Página/12 | Opinión
La segunda marcha federal por la educación, el miércoles pasado, fue tan masiva como la primera. Estudiantes, gremios docentes y no docentes, rectores de todo el país junto a diversos sectores políticos, sindicales, culturales y sociales protagonizaron una movilización multitudinaria, diversa y plural. Sobresalió su carácter nacional: junto a la que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, alrededor de otras 100 se produjeron en diferentes puntos de la Argentina.
El gobierno ha intentado estigmatizar la movilización sosteniendo que se trató de una “marcha política”. Por supuesto que lo fue. Entre otras razones, por la presencia de líderes políticos, gremiales, sociales e institucionales de las más diversas orientaciones. No podría ser de otra manera: en las democracias representativas las sociedades se expresan a través de partidos políticos, sindicatos y distintas organizaciones sociales. No hay representación sin organizaciones. No hay democracia sin política. Paradójicamente, estigmatizar una movilización porque es política es estigmatizarla porque es democrática.
La política es esa trama que vincula demandas sociales con organizaciones y liderazgos. No es posible, entonces, una democracia sin política: no puede existir una sin la otra. En toda manifestación, en toda expresión en la esfera pública, hay política. En una movilización masiva, plural y diversa, como la del último miércoles, la política es constitutiva.
La despolitización de la sociedad impulsada por los libertarios conduce a una democracia vacía: sin mediaciones entre las demandas sociales, las organizaciones y el Estado. Por lo tanto, los actuales gobernantes no sólo intentan suprimir todas las regulaciones en la economía: también buscan eliminar todas las mediaciones en la sociedad. La consecuencia es clara: la única intermediación reconocida es la del mercado. Ni Estado, ni política. Sólo los grandes actores concentrados de la economía. La democracia permitida sería aquella que renuncia a la representación.
En esta perspectiva, el presidente Javier Milei no sólo es un topo que se propone “destruir el Estado desde adentro”: además pretende estigmatizar y eliminar las mediaciones que conforman la democracia representativa.
Igual de riesgosa parece ser la idea lanzada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vinculó la movilización en defensa de la educación pública a una extraña hipótesis de “golpe de Estado”. Para esta concepción, toda representación de demandas traería un riesgo para las instituciones. La democracia representativa sería contradictoria con la permanencia de la democracia. Es una idea similar a la anterior: la democracia permitida es la que renuncia a la representación. Ni representativa ni directa: democracia vacía.
El Presidente también se refirió al golpismo: “la universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten. No permitas que te usen políticamente los golpistas”. La política, desde la visión libertaria, antes que la organización de la representación de las distintas demandas sociales es el teatro de operaciones de la corrupción, es decir, un territorio que hay que erradicar.
Luego de la multitudinaria movilización, Milei vetó la Ley de Financiamiento Educativo y la misma será reenviada a la Cámara de Diputados. Los integrantes del bloque de legisladores y legisladoras de Unión por la Patria solicitamos una sesión especial para el próximo miércoles 9 de octubre, a las 11, para rechazar el veto.
En paralelo, hubo otros dos pedidos de sesión especial para tratar este tema, el mismo día y a la misma hora: por un lado, el de la Unión Cívica Radical, autora del proyecto original; por el otro, el del bloque de Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica y partidos provinciales.
Nuestra posición es la de siempre. En abril estuvimos en las calles pidiendo más financiamiento universitario. En mayo trabajamos para sacar dictamen de comisiones del proyecto de ley. En agosto logramos la media sanción. Esta semana estuvimos en la marcha. La semana que viene estaremos rechazando el veto del Ejecutivo. No sólo tenemos convicciones: tenemos además acción política.
Mientras, el gobierno continúa aplicando la motosierra en diversos sectores de la administración, accionando desde adentro y en contra del Estado. Durante la semana, el Ejecutivo giró a la Cámara de Diputados el DNU 873/24 que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. La iniciativa deberá ser tratada en ambas cámaras. La empresa había sido exceptuada de privatización luego de ser excluida de la lista de la Ley Bases.
En simultáneo, se anunció el cierre de la empresa ferroviaria estatal Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), con el despido de 1.388 empleados.
También es objeto de la motosierra la Casa de la Moneda, que se anunció que será “reestructurada”. Se trata de una empresa pública, industrial y comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que funciona desde 1875. Los despidos, según se adelantó, podrían alcanzar a alrededor de 1.300 empleados.
A la entrega de esta nota, los trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte alertaban sobre el cierre del servicio de internación y de guardia de la mencionada institución, como un paso hacia su cierre total.
Todo lo anterior, entre otras cosas, supone más desempleo, más pobreza, menos consumo, menos mercado interno y más caída de la actividad económica. Un círculo vicioso que profundiza la crisis.
Por otro lado, las fuerzas del cielo continúan operando. De acuerdo con algunos medios, desde la India cientos de perfiles de redes sociales comenzaron a tomar partido por el gobierno en su discusión con la comunidad educativa. Sería bueno saber con qué recursos se financian esas operaciones.
Hay una relación entre la idea de construir una democracia sin política y el empleo sistemático de troles. Por un lado, se intenta debilitar la democracia, estigmatizando las representaciones políticas y descalificando sus demandas. Por el otro, se busca bloquear los procesos de intercambio y debate a través de la violencia de estos ejércitos digitales.
Los dos modelos de país, el que hoy expresan los libertarios y el que representa el campo nacional y popular, también se diferencian en este punto: el primero necesita desmovilizar, al segundo le resulta indispensable promover la mayor participación ciudadana posible.