Página/12 | Opinión
La crueldad es el estilo visible de la política libertaria: continúan anunciando despidos, suspensiones y achiques, entre otras decisiones cotidianas. Se trata de una práctica de eliminación del Estado en capítulos sucesivos.
El cierre de la AFIP o el anuncio de la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas fueron las dos últimas muestras de ese goteo del ajuste. Con relación a la empresa ferroviaria, que opera tres líneas con una cobertura total de 7.600 kilómetros, el gobierno vuelve a su argumento de que se trata de una entidad deficitaria. ¿Cómo se proponen resolver el déficit? Achicando el servicio y despidiendo trabajadores y trabajadoras.
Semana a semana, los impulsores de esta política van desarmando áreas estatales. Lo hacen mirando sólo el último renglón de balance. No les importa la función que cumplen para la sociedad. Es lo que sucede, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas: no tienen en cuenta la cantidad de pasajeros y pasajeras que la compañía traslada entre las distintas regiones del país, su contribución al desarrollo del turismo y de las actividades empresarias locales. ¿Son imaginables Ushuaia, El Calafate o Las Cataratas del Iguazú, por ejemplo, sin aeropuertos? Hasta que Aerolíneas Argentinas no fue hacia esos destinos éstos no alcanzaron la dimensión que tienen en el presente. Hoy todas las compañías quieren ir hacia esos lugares. Esta supresión de áreas del Estado con el objetivo de achicar el gasto público redunda gradualmente en pérdida de derechos para toda la sociedad. Ello será percibido por la mayoría de la ciudadanía más temprano que tarde. El estilo de la crueldad tiene sus consecuencias.
Lo que sucede no es una sorpresa: el Presidente afirmó hace un tiempo que él era “el topo que destruye el Estado desde adentro”. Lo que estamos viendo en la actualidad es el accionar cotidiano de esa práctica destructiva. Desde su perspectiva, si no hay un empresario al que le interese una determinada actividad es porque ésta no debería existir. Y si hay una actividad que está en manos del Estado y le interesa a los empresarios es porque es lucrativa y debería pasar a manos privadas.
Hay otras situaciones a las que el gobierno pretende acostumbrarnos. Durante la semana el presidente Javier Milei afirmó: “me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”. Fueron manifestaciones de una gravedad extrema. En un comunicado del Partido Solidario sostenemos que esas declaraciones “mostraron el modo en que el actual presidente entiende a la democracia: un espacio donde se ejerce la violencia y la eliminación del otro. Por el contrario, la mayoría de las fuerzas políticas desde 1983 han definido a la democracia como el territorio de la paz, la convivencia y la vida. Desde diciembre de 1983 se estructuró un consenso: la imposibilidad de superponer violencia y democracia. El primer término quedaba en el pasado, el segundo en el futuro. Pero Milei insiste en quebrar ese consenso. Nos propone viajar al pasado: volver a la época anterior a 1983 con su secuela de asesinatos, desaparecidos y terrorismo estatal. Propone, con su discurso sin límites, agregarle más violencia a la violencia. Hacer el trabajo de la bala que no salió, clavando los clavos del ataúd de la ex Presidenta”.
Decimos también que “el presidente representa un modelo de ajuste infinito que genera la resistencia progresiva de los ajustados. Como siempre, estamos ante la confrontación entre dos modelos: uno que, entre otras cosas, promueve un Estado activo al servicio de una mayor distribución de los ingresos y la mayor inclusión de los sectores más desprotegidos; y un Estado mínimo que se desentiende de las necesidades de la mayoría de la población y desarrolla y perfecciona sus aparatos represivos”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió durante la semana con la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y con la subdirectora de la entidad, Gita Gopinath. Luego de fotografiarse con el ministro argentino, Georgieva afirmó: “tenemos un alineamiento en torno a las prioridades del país”. Y agregó que comparten un objetivo “que es pensar juntos, como un solo equipo, qué es lo mejor para Argentina”. Está claro: tal interés común, el del organismo internacional y el de Argentina, no existe.
Los programas del FMI no son buenos para países como el nuestro. No es una buena noticia que nos estemos alineando con sus prioridades. Los programas del Fondo son programas de ajuste y contrarios al interés nacional. Ello no quiere decir que haya que “patear el tablero”. El asunto es qué se negocia y cómo. Una cosa es hacerlo partiendo de aceptar todo lo que piden y preguntando dónde más hay que ajustar y otra es negociar planteando condiciones propias: discutamos acerca de posibles beneficios para el país y no sobre la base de la propuesta del Fondo, bajen las tasas de interés, eliminen definitivamente los sobrecargos, otorguen un amplio plazo de gracia, no impidan que llevemos adelante un programa de crecimiento y recuperación de la economía, entre otros planteos que podrían realizarse.
Hay un componente adicional en la actual negociación con el FMI: el gobierno toma algunas medidas que son más extremas que las que pide el organismo internacional. Es más ajustador que quien solicita el ajuste. Por otro lado, hay otras medidas que el Fondo pide, por ejemplo la devaluación, que la actual administración no concede.
El gobierno elige no devaluar y, en su lugar, aplica una política similar a la tablita de Martínez de Hoz con la que algunos sectores realizan carry trade, es decir, cambian dólares a pesos que colocan a tasas de interés locales muy superiores a la variación del tipo de cambio y, luego de un tiempo, salen nuevamente hacia el dólar ganando la diferencia. Pero, los dólares que ganan los que participan en el carry trade, ¿quién los pone? Por supuesto: toda la sociedad argentina. Esta modalidad de obtener ganancias financieras extraordinarias fue una marca de la gestión de Caputo durante el macrismo. Allí se produjo el endeudamiento con el Fondo por los 45 mil millones de dólares que se evaporaron.
Por el momento, el gobierno mantiene un nivel todavía importante de expectativas positivas sobre las políticas que está llevando adelante. Ello hace que un sector de la sociedad se siga resignando a pasarla mal. Pero, la conflictividad que hay en la actualidad es mucho más alta que la que había hace seis o tres meses. También la imagen de la gestión de gobierno va cayendo sostenidamente. Es de suponer que hay una correlación directa entre caída de las expectativas sobre las políticas gubernamentales y aumento de la capacidad de resistencia de los ajustados.