Tiempo Argentino | Opinión
El presidente Alberto Fernández inauguró el 141º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. El mandatario comenzó haciendo una mención a los 40 años ininterrumpidos de democracia, un acontecimiento que no debe pasar desapercibido, como tampoco «uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner».
Al referirse al accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la distribución de los fondos de la coparticipación, diputados y diputadas de la principal fuerza de la oposición respondieron mediante gritos e insultos. No deja de generar gran preocupación y tristeza el desprecio por las instituciones, y más aún si ello ocurre en plena Asamblea Legislativa. Está claro que sólo aceptan dialogar cuando no se ponen en cuestión ideas o políticas que rechazan ideológicamente. Ante ello, es importante ampliar las bases de la democracia, y generar un verdadero diálogo político, que tenga como objetivo avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Precisamente, una idea que atravesó toda la intervención del presidente fue la igualdad, un concepto bombardeado constantemente por los «poderes mediáticos y fácticos, minorías intensas que desprecian la política» y que «se ubican en los márgenes de la sociedad». Son los mismos sectores que en nombre de la libertad propician la pérdida de derechos, señaló.
En varios momentos del discurso se mencionó el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Para ejemplificar el alcance de la herramienta que el Parlamento aprobó en 2020, se destacó la utilización de los fondos en la financiación del gasoducto Néstor Kirchner, así como también en la constitución de una cooperativa de reparaciones eléctricas, que se creó bajo el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Tuve el orgullo de trabajar en este proyecto conjuntamente con el diputado Máximo Kirchner, con la ayuda de diputados y diputadas del Frente de Todos. Pero lo más importante es que se trata de una iniciativa que marca el sendero de las políticas redistributivas necesarias y que refuerza el imprescindible rol que debe cumplir el Estado. A tener en cuenta: en 2019 el macrismo trató infructuosamente de poner en marcha la construcción del gasoducto Néstor Kirchner a través de la participación público privada, una clara muestra de las diferencias existentes entre los dos modelos.
En la intervención se llevó a cabo un balance de la gestión, con un extenso listado de los números positivos de la actividad económica y de los avances en rubros como energía, ciencia y tecnología, educación y salud, entre otros, sin desconocer, no obstante, la problemática de la pobreza, la inflación, la inseguridad y los bajos ingresos.
Sobre la evolución de los precios, en particular, se señaló que el Gobierno está abocado a reducirla, «sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento que venimos experimentando» y se recordó a quienes minimizaron el problema y acabaron por profundizarlo. Esta lógica de reducción gradual de la inflación es la que está contenida en la actual Ley de Presupuesto 2023, aprobada por el Parlamento, que plantea un aumento de precios del 60% para 2023, del 44% para 2024 y del 33% para 2025.
El titular del Ejecutivo también destacó el importante desempeño de empresas como YPF, Aerolíneas e INVAP, y no dejó de alertar que «estamos viendo cómo (desde la oposición) anticipan un nuevo embate privatizador sobre las empresas públicas, precedido de una campaña de desprestigio».
Este listado de la gestión, mechado con desafíos y advertencias, evidencia la importancia de contar con un Estado activo para generar condiciones para el desarrollo económico y social y para una mayor igualdad.
Moratoria previsional: una ley que otorga derechos
El pasado 28 de febrero, la Cámara de Diputados convirtió en Ley el proyecto de Moratoria Previsional, a pesar del rechazo de Juntos por el Cambio (JxC) y de los bloques que conducen Javier Milei y José Luis Espert. La iniciativa, que contaba con media sanción en el Senado, se había presentado para debatir en el recinto por primera vez el 21 de diciembre del año pasado. En aquel entonces no pudo ser tratada dada la negativa del bloque de JxC a dar quórum, algo similar a lo que ocurrió a principios de febrero, alegando arbitrariamente, en esta última oportunidad, que se proponían impedir el tratamiento del proyecto de juicio político a la Corte Suprema.
La ley que se acaba de aprobar recoge los resultados de experiencias anteriores en nuestro país, que redundaron en beneficios concretos para los/as adultos/as mayores y llevaron a que en la actualidad el 95% de ese segmento esté recibiendo un haber. Con la ley aprobada, se busca mantener ese nivel de cobertura. Un dato que da cuenta de la relevancia de este tipo de medidas es que del total de quienes perciben haberes, el 65% llegó gracias al beneficio de la moratoria. Ahora, tras la aprobación del proyecto, en 2023 podrán acogerse a la jubilación unas 800.000 personas, principalmente mujeres, lo que indica que la ley aprobada también expresa una política con perspectiva de género.
Entre las características innovadoras de la nueva moratoria se incorporó un mecanismo mediante el cual las personas podrán ir abonando cuotas durante la vida laboral, a sabiendas de que van a alcanzar la edad jubilatoria sin los 30 años de aporte requeridos.
Está claro que esta ley es un paliativo y que no resuelve el problema de fondo. Que a esta situación de falta de aportes se llega producto de serios problemas estructurales dentro del mercado de trabajo (informalidad, desocupación, subocupación, brechas de género en el nivel de los ingresos laborales): la informalidad afecta a cerca de un tercio de la población trabajadora.
Al respecto, omitiendo deliberadamente este rasgo estructural, la principal fuerza opositora presentó un dictamen de minoría para que cada quien reciba su beneficio previsional a partir de los aportes efectivamente ingresados (con más de diez años) y partiendo de un 70% de la jubilación mínima: es bajarle el precio a la inclusión previsional. En verdad, estas propuestas se emparentan con la idea individualista que inspiró al fracasado esquema de capitalización de los ’90.
El desarrollo sostenido con inclusión no se consigue con políticas de ajuste, de reducción de derechos y de una mayor concentración de ingresos, que es lo que la oposición sigue proponiendo con el agravante de que anuncia que lo harían en 100 horas, es decir, lo más rápido posible.
Con todos los desafíos que tenemos por delante, es preciso profundizar el actual modelo, para seguir avanzando hacia una sociedad cada vez más igualitaria y que no beneficie sólo a las minorías del poder.