Perfil | Opinión
Sería un error grave minimizar el avance de la derecha más extrema en el mundo. Ocurre en Europa y en los Estados Unidos, Brasil y la Argentina, entre muchos otros países.
En ese escenario, se fortalece la idea del pacto democrático, es decir, de la refundación de un consenso amplio entre la mayoría de las fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales detrás de las nociones de diálogo, tolerancia, reconocimiento del otro y renuncia a todas las formas de la violencia.
De ello se habló en el encuentro entre el presidente electo del Brasil, Ignacio Lula da Silva, y el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, la mañana posterior a la noche del triunfo del dirigente del Partido de los Trabajadores en las elecciones de su país.
La semana pasada, en el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica en Pilar, la Vicepresidenta señaló la necesidad de recuperar “la capacidad de discutir sin agravios, sin violencia y con números” y “reconstruir un acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas con violencia”. Agregó: “me permito desde la experiencia personal hablar de un nuevo acuerdo democrático”.
Las alertas están por todos lados. El día siguiente al triunfo de Lula en Brasil, en San Miguel del Oeste, en Santa Catarina, una ciudad muy próxima a la frontera con Misiones, cientos de golpistas practicaron el saludo nazi mientras cantaban el himno nacional. Exigían la participación del ejército en el movimiento desestabilizador que no reconocía la victoria de Lula.
Poner fin a la generalización de la violencia se convierte en una prioridad absoluta. Por supuesto: no quiere decir que los otros problemas no existan. Pero resolver este tema es la condición para también ocuparse de todos los otros. En todo caso, se trata de agendas simultáneas.
Lula, junto a la insistencia en la necesidad de reponer la democracia y en profundizar la integración regional, viene sosteniendo la idea de “trabajar para que todos los brasileros puedan comer”.
Es decir: se trata de restablecer el pacto democrático en términos de reglas de convivencia, tolerancia y supresión de la violencia, pero también en términos reales de mejora en la distribución del ingreso, de aumento de los salarios tanto formales como informales, de mayor inclusión, de retroceso de los índices de pobreza y de indigencia y de mayor igualdad, entre otros indicadores.
Mientras, parte del Poder Judicial reactiva causas contra la Vicepresidenta y la Corte Suprema interviene sobre el Poder Legislativo a través de un fallo que revoca la decisión del Bloque de Senadores del Frente de Todos de constituir un interbloque.
Este fallo político escala un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo. El interbloque de senadores oficialistas afirmó que “se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura”. Agregó que “el fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado”.
Finalmente, señaló que el juez Horacio Rosatti “no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura”.
Mientras, el presidente Alberto Fernández inició una gira por Francia y participará en Bali en la 17° Cumbre de Líderes del G20. En simultáneo, el Poder Ejecutivo anunció un aumento de las jubilaciones y pensiones y un refuerzo mensual durante los meses de diciembre, enero y febrero para las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos. También lanzó el programa Precios Justos con la intención de quebrar la inercia inflacionaria, indispensable para que el crecimiento de la actividad económica sea acompañado por un adecuado proceso de distribución.
En el plano específicamente político, así como la unidad fue necesaria para llegar al gobierno, hoy resulta imprescindible para tener chances de ganar las próximas elecciones. De lo contrario, se abrirá el camino a una derecha neoliberal a la que no le temblarán las manos para terminar con los derechos de las trabajadoras, los trabajadores y demás sectores populares que representan a la inmensa mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país.