Ámbito Financiero | Opinión
Como ya ocurrió en varias oportunidades, durante otras gestiones que defino como las “4M” (Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei), en la actualidad hay una gran brecha entre el discurso oficial y la realidad que vive día a día la mayoría de la ciudadanía.
A diferencia de lo que transmiten los funcionarios de gobierno, los datos macroeconómicos no dan cuenta de una recuperación, aunque en sus recientes apariciones públicas el presidente Javier Milei pronuncia palabras alentadoras acerca del rumbo de la economía y la sociedad argentina. “Poco a poco se comienzan a aceitar los engranajes de esta maquinaria oxidada que teníamos por economía”, declaró. “Hemos asentado las bases para el crecimiento y la libertad de los argentinos”, señaló en otra de sus intervenciones. Al tiempo que nunca deja de mencionar el eje sobre el que giran todas las decisiones de su gestión de gobierno: “le pusimos un candado al equilibrio fiscal y nos tragamos la llave”.
Según las estadísticas oficiales (Indec), la actividad económica se redujo un 3,3% en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado y un 0,3% respecto al mes anterior. Con estas cifras, la producción aún se encuentra en niveles inferiores a los registrados cuando asumió la gestión libertaria. Sectores clave como la industria, el comercio y la construcción continúan mostrando valores interanuales negativos. Más aún, si quitáramos el sector agrícola que tuvo un buen desempeño al compararlo con la sequía que atravesó el año pasado, la economía habría caído cerca de un 5% interanual en el acumulado hasta septiembre.
Otro de los indicadores que enciende una luz de alerta es el resultado de la cuenta corriente cambiaria, que refleja la salida de divisas por exportaciones menos importaciones de bienes y servicios, y pagos netos de intereses. En octubre de este año fue deficitaria por quinto mes consecutivo. Cabe destacar que el reciente régimen de regularización de activos (llamado comúnmente blanqueo), que redundó en un ingreso de divisas (a cambio del perdón para quienes, como mínimo, evadieron impuestos –y con un bajísimo costo impositivo-) permitió atenuar ese resultado sobre el mercado de cambios.
Este saldo negativo se encuentra explicado principalmente por los pagos de intereses, del sector público y privado, servicios (destacándose los pagos realizados en viajes, fletes, servicios de empresas y telecomunicaciones) y un escaso saldo positivo en la cuenta de mercancías.
Al igual que en el análisis de la actividad económica, el déficit habría sido considerablemente mayor de no ser por el aporte de las exportaciones del sector de oleaginosas y cereales, que contribuyó de manera significativa a reducir el saldo negativo: una evidencia de la escasa diversificación de la estructura exportadora nacional y del bajo nivel del tipo de cambio real multilateral (que mide la competencia de nuestro país en el sector externo).
Una situación que difícilmente pueda revertirse de continuar las políticas de este gobierno, una gestión cuya ideología pasa por rechazar cualquier tipo de intervención del Estado en la economía y de esa forma dificulta las posibilidades de desarrollo de la industria u otros sectores. Sobrada experiencia existe por parte de los países desarrollados que lograron avanzar a partir del apoyo estatal que recibieron sus sectores industriales, entre otros.
Finalmente, un aspecto a tener en cuenta es el financiamiento de este déficit de la Cuenta Corriente, cuya única posibilidad recae en poder cubrir dicho resultado negativo con la reducción de las Reservas Internacionales o con el endeudamiento externo.
Es lógico que quienes depositaron su confianza en un candidato, hace casi un año, sigan considerando que gran parte del problema es la “herencia recibida”. Pero, en el corto o mediano plazo, este modelo nos lleva a situaciones que ya padecimos durante las gestiones de las “4M”. Sería positivo que en el futuro pudiera ampliarse el espacio que no está de acuerdo con las políticas actuales, y se puedan consolidar mayorías (aunque sea momentáneas, por temas específicos) que limiten los poderes extraordinarios (convertidos en ordinarios) que exhibe el Poder Ejecutivo, entre otras tantos, con la desestimación del tratamiento parlamentario del Presupuesto 2025 o la utilización de vetos para frenar las leyes aprobadas por el Congreso de la Nación.