Ámbito Financiero | Opinión
El Gobierno nacional sigue avanzando con la desregulación. Entre las medidas recientes se incluye la eliminación del fideicomiso del trigo, creado en marzo de 2022 con el fin de subsidiar el precio de la bolsa de harina de 25 kilos que elaboran los molinos.
Cuando se creó ese fondo, el comunicado de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Productivo señalaba: “La implementación de esta política contempla volcar al mercado doméstico 800 mil toneladas de trigo para garantizar abastecimiento y lograr la estabilización de precios de esos productos esenciales para la dieta cotidiana de las argentinas y los argentinos”. El fideicomiso tenía por objetivo ser utilizado en momentos específicos de aumento del precio del trigo y evitar su traslado al precio de sus productos, algo que no ha sido fácil de lograr debido a la “puja distributiva”.
Una medida similar se aplicó en el sector yerbatero. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fijaba un precio de compra de la materia prima a los productores. A partir de ahora, luego de 22 años, por decisión del gobierno el INYM deja de tener esa potestad. Más allá de las consecuencias que ello pudiera tener en el precio final, habrá que seguir de cerca las repercusiones sobre la cadena productiva. En efecto, la producción primaria se encuentra atomizada. Se trata, en su gran mayoría, de pequeños productores familiares que trabajan la tierra y que emplean asalariados sólo para los momentos de cosecha.
Hasta ahora, el INYM tenía la tarea de establecer precios de referencia durante la zafra para garantizar un valor justo a los productores de materia prima, protegiéndolos frente a las grandes empresas industrializadoras (molienda). Con la quita del control de precios se estarían convalidando las asimetrías que benefician a las grandes empresas, en detrimento de los pequeños yerbateros.
Respecto a la generación, distribución y transporte de gas natural, el Gobierno nacional definió una fuerte actualización de los cuadros tarifarios del sector. En los fundamentos de la medida se expresa que “corresponde proceder con una adecuación transitoria de las tarifas de transporte y distribución de gas a fin de mantener, en términos reales, los niveles de ingresos de las prestadoras”.
Se efectuaría una quita de subsidios sobre el cargo fijo para todos los segmentos de consumo de gas y también sobre el cargo variable, que depende del nivel de utilización del recurso. En el caso del cargo fijo, es un pago altamente inequitativo, pues se aplica independientemente del volumen que se consuma. Se dispuso un aumento del orden del 1.000% para este ítem, que recae directamente sobre los usuarios, y con mayor intensidad en los de menores consumos, sobre quienes el cargo fijo pesa bastante en el pago total.
Estos aumentos en el gas también afectarán a usuarios industriales y comercios, hecho que se suma a la reducción que están experimentando en la demanda de sus bienes y servicios, producto de la caída en el poder adquisitivo de la ciudadanía. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) se comentó que: “la intención de llevar las tarifas a precios internacionales, mientras los costos de producción se mantienen en pesos, está generando un subsidio involuntario de las PyMEs hacia las grandes empresas productoras de este servicio”.
La desregulación abona un contexto en el que las grandes empresas aprovechan para aumentar sus precios, mientras que otras variables de la economía van quedando claramente rezagadas por decisión de las autoridades. Es lo que ocurre con las jubilaciones y las pensiones, principal rubro en el que recae el ajuste del gasto público.
Con el reciente decreto 274/24 las jubilaciones y pensiones perderán poder de compra, ya que no se reconoce la totalidad de los fuertes aumentos de precios de diciembre y enero. En el caso de los salarios medidos por el RIPTE (salario de trabajadores formales), en enero mostraron una caída interanual del 22%, influida fundamentalmente por los dos últimos meses, ya que comparados con noviembre de 2023 muestran una caída del 18%. El nivel del salario real ha llegado a niveles de 2004, cuando se estaban recuperando los salarios luego de su derrumbe durante la Convertibilidad. La caída de los últimos meses, además del aumento de precios, en muchos casos es por la falta de homologación de los acuerdos paritarios por parte del Gobierno, que intenta formalizar los nuevos valores salariales por debajo de la inflación.
Estas medidas contribuyen al objetivo de generar un gran cambio de los precios relativos y de la distribución del ingreso, que deteriora la vida de los sectores vulnerables, de los trabajadores/as, de los jubilados/as y de las capas medias.