Perfil | Opinión
Según la Secretaría de Industria, entre el primer trimestre de 2022 y el actual, las PyMEs generaron en nuestro país 140 mil nuevos puestos de trabajo. Además, la utilización de la capacidad instalada de la industria llegó al 68,9% en abril, el mejor abril desde 2015. En ese marco la tasa de desocupación sigue cayendo y actualmente se encuentra en el 6,9%.
Estos resultados no son producto de la casualidad: son consecuencia de un modelo económico en el que la demanda crece y en el que los empresarios actúan con la certeza de que, si producen más, tendrán quién les compre esa mayor producción.
No hay en la Argentina un problema grave de empleo. Hay cada vez más trabajadores trabajando. Lo que sí hay es una discusión acerca de si muchos de esos trabajadores y trabajadoras reciben las remuneraciones que les correspondería recibir, es decir, lo que hay es una discusión sobre la calidad del empleo.
En este escenario, está claro que no se necesita mayor desregulación como la que proponen desde la oposición, entre otros, Horacio Rodríguez Larreta.
¿Qué dijo el precandidato a presidente de Juntos para el Cambio? “Vamos a crear un puente al trabajo formal extendiendo el período de prueba de tres a seis meses con un régimen simplificado, con lo cual eliminamos las barreras de ingreso al trabajo estable. Esto es clave para las PyMEs. Tres meses está probado que no es suficiente”.
Lo que propone, al extender el período de prueba, es ampliar el tiempo durante el cual los trabajadores y las trabajadoras no cuentan con derechos plenos.
Hay que avisarle a Rodríguez Larreta que el mercado laboral es sólido no cuando se desregula, sino cuando la gente tiene poder de compra. De lo que se tendrían que preocupar es de mejorar los ingresos de la población, no de sacar regulaciones.
Cuando hubo desregulación en la Argentina no hubo pleno empleo. En cambio, éste se logró cuando hubo una ampliación de la demanda.
Desde la pandemia hasta abril de este año (último dato disponible), se crearon 549 mil nuevos empleos. ¿Por qué sucedió? Porque hubo un crecimiento de la actividad económica y, por lo tanto, aumentó la demanda por el mayor poder de compra de la población.
Hace unos días, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, decía que “la política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente” y que el mercado laboral estadounidense necesita debilitarse aún más para aliviar la presión sobre los precios.
Debilitar el mercado laboral quiere decir que la gente pueda comprar menos y que, por lo tanto, las empresas también produzcan menos y no incorporen y/o reduzcan su cantidad de trabajadores y trabajadoras. En ese contexto, también suben la tasa de interés para reducir aún más el poder de compra de la población. Todo ello para cumplir con el objetivo declarado de bajar la inflación.
Hay dos modelos: uno genera más producción, más empleo y más crecimiento; el otro estimula la recesión y la caída del empleo y de la producción.
En el marco de las negociaciones con el FMI, el equipo económico viajará próximamente a Washington y entre sus objetivos figura el de evitar que las metas del acuerdo incluyan condicionantes que signifiquen políticas de ajuste.
El Fondo presiona, pero la Argentina también ha demostrado firmeza para decir que no. Por ejemplo, el ministro Sergio Massa contó que el FMI no quería que se hiciera la inversión del gasoducto Néstor Kirchner en el primer semestre. Y el Gobierno la hizo igual. No aceptó la opinión del Fondo.
En nuestra perspectiva hay que seguir discutiendo los sobrecargos y la suba de tasas que, entre ambas, generan cerca de 3 mil millones de dólares al año de pago adicional por parte de la Argentina.
No hay dudas de que el tema es cómo sacarse al FMI de encima. La Argentina nunca debería haber tomado ese crédito, es decir, Mauricio Macri y su gobierno no deberían haber endeudado al país del modo en que lo hicieron. Cuando Sergio Massa dice “tenemos que sacarnos de encima al Fondo para siempre, para que no vuelva nunca más” está planteando una meta central de una política soberana.
Recuperar soberanía para impulsar con más fuerza un proyecto sustentable de crecimiento con distribución e inclusión es el objetivo primordial.