Página/12 | Opinión
El modelo recesivo que implementa el gobierno ya muestra con claridad algunas de sus consecuencias. La utilización de la capacidad instalada en la industria en diciembre de 2023, para tomar un ejemplo, fue del 54,9%. Es el nivel más bajo para un diciembre desde que se mide la serie (2002) y marca una sustancial baja de 8,9 puntos respecto de un año atrás. ¿Qué indica esta caída? Que las empresas producen menos y, cuando ello sucede, tienden a achicar sus dotaciones de personal. Entonces, los trabajadores/as despedidos reducen sus consumos y ello vuelve a repercutir sobre la producción con nuevas bajas de los niveles de utilización de la capacidad instalada. Es un círculo infernal. Además, cuando esto ocurre cae la recaudación impositiva, lo que dificulta llegar al equilibrio fiscal que buscan y, como consecuencia, el ajuste del gasto se repite indefinidamente. Lo vengo diciendo desde los años noventa: el único límite al ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados.
El gobierno intenta controlar la inflación a través de profundizar la recesión y empeorar la vida de la mayoría de los argentinos/as. Si este modelo se consolida, la inflación probablemente se va a ir frenando, pero una gran parte de la sociedad verá reducida su capacidad adquisitiva al mínimo. Si la mayoría de los productos y servicios se transforman en inaccesibles para una gran parte de la población, entonces posiblemente van a dejar de aumentar. Pero la solución no puede ser privar a la gente de la posibilidad de comer, educarse, curarse, viajar o divertirse. Por este camino lo único que se va a lograr es que haya más pobres, más desempleados, que los servicios públicos sean de menor calidad y que la población no tenga las obras públicas indispensables para poder vivir dignamente, entre otras cuestiones. En el documento que difundió Cristina esta semana, afirma: “hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no sólo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado”.
El modelo opuesto, el que nosotros proponemos, suele tener una consecuencia no deseada: cuando la gente gana más consume más y si no hay control eficaz sobre los precios de esos productos y servicios más demandados, entonces, y como consecuencia de la puja distributiva, se producen aumentos. El gobierno anterior intentaba controlar estos últimos a través de iniciativas como Precios Justos, Precios Cuidados u otras regulaciones similares, que podían resultar insuficientes, pero su objetivo era virtuoso: impedir que la mayor demanda que genera la mejora de los ingresos terminara produciendo un incremento de la inflación por la intervención de los grandes formadores de precios y los demás integrantes de la cadena de valor. Se buscaba hacer compatible la mejora de los ingresos de la mayoría de la sociedad y, sobre todo, de sus sectores más vulnerables, con el control de la inflación a través de la intervención en la puja distributiva.
Otro tema con el que insiste el gobierno de Milei es la dolarización. Lo que plantean es lo mismo que la convertibilidad, pero irreversible: una vez que se la adopte, no se puede salir de ella. Además, significa tener una moneda que responde a otra economía, con otro nivel de productividad y de reservas, con ingresos de mucho mayor poder adquisitivo, entre otras diferencias. Por otro lado, la convertibilidad era sostenida con los dólares obtenidos con la venta de las empresas públicas. Ello permitió mantener un tiempo la ficción de que teníamos un tipo de cambio estable. Cuando se acabaron las empresas para privatizar aparecieron las cuasimonedas. Sin ellas, las provincias ni siquiera podían pagar los sueldos. Cuando el uso de ese instrumento tampoco dio para más, el país explotó.
Argentina no es un país pobre: es un país que tiene muchos ciudadanos pobres. Cuenta con una fuerte producción agropecuaria, genera energía en forma superavitaria, tiene una amplia y diversa industria manufacturera y enormes reservas de litio, cobre y otros metales y minerales. Lo que hay que mejorar es la explotación de los recursos y la distribución de los beneficios económicos. Junto a ello, es necesario resolver el tema de la subfacturación de las exportaciones, de la sobrefacturación de las importaciones, del contrabando y de los ingresos que no llegan al Estado como consecuencia de que la mitad de la economía continúa estando sin registro. Muchas de las cuestiones que aún faltan resolver las expone Cristina en el documento al que ya hicimos referencia. Entre otras propuestas, plantea ir hacia un sistema tributario más simplificado. La ex Presidenta también sostiene: “estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado, y que no basta con la consigna del «Estado presente» para resolver los problemas del país, que son demasiados. Se debe analizar y controlar la correcta asignación de recursos para poder corregirla, en caso de ser necesario”. Propone también cambios en el sistema de salud y en el sistema educativo, entre otros temas, como una agenda alternativa a la que impulsa el gobierno actual. Sostiene como síntesis: “el crecimiento de la economía en Argentina y su posibilidad de desarrollo con trabajo bien remunerado sólo se ha alcanzado con un patrón de acumulación sustentado en un modelo industrialista de sesgo exportador con valor agregado, con bajos volúmenes de deuda externa o con una correcta y responsable administración de la misma. Esto no significa negar la necesidad de una revisión de este modelo en lo que hace a las correcciones que demanda la estructura productiva de la Argentina, que nos permita profundizar el sesgo exportador, plantear una ineludible actualización laboral o contemplar la creación o transformación de empresas bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa, como se hizo con YPF antes de su desnacionalización”.
Cristina sugiere otro modelo de país, totalmente opuesto al que intenta implementar el presidente Milei. El actual gobierno impulsa un modelo caracterizado por la recesión, la desregulación total, la eliminación de la presencia del Estado dejando todo en manos del mercado, la venta de las principales empresas públicas y la exposición de nuestras PyMEs a una desventajosa competencia con los países centrales, lo que iría acompañado por una mayor caída de la producción y del empleo y una profundización de la licuación de los ingresos y los ahorros de la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía.