Página/12 | Opinión
En el avance del Presupuesto 2025, presentado por el Ejecutivo ante el Congreso, se anticipan lineamientos para confeccionar la denominada “Ley de Leyes” que tendrá vigencia durante el año que viene.
El texto confirma lo que se venía anticipando: una caída del PIB de -3,5% para 2024. Es el mismo número que adelantó el FMI. En esa línea, la Industria y el Comercio –los sectores de mayor peso– se proyectan con bajas de -9,8% y -9,1%. Estos datos muestran la enorme recesión que se estima, aun cuando ésta resulta disimulada al incluir en el PIB total la fuerte recuperación del sector agropecuario durante este año.
El viernes se conoció el Índice de Producción Industrial Manufacturero para mayo, que indica una caída interanual del 14,8%, y una merma del 11,3% comparado con noviembre 2023. Con estos datos, la estimación del avance del Presupuesto es muy optimista, dado que para llegar al -9,8% de caída en todo el año tendría que crecer a un ritmo aproximado del 2% mensual, una tendencia que no se verifica desde que se confecciona el índice en 2016, y que sólo fue superada en la recuperación de la pandemia (en el segundo semestre de 2020). Adicionalmente, el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) evidenció una caída interanual del 32,6%, también en mayo.
En el avance del Presupuesto además hay otros indicadores del retroceso. Se prevé que el consumo privado sufra un descenso de -6,6% durante 2024. También las proyecciones sobre inversiones se desmoronan: se estima un descenso de -17,2% para 2024. En 2023 la caída había sido de sólo -1,9% teniendo en cuenta el negativo efecto de la sequía. Sólo las exportaciones subirán: se prevé un crecimiento de 20,9% para 2024. En tanto, se anticipa que las importaciones caerán un -17,7 durante este año.
Cuando el avance presentado se detiene en el análisis de los gastos de los primeros cinco meses de 2024, muestra que más de 1/3 del ajuste afectó a las prestaciones de la seguridad social, las que sufrieron una reducción real del 28,3%. También fueron ajustadas las asignaciones familiares, -43,7% de caída real; las transferencias a Provincias y Municipios, que descendieron -40,5%; y los gastos por bienes y servicios (no incluye salarios) que cayeron -72%.
En los lineamientos presentados, el gobierno defiende la fórmula de movilidad previsional establecida por decreto. Nada dice sobre el achicamiento en el valor de los bonos a los jubilados: en noviembre de 2023 el bono significó el 59% del haber mínimo, cuando en junio de este año apenas alcanza al 34%. También hace silencio en torno a que esos bonos están sujetos a los resultados fiscales, como expresó el Presidente. En ese marco, se promocionan las acciones sobre el resto de las prestaciones sociales, como el aumento en la AUH, la reconversión del programa Potenciar Trabajo, el programa de vouchers educativos, etc. Cabe agregar que el gasto público en el fomento al trabajo sólo se ejecutó en un 32% del presupuesto total en los cinco primeros meses. Tampoco se dice una palabra de que las prestaciones sociales -sin considerar jubilaciones y pensiones- cayeron un 13% interanual real en los cinco primeros meses de este año.
Respecto del “acompañamiento social” al que se hace referencia, se sostiene que la consolidación de las cuentas públicas “se alcanzó en simultáneo a un significativo incremento en el valor real de los programas sociales que llegan sin intermediarios a la población más vulnerable”. Sin embargo, esa supuesta preocupación por quienes menos tienen está lejos de verificarse: la distribución del ingreso empeoró en todos los deciles. El ingreso per cápita familiar del primero decil, el más pobre, fue el que tuvo mayor caída interanual durante el primer trimestre de 2024: -31%. El apoyo, en el mejor de los casos, resultó insuficiente para compensar el deterioro sufrido.
En los cinco primeros meses se ejecutó el 52,5% de los gastos según el presupuesto vigente. Por lo tanto, teniendo en cuenta que junio y especialmente diciembre son meses de alto gasto, el ajuste se intensificará mucho si se quiere continuar con las políticas actuales, generando un deterioro productivo y social aún mayor al que vivimos.
El texto oficial señala que “durante 2025, se plantea continuar en esta senda de equilibrio fiscal para corregir definitivamente los desajustes y sostener las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan el despegue definitivo de las potencialidades productivas del país”.
Los ejes del proyecto establecen que “el objetivo de esta gestión es hacer un Estado más moderno, eficaz, eficiente, simple y útil para los ciudadanos, ocupado en sus funciones esenciales para no entorpecer las condiciones para el desarrollo del sector privado, favoreciendo la libre empresa. Por eso, no sólo se avanzó en eliminar las estructuras innecesarias o sobredimensionadas y absorber sus funciones en otras áreas del Estado, sino que también se está trabajando en la simplificación de las acciones y procesos, digitalizando y simplificando trámites, desburocratizando y eliminando intermediarios en sus acciones, para agilizarle la vida a los argentinos”. Muchos de estos lineamientos están incluidos en las funciones del recientemente creado Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Se trata de medidas conocidas: son las ya puestas en práctica por Martínez de Hoz, Carlos Menem y Mauricio Macri, sintetizadas en la frase publicitaria “achicar el Estado es agrandar la Nación”.
Pero, además, no es la totalidad del Estado lo que se propone reducir. El documento detalla las acciones y las inversiones a realizar para equipar y modernizar las áreas de seguridad y defensa: “seguir dotando a las fuerzas federales del equipamiento necesario y de la capacitación continua para garantizar la seguridad interior como un derecho de todos los argentinos, con énfasis en la prevención del delito y la investigación del crimen organizado, continuará siendo en 2025 una prioridad de esta gestión”.
La Argentina debe avanzar en una estrategia de crecimiento económico, expansión de su mercado interno, protección de la producción nacional, construcción de un Estado eficiente, bien administrado, con personal competente, que regule, asigne recursos, que establezca prioridades y que no resigne los avances logrados en áreas como Ciencia y Tecnología, entre muchas otras.
El gobierno propone la misma receta que viene aplicando desde diciembre. Pero iguales políticas no producirán resultados distintos. Y, hasta ahora, lo que se obtuvo es ajuste, recesión y más ajuste. Una espiral infinita de deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos y las argentinas.