Ámbito Financiero | Opinión
El Gobierno anunció el pronto ingreso al Congreso de un proyecto de ley con una nueva reforma laboral y promoción de inversiones, bautizado mini RIGI. Originalmente estaba previsto que fuera el proyecto de ley mipyme, pero con los meses se fue modificando y terminó en uno más general.
Hace ya tiempo, tanto desde el Gobierno como desde algunos sectores empresariales, se hablaba de un mini RIGI como sucedáneo de una ley mipyme.
Pero resulta esencial aclarar que un proyecto de ley mipyme es mucho más que un mini RIGI, que alcanza exclusivamente a las empresas más exitosas, que tienen la potencialidad de invertir y desarrollar nuevas iniciativas. A partir del modelo que está aplicando el Gobierno, la gran mayoría de las empresas de menor tamaño está preocupada, más que por invertir, por sobrevivir.
De allí que una verdadera ley mipyme tiene que declarar la emergencia en todo el territorio nacional en los aspectos productivo, fiscal, laboral, y tarifario, como condición de mínima, y a partir de allí generar las medidas de protección que estas empresas necesitan.
El mini RIGI
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se aplica a los proyectos de más de u$s200 millones (dependiendo de la actividad a la cual se destine la inversión) y brinda una cantidad de beneficios, principalmente impositivos y cambiarios, que, tratándose de montos tan grandes, pueden llegar a lesionar la soberanía del país.
Respecto al mini RIGI, habrá que esperar a conocer la letra específica para poder analizar el impacto que tendrá en el aparato productivo.
Desde el Gobierno se comentó que el proyecto que estaría por presentarse al Parlamento “está pensado especialmente para medianas inversiones de acuerdo a las capacidades de cada uno de los segmentos de empresa (grande, mediana, pequeña y micro)”, y que “busca potenciar las exportaciones industriales de las mipymes». La propuesta se estructuraría en seis capítulos: inversiones productivas, exportaciones incrementales; agro; régimen laboral; fomento del empleo y otras disposiciones.
Según informó el Ministerio de Economía, el proyecto incluye “beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA y otros beneficios para inversiones que superen el umbral de los u$s150 mil en el caso de las empresas micro; u$s600 mil para las pequeñas; u$s3,5 millones para las empresas del tramo I; u$s9 millones para las empresas del tramo II; y u$s30 millones para el resto”.
La necesidad de una ley mipyme
Una ley mipyme es mucho más que un mini RIGI. En principio, hay que considerar el contexto en el que se inscribe un proyecto de este tipo.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 declaró numerosas emergencias, lo que habilita la desregulación de todos los aspectos de la actividad económica, fortaleciendo a los sectores concentrados, y debilitando a las pequeñas empresas. En este marco, se requieren medidas paliativas que protejan la producción y el trabajo.
A medida que el Gobierno avanza en la aplicación del DNU 70/2023 y en la reglamentación de la ley Bases (Nº 27.742), puede verificarse que contribuyen a una mayor inequidad contributiva, precarización del empleo, facilitación de despidos y consiguiente perjuicio para el mercado interno por la mayor caída en la demanda local.
Entre otras tantas, las medidas de facilitación de importaciones amenazan con un mayor deterioro del entramado de mipymes productivas en las distintas cadenas de valor.
Estos factores llevarán en el corto plazo a un agravamiento de la situación ya ardua de la actividad productiva y el consumo, impactando tanto en la sociedad como en las mipymes. Sin embargo, no se observan medidas oficiales que se ocupen del problema, salvo este anuncio del mini RIGI que resulta, en principio, un apoyo muy escaso ante las crecientes necesidades de las empresas del sector.
Resulta esencial que un proyecto de ley mipyme contenga medidas de promoción para crear nuevos empleos estables, exigiendo el mantenimiento de la plantilla; que suspenda la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas, y la aplicación de intereses resarcitorios y punitorios; que instrumente regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social; que reduzca el impacto de los aumentos de tarifas en los servicios públicos de energía eléctrica, gas natural, y agua y saneamiento hasta la vigencia de la emergencia, y la prohibición de corte de suministro de los mismos; una garantía de espacio en góndolas y exhibidores, entre otras tantas medidas de protección para las mipymes.
Hay varios proyectos presentados en este sentido, incluyendo el que he redactado y que ha sido firmado por más de 20 diputadas y diputados de Unión por la Patria. La Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados lo tiene en el temario pero dadas las características de la actividad parlamentaria este proceso se ha interrumpido. Insistiremos para que en el inicio del próximo año legislativo tome la fuerza necesaria, y que la Cámara pueda dictaminar sobre una imprescindible “ley de emergencia mipyme”.