Los trágicos hechos ocurridos en el Parque Indoamericano pueden, y deben, leerse en sus múltiples dimensiones. De una lectura rigurosa se desprende el modo en que dos proyectos antagónicos de Estado, de política pública y de sociedad se confrontan.
Una descripción precisa podría enunciar los hechos en los términos que siguen: en los primeros días de diciembre, el gobierno de la Ciudad informó la entrega de títulos de tierras para habitantes de poblaciones y asentamientos precarios. Fueron identificados punteros y líderes barriales que, frente al anuncio, impulsaron la toma de las tierras del Parque Indoamericano, con el argumento de que era la única posibilidad de tener acceso a la vivienda propia, un problema que afecta a una amplia población de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, viven en la Capital Federal doce mil personas en 150 asentamientos; 170 mil habitantes moran en las villas de emergencia; 110 mil, en barriadas municipales con graves problemas estructurales; unos cinco mil seres humanos viven bajo chapas de complejos habitacionales transitorios; unas nueve mil personas viven en inquilinatos; y otras seis mil, en hoteles y pensiones. De este relevamiento oficial puede deducirse que la vivienda -concebida como un derecho humano y como un derecho constitucional- sigue siendo una de las varias asignaturas pendientes que tienen Estado y sociedad, especialmente para los sectores más vulnerables, cuyas necesidades e intereses son desconocidos y negados.
Mientras el rumbo nacional revela la decisión de avanzar en políticas reparadoras de esta injusticia social, el gobierno de la Ciudad encaró un camino exactamente antagónico.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad subejecutó notablemente los fondos para la construcción de viviendas asignados por la Legislatura. Aunque algunos funcionarios macristas intenten atenuar esta escandalosa subejecución señalando que faltan registrar algunos datos del gasto, en off admiten que se trata de un nivel muy bajo, sin antecedentes en la historia del Instituto de la Vivienda de la Ciudad.
Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura, denuncia que “Mauricio Macri nunca tuvo política habitacional para enfrentar la crisis, y es imposible suponer que ahora lo vaya a hacer. La prueba está en que nunca ejecutó el presupuesto previsto para atender los problemas habitacionales y tampoco liberó créditos para construir los barrios que iban a construir las cooperativas de vivienda” (Miradas al Sur, domingo 12 de diciembre de 2010). Es así como un buen número de cooperativas tienen los terrenos adjudicados por el Instituto de la Vivienda porteño, pero nunca les entregaron los créditos para iniciar la construcción.
La subejecución presupuestaria de Macri revela un patrón de conducta que hizo del Estado un coto privado para la realización de negocios y la represión del conflicto social, que es la respuesta a un escenario de crecientes injusticias en este distrito. El festival de la inversión privada en el rubro de la construcción es apenas una muestra de una definición política. La irracionalidad de la edificación llevada a cabo con criterios excluyentemente mercantiles es la crónica de graves problemas de infraestructura y refuerzan una dinámica basada en procesos de creciente desigualdad social y, aquí, habitacional.
Donde pongamos la mirada, las líneas maestras de la política pública macrista han desplegado una misma lógica. Sólo por poner un ejemplo más, la reducción relativa del presupuesto educativo global se impulsó con un incremento sustantivo de los aportes del Estado a las escuelas privadas.
Hay que concluir así, en relación con una primera perspectiva descriptiva de los hechos de Villa Soldati, que el estallido del problema reconoce dos factores combinados: la existencia de una demanda creciente de vivienda digna para miles y miles de ciudadanos; y la decisión política de hacer caso omiso de esas necesidades, violando las responsabilidades del Estado en materia de garantía de derechos.
Pero si sólo hiciésemos esta lectura de lo ocurrido en los días en los que conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, estaríamos incurriendo en un error analítico y, peor aún, en una insuficiente lectura política de los hechos y los proyectos que se confrontan alrededor de la sangre de pobres -una vez más- como respuesta estatal a las injusticias plasmadas en la política pública impulsada por la derecha neoliberal conservadora.
Provocación estatal
Las crónicas relatan el modo en que, como se anticipó antes, punteros macristas tomaron el anuncio oficial del gobierno de la Ciudad como luz verde para estimular la toma del Parque Indoamericano.
Cuando esto ocurrió, el macrismo interpuso un recurso judicial logrando que una jueza ordenara el desalojo del predio, implementado de manera salvaje por un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Metropolitana.
Esta brutal acción represiva se acompañó en los días siguientes del accionar armado de grupos vinculados a personajes de la más rancia tradición de patoterismo y matonaje.
Ese accionar no responde, claramente, a vecinos enardecidos porque los pobres entrarían en sus casas, sino a una estructura criminal y mafiosa que tiene nexos visibles e invisibles con referentes del proyecto macrista.
Mientras Eduardo Duhalde viajaba por Estados Unidos y dictaba conferencias llamando al “orden” en la Argentina -el mismo concepto de orden que terminó con la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, pero no con los problemas sociales que generó un modelo neoliberal-conservador inviable-, Mauricio Macri echaba culpas a la política migratoria y sus relaciones con el narcotráfico por la sangre derramada en el Parque Indoamericano. Esquivando todas sus responsabilidades por la decisión política de construir una Ciudad para pocos (y todas sus consecuencias), sacó a relucir -tan justamente él, hijo de un inmigrante- los peores prejuicios que dieron vía libre a la exaltación de la violencia contra pobres y extranjeros, algo que no ocurría desde 1919, cuando la muy oligárquica Liga Patriótica perseguía y asesinaba a trabajadores venidos de otras tierras.
Frente a la intransigencia represiva del macrismo, el gobierno nacional intervino -tras una parálisis inicial- con propuestas que articulan lo urgente y lo estratégico. Cabe consignar que fue la Policía Federal la responsable de entrar a sangre y fuego en el Parque Indoamericano.
La decisión de crear un Ministerio de Seguridad y poner al frente a Nilda Garré habilitan la expectativa de que, por fin, terminaremos con una de las más infaustas herencias de la dictadura genocida: unas fuerzas de seguridad sólo subordinadas a sí mismas y a nexos inconfesables con el poder económico, político y judicial.
También la definición de Cristina Fernández, respecto de que la Argentina no ingresará en el club de los países xenófobos; o la propuesta del Gobierno de ceder terrenos fiscales para que la Ciudad proceda a iniciar la construcción de viviendas, constituyen respuestas que combinan, por un lado, un camino de resolución del conflicto y, por el otro, la clara posición antirracista que el gobierno nacional ha promovido, una de cuyas expresiones es la modificación de la Ley de Migraciones cuyo texto anterior se conocía como Ley Videla. No hacen falta más aclaraciones.
Esta política se enmarca en un proyecto de unidad de nuestra América, que el Gobierno, desde 2003, ha sostenido sin fisura ni contradicción alguna.
La crítica macrista a la “inmigración desenfrenada” y su vinculación con el crimen organizado no es solamente una mentira de patas cortas; es también una crítica por elevación a la política de integración regional que el modelo que comenzó a alumbrarse en 2003 defiende.
Es en este contexto en el que se vuelven a poner, blanco sobre negro, dos modelos posibles de país.
Mauricio Macri representa cabalmente el país excluyente, tilingo, represivo, ineficiente, de relaciones carnales con el imperio, que reserva a las mayorías palos y desprecio. Su alianza con Jorge Sobisch y la contratación de los mismos asesores de seguridad revelan el talante represivo de su propuesta, por cierto, ineficaz para resolver la inseguridad que dice atacarse.
Nuevo Encuentro Popular y Solidario acudió a la Embajada de Bolivia para expresar nuestra solidaridad y afecto con ese país hermano. Lo hicimos porque nosotros mismos, hijos y nietos de inmigrantes, cargamos con la responsabilidad política y cultural de construir un mundo de dignidad para todos. Macri no nos ha sorprendido con sus decisiones, que han sido coherentes desde su primer día de (des)gobierno. Pero el anclaje de sus ideas fascistas en sectores medios de la Ciudad Autónoma nos convocan a una fundamental batalla de ideas. Y estas líneas pretenden contribuir a esa disputa por el sentido de lo público, de la política y de la gestión.
Esta nota fue publicada el 23 de diciembre de 2010 en la Revista Debate.