo requiere de la participación activa del gobierno, así como un amplio debate en la sociedad y en el Parlamento.
La tasa de desocupación ha ido cayendo en forma continua, llegando al 6,7% al finalizar 2011. No obstante, los niveles de subocupación se mantuvieron prácticamente inalterados en el mismo período, con una tasa del 8,5%, de los cuales un 5,9% se considera “demandante”, es decir, que las personas afectadas desearían trabajar más horas. Esto es un fiel reflejo de la aún elevada proporción de trabajadores no registrados que llega al 34,2% de la población empleada, una tasa que habrá que ir disminuyendo sostenidamente, brindando a las pymes herramientas de fomento para que formalicen a sus trabajadores.
Si bien se ha reducido significativamente la pobreza y la indigencia, el único nivel aceptable de estos indicadores es cero. En lo inmediato, habría que establecer un ajuste periódico en el monto de la Asignación Universal, con una fórmula muy cercana a la que se aplica a los jubilados.
Un tema importante es la promoción de la economía social. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, destacando su contribución al desarrollo socioeconómico, y reconociendo en particular su impacto sobre la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la integración social.
Las cooperativas tienen un auspicioso futuro para su desarrollo en la economía argentina, pero, para que ello se concrete, necesitan políticas de estímulo que reconozcan la característica diferencial de la actividad no lucrativa, que fomenten la inversión, que auspicien la reinversión de utilidades, que reconozcan la especial característica de servicios y producciones locales de las cooperativas. También se deben eliminar regulaciones que tratan a las cooperativas con la misma vara que a las empresas oligopólicas; la Ley de Medios Audiovisuales es un ejemplo de cómo regular y establecer diferencias positivas para las empresas solidarias. Quedan en el tintero una gran cantidad de logros alcanzados y futuros cambios políticos y sociales que, por la limitación del espacio y por ser esta una columna de economía, no han sido considerados.
Esta nota fue publicada en Tiempo Argentino el 29.04.2012