Página/12 | Opinión
La insatisfacción social y el enojo tienden a ser canalizados en muchos países por la derecha más extrema. Por un lado, hay una tendencia global al empeoramiento de la existencia de la mayoría de los habitantes del planeta por la aplicación de políticas que generan más exclusión, desigualdad, pobreza, indigencia y, por lo tanto, mayor malestar; por el otro, si ese malestar resulta canalizado por proyectos de derecha extrema, ello tiende a generar un aumento de ese malestar. Estamos ante un círculo trágico: el malestar produciendo mayor malestar y la democracia produciendo menor democracia.
Es en ese marco que se instala con fuerza la idea del pacto democrático: la propuesta de un acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales para defender una práctica política basada en el diálogo, la tolerancia, el reconocimiento del otro y la renuncia a todas las formas de la violencia. Se trata de un nuevo consenso democrático que tiene como objetivo aislar a esa nueva derecha discriminadora y violenta.
De ello ha hablado el presidente electo de Brasil, Ignacio Lula da Silva, con el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, la mañana posterior a la noche del triunfo del dirigente del Partido de los Trabajadores en las elecciones de su país.
En la misma perspectiva, la semana pasada, en el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica en Pilar, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, señaló la necesidad de recuperar “la capacidad de discutir sin agravios, sin violencia y con números” y de “reconstruir un acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas a través de la violencia”. Agregó: “me permito desde la experiencia personal hablar de un nuevo acuerdo democrático”.
Estos dirigentes, entre otros, han logrado comprender el enorme riesgo ante el que se encuentra el sistema democrático. Por eso, proponen escenarios donde la competencia política se mueva dentro de determinados márgenes que resulten imposibles de vulnerar. Parafraseando la famosa frase: fuera de la violencia, todo; dentro de la violencia, nada.
Por supuesto: esto no quiere decir que los otros problemas no existan. La pandemia y luego la guerra en Ucrania han generado una agudización de la concentración de la riqueza y un aumento de la pobreza a escala global. Por un lado, los milmillonarios son más ricos ahora que antes de la pandemia y, por otro lado, hay cientos de millones de habitantes del mundo más pobres. El problema, como siempre decimos, es cómo se acumula y cómo se distribuye.
El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, ha señalado recientemente que los gobiernos de los países de la región “deberían subir el nivel de ambición porque el deterioro y las circunstancias así lo demandan. En vista de la magnitud del shock, no es un momento para cambios graduales o tímidos”. En ese marco, Salazar-Xirinachs propone adoptar políticas como la de negociar pactos fiscales y aprobar algunos impuestos, en lo posible progresivos, como por ejemplo un tributo a las rentas extraordinarias alcanzadas por sectores que se han beneficiado por el mayor valor de los productos primarios. Finalmente agregó que “una política clave es la reactivación económica porque, aun sin una reforma tributaria, si un país, en vez de crecer al 0,2%, crece al 2 o al 3%, ya eso le da muchos más ingresos tributarios y abre un poco de espacios fiscales”.
Se trata de refundar el pacto democrático y, junto a ello, mejorar la distribución del ingreso y de la riqueza. Son dos agendas simultáneas e interrelacionadas. Las dos confluyen en el objetivo de aislar a las derechas extremas.
También es necesario colocar en la agenda el tema del Poder Judicial. Un sector de este último reactiva causas contra la Vicepresidenta y la Corte Suprema interviene sobre el Poder Legislativo a través de un fallo que revoca la decisión del Bloque de Senadores del Frente de Todos de constituir un interbloque. Este fallo político escala un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo.
Al mismo tiempo, el presidente Alberto Fernández continúa con una intensa agenda de gestión. Durante la semana inició una gira por Francia y participará en Bali, Indonesia, en la 17° Cumbre de Líderes del G20. En la reunión con Emmanuel Macrón, Fernández abogó por que el FMI deje de cobrar sobrecargos a los países endeudados y su par francés se comprometió a tomar el tema y proponer su discusión durante la cumbre del G20.
Además, el Poder Ejecutivo anunció un aumento de las jubilaciones y pensiones y un refuerzo mensual durante los meses de diciembre, enero y febrero para las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos. También lanzó el programa Precios Justos con la intención de contribuir a quebrar la inercia inflacionaria. El acuerdo alcanza a más de 100 empresas que abarcan el 86% del consumo masivo en el país. Son 1.788 productos (que podrán ser más de 2 mil en los próximos días) cuyos precios —el promedio de los que rigieron durante octubre más un 4%— no se modificarán hasta fines de febrero de 2023. El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que “el acuerdo de Precios Justos resuelve uno de los problemas de la inflación; pero debemos seguir trabajando en el sendero de la política fiscal y la acumulación de reservas”.
Estuvieron en el acto de lanzamiento del programa empresarios, sindicalistas e intendentes. Para que este acuerdo voluntario se cumpla y que no haya comportamientos abusivos se implementará “desde La Quiaca a Ushuaia” un sistema de verificaciones y multas en conjunto con las intendencias y organizaciones de defensa del consumidor.
Durante la semana se debatió sobre la necesidad de encontrar el modo de institucionalizar la discusión y la elaboración de políticas en la coalición gubernamental.
Es una obviedad: el Frente de Todos es un frente. Como tal, contiene una serie de matices y puntos de vista diversos. Es un instrumento político creado para resolver un problema coyuntural: impedir que el macrismo lograra su reelección y profundizara su modelo regresivo y concentrador. En el futuro inmediato tenemos el mismo desafío: impedir que vuelva el neoliberalismo a la Argentina. La unidad continúa siendo una necesidad estratégica.
Es imprescindible estar juntos para impedir el retorno de los que, esta vez, no proponen ningún gradualismo sino avanzar a toda velocidad con su proyecto orientado a empeorar la vida de las grandes mayorías.