El Presupuesto Nacional es una
herramienta fundamental para la gestión del Estado, puesto que en él se plasman las líneas generales de la política económica para el año siguiente, y los recursos y gastos que esas políticas demandarán, como así también el resultado fiscal y las fuentes y aplicaciones financieras.
Por ello, es una ley eminentemente política, pues permite plasmar un plan de gobierno, y los complejos cuadros de asignaciones presupuestarias son sólo la herramienta para cumplir con este plan. La Constitución Nacional define claramente las responsabilidades que le caben al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para la confección del Presupuesto. Según el articulo 75, inciso 8, le corresponde al Congreso “Fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”.
Es decir, respetar el programa general del Gobierno y hacer las modificaciones necesarias para que los gastos y recursos cumplan con el programa del Ejecutivo. Esta cuestión, que es esencial, sin embargo ha sido avasallada en el tratamiento del Presupuesto 2011, cuando el denominado “Grupo A” presentó su propio proyecto de Presupuesto, con una orientación significativamente distinta a la decidida por el Gobierno elegido por el pueblo. De hecho, bajo esta errada visión, el “Grupo A” no permitió que se aprobara el Presupuesto, disminuyendo la calidad institucional, un valor que decía defender.
Resulta importante destacar las observaciones realizadas por el ministro de Economía en la presentación del Presupuesto en el Congreso de la Nación el 28 de setiembre, en cuanto que la aprobación del Presupuesto “… da certidumbre a los argentinos porque se avanza con el crecimiento, con la igualdad social, con la sustitución de importaciones y con la defensa del trabajo”.
De hecho, la confección de las cifras parte de los supuestos macroeconómicos que se elaboran para los años venideros, como el crecimiento del producto, el consumo, la inversión, las exportaciones y las importaciones, los niveles de tipo de cambio e inflación esperados, entre los ítems más importantes. Estas proyecciones son un adelanto de las políticas que se intentan implementar y sus resultados económicos.
La orientación política del Presupuesto aparece en varios temas, primero definiendo una tasa de crecimiento muy buena, del 5,1 por ciento, pero austera teniendo en cuenta el crecimiento de los años anteriores y los eventuales impactos de la crisis internacional.
Luego se muestra en las distintas partidas que permiten reforzar la inclusión social y la igualdad de acceso a los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo con la asignación por hijo y por embarazo, el acceso a vacunas gratuitas (16 habrá el año que viene de las 6 que había en 2003). También en incrementar la igualdad de oportunidades, por ejemplo mediante el desarrollo de la educación, cuyo gasto llegará al 6,47 por ciento del PBI, cuando en 2003 apenas alcanzaba el 2,2 por ciento.
A su vez, son decisiones políticas las inversiones en infraestructura y la recuperación de actividades privatizadas, como también los fondos dedicados a ciencia y tecnología, cuestiones que derivan en una mejor productividad a futuro.
Los contenidos políticos están en las orientaciones y guías que se expresan en el mensaje de remisión: “Durante el ejercicio 2012 las prioridades en las políticas públicas estarán dirigidas a seguir generando las condiciones necesarias para lograr el desarrollo económico con inclusión social, dando continuidad al actual modelo económico de crecimiento con equidad”. De la misma forma, al definir las prioridades de los gastos, se establece que “el objetivo de inversión en el área social continuará siendo uno de los pilares fundamentales de la gestión del Gobierno. Se profundizarán las políticas de inclusión y desarrollo comunitario de la población más desprotegida de la sociedad, impulsadas y articuladas desde un Estado activo que concibe a los derechos de las personas como sujetos centrales en los procesos de acción colectiva”.
Sin duda, éstas son políticas diametralmente opuestas a las que se aplicaron en los noventa; y de allí que desde el Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario apoyamos este rumbo y bregamos para que se profundice. Otra de las cuestiones que marcan la gran diferencia con los noventa y con lo que proponen hoy día muchos economistas del establishment, es que es un Presupuesto del No Ajuste, y que las dificultades se encararán con mayor producción y mejores políticas estatales.
Para el año 2012, se espera un crecimiento del PBI del 5,1 por ciento, generado por un alza en el consumo del 4,7 por ciento y un incremento de la inversión del 7,9 por ciento, cifras bastante inferiores a las de este año. Con relación a los volúmenes de exportaciones, se espera que aumenten un 8,8 por ciento, mientras que, con un supuesto audaz, las importaciones avanzarían sólo un 8,1 por ciento, monto que se podrá alcanzar con un fuerte control del ingreso de importaciones y políticas de fomento a la sustitución de importaciones, objetivos que fueron específicamente expuestos por el ministro de Economía en la presentación del Presupuesto en Diputados.
Completan las proyecciones macroeconómicas para el año venidero un aumento promedio de precios al consumidor del 9,2 por ciento anual y un tipo de cambio promedio de 4,40 pesos por dólar. Las exportaciones medidas en dólares corrientes alcanzarían los 90.833 millones y las importaciones, los 82.254 millones, generando un saldo comercial positivo de 8.579 millones de dólares, similar el de 2010.
También se integran 5.674 millones de dólares para el Fondo del Desendeudamiento, destinado a la cancelación de servicios de la deuda pública con tenedores privados correspondientes a 2012. Los recursos tributarios corrientes crecerán un 23,1 por ciento, mientras que los gastos corrientes lo harán en un 18,8 por ciento, generando un superávit primario de 46.254 millones de pesos y un resultado financiero positivo por 1.446 millones.
Dentro de los gastos, se destaca el aumento de las prestaciones a la seguridad social, que crecen el 22,1 por ciento, y el incremento de los intereses de deuda pública por el 24 por ciento, originado principalmente en los pagos del cupón PBI.
Analizando los ingresos, aparecen dos ítems correspondientes a las utilidades del Banco Central estimadas en 9.000 millones de pesos, y las provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, gerenciado por la Anses, por 10.400 millones. Estos dos ítems significan menos del 4 por ciento de los ingresos corrientes totales, pero son objeto de acérrimas críticas de los diputados de la oposición. Hay que dejar bien establecido que las rentas de ambas entidades constituyen una percepción totalmente legítima por parte del Gobierno; en el caso del Banco Central, los que se rasgan las vestiduras porque éste remite sus utilidades a la administración nacional, deberían tener en cuenta que la Reserva Federal tiene por norma enviar todos los años la totalidad de utilidades al Tesoro de Estados Unidos, neteando los costos de operaciones, pago de dividendos y otros ítems regulatorios. De esa forma, a inicios de este año envió 76,2 miles de millones de dólares, un importe muy superior a los 53,4 miles de milllones del año anterior. En el caso del FGS, el envío de utilidades no impidió que la cartera del Fondo creciera el 27 por ciento en el último año, según cifras al 30 de junio de 2011.
Si bien compartimos las premisas de este Presupuesto, pueden mejorarse algunas cuestiones, como por ejemplo, debatir las razones por las cuales la Asignación Universal por Hijo crece un 16,4 por ciento, un ritmo inferior al resto de los gastos en Seguridad Social que aumentan el 20,7 por ciento, y si el monto individual de la AUH es el adecuado.
Otra cuestión que habrá que estudiar son los subsidios a las empresas privadas para la reducción de tarifas, que crecen sólo el 8,2 por ciento; es un ítem muy importante, y si bien estamos de acuerdo en que debe ir reduciéndose, segmentando progresivamente, dejando de subsidiar a los hogares de renta media alta, y subsidiando a las clases de menores ingresos. Son cuestiones para debatir con los funcionarios y los diputados en el proceso de discusión del Presupuesto.
También está la necesidad de que aparezcan en la ley de Presupuesto, como lo estaba el año pasado, los aumentos de los mínimos no imponibles de ganancias de 2010, 2011 y ahora 2012, para lo cual se requiere una ley, y creo que incorporar este ítem en la ley de presupuesto sería ideal. Puede que el Gobierno lo presente en una ley aparte, son todas cuestiones a discutir.
En definitiva, creo se va a terminar avalando este Presupuesto, y espero que se realicen modificaciones que lo mejoren, manteniendo su espíritu, que permite continuar con el modelo económico que tantos beneficios dio, y pensar en profundizarlo.
Esta nota fue publicada en la Revista Debate el día 14.10.2011