Fecha de ingreso: 15.04.2010
Estado: aprobado el 09.06.2010
Firmantes: Sabbatella, Martin – Nuevo Encuentro Popular y Solidario Buenos Aires; Ibarra, Vilma Lidia – Nuevo Encuentro Popular y Solidario Ciudad De Buenos Aires; Heller, Carlos Salomon – Nuevo Encuentro Popular y Solidario Ciudad De Buenos Aires; Basteiro, Sergio Ariel – Nuevo Encuentro Popular y Solidario Buenos Aires; Rivas, Jorge – Nuevo Encuentro Popular y Solidario Buenos Aires
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La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Declarar de Interés de esta Honorable Cámara la creación del primer Registro Nacional de Casos de Tortura a personas privadas de libertad; iniciativa compartida por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria Nacional y el Grupo de Estudios en Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Registro Nacional de Casos de Tortura a personas privadas de libertad se crea con el objetivo de sistematizar y poner en conocimiento del público información certera y precisa sobre el ejercicio de la tortura a las personas privadas de su libertad.
Las bases de este registro se asientan en los acuerdos firmados por sus tres instituciones partes a fin de compartir sus datos. La Procuración Penitenciaria Nacional tiene injerencia en la supervisión de las cárceles y las instituciones federales, el Comité Contra la Tortura, que funciona dentro de la Comisión por la Memoria, tiene injerencia en comisarías y cárceles bonaerenses. El Grupo de Estudios en Sistema Penal y Derechos Humanos que funciona dentro del ámbito del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Sociales de la UBA, es un grupo de investigadores que trabaja sobre el funcionamiento del sistema penal y sus agencias, y la vulneración y/o respeto de los derechos humanos de las personas detenidas, y tanto la Procuración como la Comisión por la Memoria han buscado sistematizar la información referida a malos tratos y torturas, generando bases de datos propias, que permiten monitorear y dimensionar el fenómeno del despliegue de la violencia estatal sobre las personas privadas de libertad o bajo contacto con las fuerzas de seguridad. Esta tarea se impone como prioritaria en tanto el Estado no produce registros que puedan dar cuenta de este fenómeno.
La creación del registro nacional se instrumenta mediante un acuerdo de cooperación específico, encuadrado en el convenio general ya existente entre las referidas instituciones. Se prevé también la posibilidad de firmar acuerdos de cooperación con otros organismos e instituciones que puedan realizar aportes complementarios de información.
Este es un paso sustancial para la conformación del Registro Nacional de casos de Tortura adeudado por la Argentina en base a las Recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU. A pesar de las reiteradas recomendaciones ese comité (informes de los años 1997 y 2004) la Argentina no ha creado todavía un registro nacional de casos de tortura.
El Comité contra la Tortura es el órgano internacional que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por sus Estados Partes.
Nuestro país firmó en 1968 su adhesión a la convención, lo ratificó por ley en 1986 y le otorgó jerarquía constitucional en 1994. A su vez, a través de la Ley 25.932 Argentina aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado en Nueva York, Estados Unidos de América, el 18 de diciembre de 2002.
Según datos arrojados por las investigaciones del Comité contra la Tortura, en las cárceles provinciales murieron 101 personas en 2007, 112 personas en 2008 y 112 en 2009. Las muertes de personas bajo el cuidado estatal acontecieron en 31 establecimientos carcelarios. De las 112 muertes de 2008, 46 fueron traumáticas (41%), 64 no traumáticas (57%), y un restante 2% sin conocer causal y ad referéndum de pericias. En cuanto al ámbito federal, de una encuesta realizada por este mima organización a una población de de 939 personas resultó que al menos 601, el 64,3% de los casos, fueron agredidas físicamente por personal penitenciario durante su detención; el 58,8% respondió que las agresiones físicas fueron concretamente golpes y que fueron golpeadas en la unidad penitenciaria en que se encontraban alojadas.
Por todo esto, y siendo nuestro deber como legisladores trabajar en la defensa y promoción de los derechos humanos, es que solicito el acompañamiento de mis pares en la presente iniciativa.