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El gobierno de Juntos por el Cambio contrajo un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dejó al país al borde del abismo.
Los números son elocuentes: 44.500 millones de dólares de deuda con plazos de devolución concentrados en 2022 y 2023.
Según esos vencimientos, imposibles de cumplir, la Argentina debería pagar al organismo internacional algo más de 39 mil millones de dólares en los próximos dos años.
No lo decimos sólo nosotros. El Financial Times, una publicación vinculada al establishment financiero internacional, afirmó recientemente: «Las raíces de la última crisis son profundas. El gobierno peronista heredó un desastre cuando asumió el cargo en 2019. La economía estaba sumida en la recesión y la montaña de deuda externa acumulada por el anterior presidente, Mauricio Macri, era impagable».
El mismo periódico agrega que el acuerdo al que la Argentina llegó con el FMI necesita «condiciones más estrictas».
Es decir: una especie de reconocimiento de que el país llevó adelante una negociación aceptable desde el punto de vista de sus propios intereses.
Por supuesto: no hay mucho para festejar. Pero, en una situación que no tenía salida, se encontró un camino posible.
No hay en el preacuerdo referencias a una reforma laboral, ni a privatizaciones, ni a la modificación del sistema previsional, ni otros condicionamientos que suele imponer el organismo internacional.
En sus grandes líneas, lo acordado no parece interferir con el proceso de recuperación económica del país ni con el modelo de crecimiento con inclusión que propone el actual gobierno.
Incluso, habría incrementos en la inversión y en la protección de los programas sociales. Nunca es bueno un acuerdo con el FMI, pero el resultado al que se arribó es bastante menos malo que otros que el organismo ha impuesto en el pasado reciente a lo largo y ancho del mundo.
El punto central del preacuerdo al que se llegó establece la refinanciación de todos los desembolsos recibidos por el gobierno de Macri, tanto los que se adeudan, que son la mayor parte, como los que ya se cancelaron al FMI.
La Argentina va a recibir, por cada vencimiento del crédito anterior, un préstamo para pagar lo que vence.
Para cada uno de esos desembolsos se establece un período de repago de 10 años, con cuatro años y medio de gracia.
Por lo tanto, hasta el segundo semestre de 2026 no tendremos que hacer ningún pago al FMI. Además, la meta de déficit fiscal primario sería del 2,5 por ciento en 2022, una baja de medio punto porcentual respecto al resultado de 2021.
Esa meta se puede alcanzar sin afectar el gasto con una economía en crecimiento, a la que hay que sumar las mejoras posibles de realizar en la administración tributaria incorporando más modificaciones progresivas en impuestos que gravan las grandes rentas y patrimonios, además de políticas para evitar la evasión o la elusión.
Un reciente informe de la CEPAL, afirma que la evasión en la región llega a 325.000 millones de dólares, el equivalente al 6,1 por ciento del PBI.
En el mismo trabajo la entidad sostiene la necesidad de «consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados con problemas de salud pública, y revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos no renovables».
Tampoco habría saltos devaluatorios y se mantendrían las regulaciones sobre la cuenta financiera, lo cual supone la continuidad de la restricción de la especulación y de la salida de capitales.
No se puede explicar cómo llegamos a la actual negociación con el Fondo sin analizar de dónde venimos.
¿Qué hicieron quienes gobernaron la Argentina desde el 2015 al 2019? Abrieron la economía, le pagaron a los fondos buitre según todo lo que estos demandaban e iniciaron un sideral proceso de endeudamiento.
A estos fondos les abonaron 9.300 millones de dólares emitiendo deuda y, junto a esta emisión, iniciaron la apertura del mercado para que los capitales golondrina entraran al país, acumularan ganancias y luego se fueran.
Cuando el endeudamiento alcanzó un límite y se acabaron los préstamos, acudieron al FMI y se endeudaron en otros 45.500 millones de dólares.
Por eso, la primera ley que sancionó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fue la 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
La misma establecía «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social».
En total, nueve emergencias. Entre estas, la financiera, sostenía que se debían «crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos».
El nuevo gobierno asumía en un país que había sido llevado al borde del precipicio.
Pero eso no fue todo: tres meses después llegaba el virus y sus terribles consecuencias. Comenzaba la superposición de lo que hemos llamado las dos pandemias, la generada por las políticas económicas del gobierno de Juntos por el Cambio y la producida por la circulación global del Covid-19.
De esas crisis venimos y de ellas, con las políticas propuestas, vamos a salir.
El gobierno del Frente de Todos nació en un contexto de emergencias y continúa lidiando con ellas. Gestiona en las peores condiciones y sus políticas son las indicadas en esos escenarios críticos.
Por eso, no debe sorprender que surjan diferencias de opinión y matices dentro de la coalición gubernamental respecto del acuerdo con el FMI.
Es lógico: aún la mejor de las negociaciones no estaba a priori entre las alternativas comprendidas en la visión de quienes integramos el oficialismo.
La decisión de impulsar un modelo de país autónomo sin interferencias externas es una de las convicciones más arraigadas del Frente de Todos.
Sin embargo, fue el gobierno de Macri quien hipotecó al país y decidió volver al organismo internacional aceptando todas sus condicionalidades.
A partir de esa situación previa, la gestión actual intenta llegar a un acuerdo que no interfiera con la profundización de un modelo de crecimiento con la gente adentro.
Lo que el Frente de Todos discute es cómo responder a las consecuencias de las políticas implementadas por la anterior administración.
Ello genera tensiones: obliga a elegir caminos en un contexto donde las crisis restringen las opciones.
En ese escenario, hoy más que nunca, no hay que perder de vista el verdadero problema: la situación crítica en la que dejó a la Argentina el gobierno de Juntos por el Cambio.