Perfil | Opinión
Hay problemas que persisten en la Argentina, y uno de los más relevantes es la inflación. En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor fue del 6,2%, una cifra altísima, aunque levemente inferior a la de los dos meses anteriores: un 7,4% en julio y un 7,0% en agosto. No es para alegrarse, pero debería ser el comienzo de una tendencia.
Este descenso se encuadra dentro del objetivo de ir bajando la inflación de modo gradual. Las políticas de shock, como muestra la experiencia global, suelen ser fuertemente recesivas. Este gradualismo también está presente en el proyecto de Presupuesto: prevé un 60% para el año que viene, un 44% para el 2024 y un 33% para el 2025. En el marco de una baja sostenida, se busca ir mejorando los ingresos de la sociedad y, sobre todo, de los sectores sociales más vulnerables.
¿Cómo se explican estos niveles altos de inflación? Para responder a esta pregunta, primero es necesario terminar con la fantasía de que la inflación es un fenómeno autónomo del resto de las variables de la economía. Históricamente, el aumento de los precios fue explicado por la incidencia de un conjunto de factores. Podía tratarse de una devaluación, de los aumentos salariales, del incremento de las tarifas o de la emisión monetaria. Pero hoy ninguno de estos factores puede explicar lo que sucede con el alza de los precios. Porque, en la actualidad, ocurre al revés: todas esas variables se ajustan al ritmo de la evolución de la inflación. A mi juicio, hay alta inflación debido fundamentalmente a la especulación y a la puja distributiva.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), un informe del que participan 40 consultoras, bancos y otras entidades que pronostican mes a mes qué va a pasar con un conjunto de variables de la economía, es un buen ejemplo de cómo se generan esas expectativas. Durante el gobierno de Mauricio Macri todos los pronósticos promedio de inflación estimados por el REM eran menores que los que luego terminaron siendo los índices de variación de precios. A partir de la asunción de Alberto Fernández, esta tendencia se invirtió: comenzó a pronosticar una inflación siempre mayor que la real.
En la misma línea, algunos empresarios, ante el supuesto riesgo de una devaluación, aumentan los precios. Pero, luego, cuando la devaluación no se produce, no los bajan. El resultado es que los incrementos quedan y, por lo tanto, quienes produjeron esos aumentos amplían sus márgenes de ganancias. Las consecuencias las sufren las familias, las pymes y, sobre todo, los sectores más vulnerables de la sociedad, que pierden la capacidad de adquirir productos básicos para sobrevivir dignamente. Este proceso nocivo es el que hay que interrumpir.
Como ya dijimos, el aumento de los precios también es una manifestación de la puja distributiva: si el precio del trabajo es el salario, y si el aumento de este va por detrás del aumento de los precios de los artículos, entonces los formadores de precios se apropian de un pedazo más grande del producto.
El Estado dispone de muy pocas herramientas para enfrentar este problema. Una de ellas es el Programa Precios Cuidados. Recientemente, la Secretaría de Comercio Interior multó a cadenas de supermercados en 404 millones de pesos por diversos incumplimientos en el período 2020 y 2022: exceso en los precios, falta de oferta en las góndolas de productos incluidos en los acuerdos o mala señalización. El Gobierno también publicó en el Boletín Oficial la resolución que refuerza la fiscalización de rotulados y etiquetas. Además, verificadores de la Secretaría de Comercio Interior conducen operativos en distintos comercios para corroborar el cumplimiento de los acuerdos. Por supuesto, estas herramientas son insuficientes.
Pero el problema no es nuevo. En 1952 Perón lanzó el primer plan contra el agio y la especulación. De ello hace 70 años. Durante todo este tiempo venimos conviviendo con una puja distributiva en la que solo en los períodos en los que hay fuerte presencia del Estado se mejora la vida de los sectores medios y demás sectores populares.
En esta lucha estamos. A diferencia de quienes quieren un Estado mínimo, nosotros impulsamos un Estado activo que interviene en la consolidación de un modelo de crecimiento con distribución e inclusión.