Página/12 | Opinión
El proyecto para crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda, presentado por un grupo de senadores y senadoras del Frente de Todos durante la semana que pasó, es una iniciativa que coloca a toda la coalición de gobierno a debatir con la principal oposición. Además, nos sitúa nuevamente ante una distinción nítida: el interés nacional frente a los evasores y fugadores de capitales.
El proyecto propone dos regímenes. Uno de ellos fomenta el acogimiento voluntario a un plan de regularización de quienes han llevado dinero al exterior sin declarar y sin pagar los impuestos y que, por lo tanto, han incumplido con la ley. Si estas personas o empresas hicieran una presentación espontánea en los primeros seis meses luego de sancionada la iniciativa, deberían pagar sólo un 20% del total de lo evadido. Si, por el contrario, lo hicieran entre los seis meses y un año abonarían un 35%.
El segundo es un régimen penal que promueve, entre otras cosas, investigaciones para descubrir a evasores con bienes en el exterior sin declarar. En el caso de ser descubiertos, tendrían la opción de abonar, en los siguientes quince días a que ello sucediera, el 50% del valor de lo evadido y, de ese modo, quedar exceptuados de la judicialización correspondiente.
La otra novedad del proyecto es que se crearía la figura del colaborador, que es aquel que denuncia y que ayuda en la búsqueda del infractor. La medida establece explícitamente que el mencionado colaborador debe ser cuidado y protegido en su identidad. Incluso tendría acceso a una recompensa en la medida que su información sirviera para que se recupere el dinero fugado irregularmente. Esa recompensa alcanzaría hasta el 30% de lo denunciado y efectivamente recuperado.
Este proyecto de ley tiene antecedentes en la historia reciente. En el año 2015, por ejemplo, se elaboró en el Parlamento un extenso informe que contenía las conclusiones de la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a Facilitar la Evasión de Tributos y la Consecuente Salida de Divisas del País, que presidía el entonces diputado nacional y actual secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.
Algunas de mis propuestas finales, como integrante de esa Comisión Bicameral, fueron la eliminación o aguda limitación de las guaridas fiscales y la restricción de la “Private Banking” o “Banca en Secreto”, presente especialmente en las entidades financieras internacionales. También señalé la necesidad de crear la figura del colaborador, que en aquel entonces denominé denunciante. Sosteníamos ya la conveniencia de proteger a estas personas, en especial en los casos de las prácticas bancarias relacionadas con el lavado de activos.
En la misma perspectiva, describimos, entre otros casos y como ejemplo, lo que sucedía en el Estado de Delaware, en los Estados Unidos, uno de los más pequeños y de menor densidad poblacional de ese país. En su sitio oficial de Internet se leía que su Secretaría de Estado tiene un modo de actuar “que se asemeja más al de una corporación que administra que a un aparato burocrático de gobierno”. Y en la Ley General de Sociedades de Delaware se dice que ella “está escrita con un sesgo en contra de toda regulación”. En mi intervención, en aquella oportunidad, agregaba un dato concluyente: “en Delaware, donde viven 800.000 personas, tienen radicación 850.000 empresas”. Finalmente concluía que “en la página del Departamento de Administración Presupuestaria de Estados Unidos en el año 2015, se habla de la necesidad de una reforma impositiva que apunte a que las empresas norteamericanas paguen impuestos por los 2 billones de dólares que tienen en el exterior no declarados, lo que permitiría crear más empleo, incentivar el crecimiento económico y proveer al Estado y a los gobiernos locales de la certeza que necesitan para planear el futuro”.
En síntesis: el proyecto presentado por los senadores y senadoras del Frente de Todos tiene un gran objetivo que es generar recursos para pagar lo adeudado al FMI. Se trata de una iniciativa dirigida a personas o empresas que han evadido el pago de impuestos y a las que se les da la posibilidad de regularizar su situación y, de esa manera, abandonar su estado de ilegalidad. Puede haber una cantidad de personas que digan: “bueno, acá tengo una oportunidad, pago y dejo de estar en infracción”.
Por supuesto, aprobar esta ley no va a ser fácil. Algunos sectores de la oposición han optado por combatirla inmediatamente. Pero, el debate dejará claro quiénes están protegiendo a los que no cumplen con las leyes y no han pagado los impuestos que tenían que pagar por el dinero que ganaron en la Argentina.
No es un camino único, hay que seguir trabajando en muchos frentes en simultáneo. Pero este proyecto va en la dirección correcta.
En la semana, también se conoció el índice de pobreza del segundo semestre de 2021: según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) fue del 37,3% de la población. Ello representa una baja de 3,3% respecto al 40,6% que alcanzó en el primer semestre de 2021. Es decir: más de 920.000 personas salieron de la línea de pobreza en los últimos 6 meses del año pasado.
No se trata de un dato aislado: está vinculado a otros como el crecimiento del 10,3% del PBI, la baja del desempleo del 7% y la suba del empleo en un 9,7%, entre otras variables. Por supuesto: no es para festejar. Es mucho lo que todavía falta hacer. Pero estos indicadores muestran una tendencia según la cual los argentinos y las argentinas estamos gradualmente un poco menos mal.
Estos resultados no son suficientes pero señalan un camino: el de continuar impulsando políticas que generen trabajo y que frenen la inflación para que los salarios y las jubilaciones no pierdan poder de compra en un escenario donde la guerra genera mayor presión sobre los precios a nivel global.
Estamos ante una nueva oportunidad para reimpulsar nuestro proyecto de crecimiento con distribución e inclusión social. Es responsabilidad de quienes integramos el Frente de Todos llevarlo a la práctica.