Página/12 | Opinión
El ajuste no para y ya se siente con intensidad en la producción, el empleo y el consumo. Se consolida una espiral descendente: muchas empresas con caídas en su nivel de actividad despiden trabajadores y trabajadoras, estos reducen sus consumos y todo ello repercute en nuevas bajas de la actividad. Hay que sumarle la licuación de los ingresos fijos producto de la falta de actualización en las convenciones colectivas de trabajo y los despidos en el sector público que también contribuyen a una caída de la demanda. La combinación de la motosierra y la licuadora está en pleno despliegue.
La producción sigue sumando datos negativos. La actividad industrial manufacturera medida por el INDEC cayó en enero un 1,3% con relación a diciembre. Ello se suma a la baja del 8,1% durante el mes anterior. En enero el nivel de actividad en la industria registró su menor valor desde agosto 2020, cuando el país y el mundo atravesaban la pandemia.
La construcción también muestra un fuerte retroceso, ya que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción se desplomó un 10,2% mensual en enero, una baja similar a la de diciembre (9,4%). Durante el primer mes del año el indicador registró su menor valor desde junio de 2020. Obviando la pandemia es el registro más bajo de la serie (iniciada en 2012) y se encuentra un 2,9% por debajo del mínimo previo (diciembre de 2019), justamente a finales del gobierno de Mauricio Macri.
En febrero, la demanda privada de insumos para la construcción registró una caída del 26,6% con relación al año anterior. Además, los despachos de cemento, un indicador adelantado del sector de la construcción, se redujeron un 6,2% mensual.
Otros datos de febrero también son un reflejo de la continuidad de la recesión: las bajas del patentamiento de motos (-13,7%), de la producción de autos (-19%) y de las ventas minoristas PyMEs (-25,5%), entre varios.
En materia de ingresos, la remuneración imponible de los trabajadores estables (RIPTE) se redujo en enero un 5% comparado con diciembre, y terminó siendo el peor enero desde el 2003. La tendencia no es promisoria a la luz de la evolución de la inflación. En CABA, en febrero se verificó una suba del nivel de precios del 14,1%, acumulando un 38,9% en el primer bimestre.
La inflación actúa como un mecanismo de transferencia desde los sectores con ingresos fijos hacia los formadores de precios y el resto de la cadena de valor. Como sabemos, no todo sube de manera homogénea. Por el contrario, lo que se produce es un cambio de los precios relativos de los productos y servicios con relación a los ingresos fijos de trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas y de quienes reciben planes u otros beneficios sociales, para citar sólo algunos ejemplos. Es decir: si suben los precios de la mayoría de los productos y servicios más que los ingresos fijos, entonces la inflación interviene de modo decisivo en los procesos de ajuste.
Además, al percibir menos ingresos y, por lo tanto, reducir sus consumos, los sectores perjudicados por estas políticas contribuyen a acelerar la espiral regresiva sobre la actividad económica. Todo ello ayuda a poner tope a la suba inflacionaria: en algún momento, como consecuencia de la baja de la demanda, los precios dejan de subir. Pero la reducción de la inflación achicando la actividad económica, el empleo y el consumo no resuelve los problemas de la Argentina sino que los agrava.
Observando la recaudación impositiva, en términos reales y descontando la inflación, las contribuciones patronales a la seguridad social se redujeron en el primer bimestre un 22,6% interanual y los aportes personales un 27,8% (datos del Ministerio de Economía). A su vez, el IVA asociado al mercado interno registró una caída real del 13,4% contra el mismo período de 2023. Se trata de los rubros más representativos, junto con Ganancias, y todos ellos están directamente vinculados al nivel de ingresos reales de la población.
Según una reciente información de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gobierno habría mantenido superávit fiscal en el primer bimestre del año, debido a un retroceso en los gastos (-23,8% interanual) y un leve incremento en la recaudación (+0,4%), medidos en términos reales. Gran parte de la disminución del gasto en términos reales se centró en las jubilaciones y pensiones (-33,0%) y los programas sociales (-29,9%). También destaca la fuerte merma de los subsidios energéticos (-59,5%) y de los gastos de capital (-82,4%). Como contrapartida, los intereses de la deuda crecieron 34,2%.
En este entorno, la caída de los ingresos fiscales llevará al gobierno a realizar mayores recortes del gasto, lo cual agravará la recesión y reforzará la caída de la recaudación. Es un círculo vicioso motorizado por el ajuste, que tampoco se sostiene desde el lado social. Su límite está dado, como suelo señalar, por la capacidad de resistencia de los ajustados.
He repetido constantemente que era imposible llevar adelante un ajuste como el que se planteaba sin que recayera principalmente sobre los jubilados y el gasto social en general. El discurso de ajustar a la supuesta “casta” es un justificativo para intentar lograr la validación de la sociedad, dado que el ajuste potencial que se puede hacer sobre la política es poco significativo. De hecho, el recorte de transferencias a las provincias afecta directa y principalmente a su población, que ve encarecerse el transporte, y tendrá menores prestaciones sanitarias y educativas, entre otras tantas dificultades.
El gobierno sufrió hace unos días una derrota importante al no lograr aprobar la ley “ómnibus”. Ahora les propone un “plan canje” a los gobernadores. Dice: ustedes aprueben la ley “ómnibus” y nosotros les devolvemos recursos. En ese marco, este viernes se realizó la reunión del Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Según diversos trascendidos, el gobierno presentó la denominada ley “ómnibus”, en una versión acotada, el paquete de alivio fiscal y la firma del “Pacto de Mayo”, como una única negociación. La nueva ley “ómnibus” incluiría la declaración de emergencias, las facultades delegadas, la privatización de empresas públicas, un blanqueo laboral, cambios en el régimen de hidrocarburos y una nueva fórmula jubilatoria, entre otras iniciativas. La controvertida reversión del Impuesto a las Ganancias sería tratada en un proyecto aparte. Todos los trascendidos indican que estos últimos dos puntos son los que más diferencias generaron.