Página/12 | Opinión
El episodio que involucra al gobierno por la criptomoneda $Libra es grave por donde se lo mire y puede ser abordado desde múltiples aristas. Desde mi punto de vista, hay una que es más de fondo y que está asociada al espíritu del modelo libertario, que tiene entre sus ejes esenciales la eliminación del Estado (en verdad, su reducción al mínimo) y el predominio de los mercados concentrados.
Inicialmente, el presidente Javier Milei había posteado, antes de que se registraran transacciones con $Libra, que “este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”.
Horas más tarde, una vez desplomada la cotización y cuando ya escalaba el escándalo, el Presidente borró su primer mensaje y afirmó, tratando de minimizar daños: “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto, y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”.
En rigor, Milei promocionó una herramienta financiera especulativa de altísimo riesgo para ser operada entre privados, que terminó resultando en una estafa para inversores locales y del exterior que se cuentan por miles. El episodio pone sobre la mesa la discusión respecto a los deberes del funcionario público y lleva a preguntar cuáles son los límites de lo que un presidente puede hacer alrededor de una iniciativa privada.
Responsabilidades
Por sí sola, la explicación del Presidente en la entrevista televisiva no lo exime de responsabilidades. Desde el bloque de Unión por la Patria planteamos la necesidad de activar los mecanismos parlamentarios contemplados en la Constitución Nacional, como el Juicio Político, para investigar posibles hechos vinculados al mal desempeño de la función pública, procedimiento válido aunque el Poder Judicial considerara que no existió delito. Además, hay una voluntad de acompañar, si se dan las circunstancias, la formación de una comisión investigadora en el Parlamento, acordando con otras fuerzas políticas.
Respecto de las denominadas “memecoins” y “monedas basura”, son criptomonedas sostenidas en personas “influyentes” en redes sociales. No tienen ningún respaldo, son extremadamente volátiles y riesgosas, motivos por los cuales no pueden servir para financiar proyectos de la economía real, más bien se enfocan en la especulación. Un tema que Milei definió con claridad en la entrevista televisiva: se refirió a quienes negocian con ellas como “operadores de volatilidad”.
La aparente preocupación presidencial por el crecimiento y las pequeñas empresas choca con las políticas de apertura importadora, de cambio de precios relativos con fuerte reducción de los ingresos de la población. Estas últimas son estrategias que golpean el mercado interno y el empleo local. Van a contramano de políticas como las que lleva a cabo hasta el propio Donald Trump, que está elevando los aranceles a importaciones competitivas con su producción interna.
Desregulación
En materia de políticas financieras, no hay que perder de vista los cambios que restringen el fomento al financiamiento bancario de las PyMEs y encarecen el crédito, afectando de manera directa a las empresas que son las principales generadoras de trabajo en el país. O la Ley de Góndolas, que fue derogada por el decreto 70/2023, que beneficiaba la comercialización de los productos de las PyMEs, entre otras medidas.
Además, cabe tener presente que toda esta operatoria de criptomonedas facilita el blanqueo de dinero proveniente de la ilegalidad, a diferencia de lo que ocurre con los sistemas financieros en el mundo, que tienen una gran cantidad de regulaciones necesarias. En nuestro país, a las entidades financieras reguladas las controla el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. Quien realiza un depósito por un monto no habitual en su cuenta, recibe un pedido de la entidad financiera para que explique cuál es el origen de los fondos.
En el episodio de $Libra está reflejada la concepción plena de la política desregulatoria, que parte de la idea de que el mercado es la institución que define, en función de la rentabilidad, qué sirve y qué no. Una proposición inaceptable. La diferencia entre los dos modelos está más palpable y vigente que nunca.
Nota publicada en el suplemento Cash de Página/12 el 23/02/2025