Página/12 | Opinión
El título del libro de Jorge Luis Borges, Historia universal de la infamia, podría ser parafraseado en la actualidad como Historia nacional de la arbitrariedad. Varios hechos recientes que tienen a la Corte Suprema de Justicia como protagonista avalan este señalamiento.
El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, afirmó que “el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria”, ya que ello “implica no defender la moneda y consecuentemente traicionar el mandato de la Constitución Nacional”.
¿Qué dice el artículo 75 en su inciso 19 en su primer párrafo? “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.
El título introductorio al artículo mencionado señala: “Capítulo Cuarto. Atribuciones del Congreso”.
Es decir: como miembro de la Corte, Rosatti con sus declaraciones invade las facultades de otro poder del Estado, el Legislativo, que es el que tiene explícitamente atribuida por la Constitución, entre muchas otras, la tarea de proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda.
Podría haber una objeción a este planteo: que el presidente de la Corte se manifiesta como integrante de un cuerpo que debe velar por el cumplimiento de la Carta Magna y que, en este caso, el Congreso no estaría siendo fiel al mandato constitucional. Sin embargo, suponiendo que este criterio fuera válido, llama la atención que su preocupación se centre sólo en la emisión monetaria y no en el resto de los temas que señala el artículo 75. Aún más: tampoco parece haber una preocupación explícita por el incumplimiento total o parcial, entre otros, del artículo 14 bis cuando aquel sostiene que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
Se ejerce la arbitrariedad cuando se interviene sobre las atribuciones del Poder Legislativo y se vuelve a ejercer la arbitrariedad cuando se sostiene una supuesta defensa de constitucionalidad pero “selectiva”. Porque cuestiona la que, según él, es una “expansión incontrolada de la emisión monetaria” pero nada dice sobre el desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, la productividad de la economía nacional, la generación de empleo y la formación profesional de los trabajadores, todos temas a los que también se refiere el artículo 75. Además, esta preocupación “constitucional selectiva” coincide con un eje central del discurso de la principal oposición en la Argentina: la crítica a la emisión monetaria.
No es el único tema en el que la Corte y la principal oposición coinciden. Con relación a la suspensión de las elecciones a gobernador en las provincias de San Juan y Tucumán por parte del máximo órgano del Poder Judicial, Patricia Bullrich sostuvo: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja”.
El plural tiene la forma de una autodenuncia. ¿Quiénes frenaron las elecciones en Tucumán y en San Juan? Por supuesto: Juntos por el Cambio gestionando y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia concediendo.
Por lo cual, la metáfora futbolística de Mauricio Macri intentando asimilar la Corte Suprema de Justicia a un árbitro en un partido de fútbol se cae por su propio peso: “Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar”, declaró Macri. El expresidente reivindica la supuesta independencia y legitimidad de la Corte en simultáneo a que ese mismo organismo se alinea con las posiciones de Juntos por el Cambio. Macri promueve un árbitro arbitrario.
En su primer informe de gestión ante el Senado, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó con respecto a la Corte Suprema de Justicia: “Hay un supra poder, o un poder paralelo, que no tiene legitimidad democrática pero condiciona la vida democrática de los argentinos. Quienes sean nuestros candidatos o candidatas no solamente tendrán que ganar elecciones, sino que también tendrán que desarmar este poder. Si no se desarma este poder, es imposible gobernar la Argentina”.
En otro orden de cosas, el ministro de Economía brasileño, Fernando Haddad, le expresó a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, preocupación por la situación económica en la Argentina y señaló que la solución requiere de una renegociación con el FMI que debe ser respaldada por Estados Unidos y Brasil. “Traje este problema porque es una cuestión importante. Argentina es un país muy importante en el mundo y particularmente en Sudamérica. En segundo lugar, porque la solución para Argentina pasa por el FMI. Si Brasil y Estados Unidos están juntos en este apoyo, puede facilitarle las cosas a la Argentina”, aseguró el ministro brasileño. Haddad anticipó que la semana que viene el presidente Lula acudirá a la cumbre del G-7, en Hiroshima (Japón), y llevará el mismo mensaje sobre Argentina.
Mientras ese poder paralelo, el Judicial, no tiene legitimidad democrática pero condiciona la vida democrática de los argentinos, otro poder, el de los grandes medios de comunicación, trabaja permanentemente para crear o magnificar situaciones de crisis y de supuesta ineficacia gubernamental, tal como sucedió con el tratamiento que le dieron al reciente encuentro entre los presidentes de Argentina y de Brasil.