Página/12 | Opinión
El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, un hecho absolutamente conmocionante, debe transformarse en un límite absoluto para la Argentina actual.
Estamos ante la oportunidad de generar un consenso amplio entre todos los sectores democráticos del país para aislar los discursos de odio, de estigmatización y de deshumanización. Estos, repetidos muchas veces, generan el caldo de cultivo para los actos de violencia. La Argentina debe volver a la cultura de la discusión y del intercambio de ideas. Con el adversario se debate y se polemiza, pero nunca se lo debe considerar un enemigo al que hay que eliminar.
La instalación de los climas de odio es una práctica naturalizada. La referencia a “sicarios que deberían asesinar a la Vicepresidenta”, la representación de escenografías en el espacio público con horcas y guillotinas y el llamado a la eliminación de identidades políticas como el kirchnerismo se han repetido peligrosamente en los últimos tiempos. La cultura de la muerte en ningún caso es compatible con la cultura democrática.
La Defensoría del Público, en el marco del trabajo que viene realizando con el Centro Ana Frank Argentina, definió a los discursos de odio como “cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social”.
Es decir: los discursos del odio son aquellos que generan las condiciones para el ejercicio de la violencia, la discriminación y la deshumanización. Cuando se dice “hay que eliminar al kirchnerismo”, “son ellos o nosotros” o “hay que barrer a la «casta»” se están aplicando esos discursos contra un sector o contra toda la política. Lo mismo sucede cuando se descalifica globalmente a la dirigencia sindical o social. Si desde ciertos ámbitos se sostiene permanentemente que “los dirigentes políticos, sindicales y sociales son unos chorros” inmediatamente irrumpe el discurso que propone “borrar a la «casta» y echarlos a todos”. En estos casos, el sistema se caracteriza por inducir la supresión del otro y no por intercambiar ideas y argumentos.
Mientras todo esto se debate, en otro plano, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un tipo de cambio a 200 pesos por dólar para la liquidación de la soja y sus derivados que regirá durante veinticinco días. En ese marco, el sector agropecuario asumió un compromiso de liquidar parte del stock de soja por un valor equivalente a los 5.000 millones de dólares. Es necesario aclararlo: quienes participan de esa operatoria recibirán pesos y los dólares pasarán a engrosar las reservas del Banco Central. Tras la implementación de la medida se alcanzaron rápidamente muy buenos resultados: en los cinco primeros días ya se habían liquidado productos por un valor superior a los 1.900 millones de dólares, lo que permitió que el Banco Central incrementara sus reservas en la última semana en alrededor de 1.030 millones de dólares.
La iniciativa generó un clima de expectativas positivas por lo que los tipos de cambio especulativos tuvieron un fuerte retroceso. Todo indica que la Argentina no tiene ninguna necesidad de devaluar su moneda más allá de sus correcciones diarias y que este acuerdo anunciado por el ministro, entre otras políticas, le va a dar al país el respiro necesario para fortalecer sus reservas. Hay quien se pregunta si el gobierno cedió frente a la presión de aquellos que tienen guardada la soja en las silobolsas. En un escenario con un margen de acción acotado, la actual gestión tomó una medida que le permitirá generar reservas, tranquilizar la economía y avanzar en las políticas antiinflacionarias, entre otras trascendentes cuestiones.
La Argentina, además, tiene pendiente lograr el acuerdo por la segunda revisión con el FMI, lo que le abriría el camino a otros ingresos de divisas y a un mayor fortalecimiento de las reservas. Las noticias conocidas hasta ahora indican que no habría modificaciones en el acuerdo con el organismo internacional de crédito pese a la magnitud de los cambios que se produjeron en el mundo desde que el mismo se firmó. En la misma línea, las ya avanzadas negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial apuntan también a seguir fortaleciendo las reservas. Luego de las conversaciones entre el ministro de Economía y el presidente del BID, se conoció que el Directorio de dicho organismo tratará en septiembre la aprobación de préstamos por 1.200 millones de dólares de libre disponibilidad, entre otros diversos proyectos de financiamiento.
Hay otra negociación en curso de una enorme importancia: la que el gobierno lleva adelante con el Internal Revenue Service (IRS), el equivalente en Estados Unidos de la AFIP, para acceder a las cuentas no declaradas de argentinos que tienen depósitos en este último país. De cerrar el acuerdo, según cálculos que se conocieron, se generaría una base imponible de por lo menos 100.000 millones de dólares, lo cual permitiría contar con mayores recursos presupuestarios derivados del impuesto a los bienes personales y de las ganancias por los intereses generados.
El titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, se refirió al Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria firmado entre nuestro país y Estados Unidos en diciembre de 2016. Y explicó que el objetivo del nuevo acuerdo es el intercambio de información de cuentas financieras de manera “automática” o “masiva”, tal como lo tienen, por ejemplo, Brasil o Colombia.
El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, confirmó los avances en las negociaciones y afirmó que “la diferencia entre el acuerdo vigente, que tiene un funcionamiento muy lento, y lo que se está proponiendo, apelando al artículo 6 del entendimiento de 2016, es el intercambio automático de información sobre todos los impuestos administrados por la AFIP”.
En la Argentina es necesario trabajar en varios frentes a la vez para producir cambios simultáneos. Por un lado, en su cultura política para excluir los discursos del odio, entre otros temas; por otro, en su cultura económica para limitar conductas especulativas y mejorar las políticas distributivas. Gradualmente, se intenta avanzar en esos caminos de transformación.