Ámbito Financiero | Opinión
La crítica desde las usinas neoliberales a la presión o carga fiscal, medida como porcentaje de la recaudación en el PIB, está indicando implícitamente que los impuestos deben reducirse a una mínima expresión, siguiendo la línea del Estado canchero y la búsqueda de la maximización de la gran ganancia empresarial.
La noción del “ahogo” fiscal se puede refutar a partir de los datos de la OCDE. Si se toma el promedio (2018-2020) de los ingresos fiscales como proporción del PIB, Argentina llega al 28,7%, por encima de la región (22,4%), pero menor al del club de los países de la OCDE (33,5%), y mucho más bajo que en Francia (45,4%) e Italia (42,4%). Lejos de la mentada “asfixia”.
Además, al compararlo con otros países de la región, el indicador en Argentina está por debajo de Brasil (32,2%) y muy cerca de Uruguay (26,7%), país que es considerado por el establishment y sus analistas como un “paraíso” fiscal, en el que se pagan muy pocos impuestos.
Otro aspecto a considerar, y que surge también de las estadísticas de la OCDE, es la regresividad de los esquemas tributarios de la región. En el período 2018-2020 los impuestos sobre los ingresos, beneficios y ganancias de capital representaron en América Latina y el Caribe un 6% del PIB, casi la mitad de lo que recauda por este concepto la OCDE (11,3%). En el caso particular de la Argentina, en esos años el indicador fue del 5,2%, superado por México (7,2%), Brasil (7,1%), Chile (7%), y sin punto alguno de comparación con países como Dinamarca (29,2%), Italia (13,5%), Francia o Estados Unidos (ambos 11,6%). Estos números indican que toda la región está muy alejada de los parámetros internacionales y que hay margen para avanzar hacia una mayor progresividad. Esto último incluye temas que recomiendan últimamente varios organismos internacionales, como un mayor combate contra la evasión y la elusión fiscal. No parece ser una tarea sencilla, teniendo en cuenta noticias como las que se pudieron leer en la semana: “Informe privado: pagar todos los impuestos obligaría a las empresas argentinas a cerrar sus puertas”. Lo que reconocería, implícitamente, que las empresas evaden buena parte de los impuestos; una premisa extrema, aunque ello no significa que no haya que seguir mejorando la fiscalización, en particular a las grandes empresas del sector exportador.
Resulta esencial dar respuesta a los razonamientos falsos que se tratan de instalar, con el objetivo de rechazar una iniciativa puntual, que apunta a captar beneficios extraordinarios y no previstos (producto de una guerra) para minimizar algunos de los impactos más evidentes, como es la suba del precio de los alimentos. Por ejemplo, Italia eleva hasta el 25% el impuesto sobre los beneficios caídos del cielo de las energéticas.
El proyecto argentino sobre renta inesperada impactaría, según el Gobierno, en menos del 1% de las empresas más grandes. No obstante, desde las oposiciones neoliberales, y por fuera del contexto que impone la guerra, se habla de “impuestazo” y se intenta marcar la agenda para que no se avance hacia una fiscalidad más progresiva y hacia una sociedad más justa y equitativa.