Tiempo Argentino | Opinión
El jueves el Indec dio a conocer la inflación de octubre, algo más alta que lo esperado, y casi idéntica a la del anterior mes. Los principales medios aprovecharon para titular que “pese al congelamiento”, la inflación de octubre fue de 3,5 por ciento. Este enfoque constituye una cierta distorsión de la realidad, ya que las medidas deberían impactar plenamente en noviembre. Lo que queda en evidencia es que los acontecimientos ratifican la necesidad de adoptar medidas, dado que existe un excesivo aumento de los precios.
No hay que perder de vista que el congelamiento por 90 días para alimentos y otros bienes de consumo masivo empezó a regir el 20 de octubre. Por esto muchas voces ya afirmaban que en dicho mes la medida impactaría muy poco. Los precios se miden según lo que ocurre durante todo el mes, no en una sola semana. Además estamos hablando de una canasta de algo más de 1400 productos, los que vienen envasados.
En el detalle, las dos divisiones de mayor incremento fueron Prendas de vestir y calzado (5,1%) y Salud (4,7%), esta última impulsada en gran medida por el alza de Gastos de prepagas. Se destaca también el fuerte aumento en frutas y verduras de estación. En el caso particular del Gran Buenos Aires, Verduras, tubérculos y legumbres subieron el 10,9 por ciento.
Por su parte, el rubro Carne y derivados subió mucho menos que el resto de los alimentos. Un 1,3% en GBA, tendencia que se viene observando desde julio, tras los fuertes aumentos en 2020 y el primer semestre de este año. Hay un impacto claro de las regulaciones. Entre las normas específicas que se adoptaron para el mercado de las carnes sobresale en particular la limitación de los embarques al exterior de carne vacuna, que originalmente era del 50% del promedio despachado el año previo. Esta medida se extendió hasta el mes de diciembre 2021 con ciertas flexibilizaciones (por ejemplo, liberalizando las exportaciones de carne de vaca de conserva, que no se consume en nuestro país y es muy demandada en China). Sin embargo, durante el año se fue adoptando todo un conjunto de disposiciones que no sólo tienen como objetivo estabilizar el precio de la carne, sino también reestructurar el funcionamiento de la cadena productiva cárnica y reducir su grado de informalidad.
Estamos en un contexto donde aumentan los ingresos, las personas salen a comprar para cubrir necesidades insatisfechas y suben los precios de los bienes que se quieren adquirir. Hay una demanda postergada por muchos meses, mayores ingresos, y suben los valores. Dado que no hay presión por el lado de los costos ni de la macroeconomía, es evidente que la inflación es fundamentalmente una expresión de la puja distributiva. Ante ello, las regulaciones son esenciales para evitar que las industrias y comercializadores de sectores concentrados se apropien de un mayor poder de compra de la población.
Pese a los datos de inflación, los salarios registrados (Indec) acumulan tres meses seguidos de incrementos reales: de julio a septiembre crecieron un 4,4 por ciento. Por su parte, los salarios no registrados evidenciaron una caída real del 3,3% en dicho período. También se acaba de anunciar una suba de las jubilaciones del 12% en diciembre, con lo que las jubilaciones terminarían en niveles por encima de la inflación en 2021.
Efectivamente, en algún lugar hay que frenar esta inercia inflacionaria. Inercia que, debe quedar claro, no se produce por los aumentos salariales: éstos se han firmado a principios de año con las pautas inflacionarias del Presupuesto 2021, pero luego fueron modificándose para no perder poder adquisitivo, debido a los incrementos de precios producidos. Por el lado de los costos, las tarifas de los servicios públicos no han subido; los costos financieros han bajado significativamente y los insumos importados se obtienen al tipo de cambio oficial que ha venido subiendo por debajo de la inflación. De allí que los aumentos han ido a engrosar la rentabilidad de las grandes empresas formadoras de precios.
Los controles de precios son una política transitoria, de corto plazo, para poder ir avanzando en la estrategia de más largo plazo. La misma debe incluir el análisis de la cadena de valor, para conocer cuáles son los márgenes, o si hay intermediaciones que no son necesarias. No es simple pero considero que es el camino. Desde luego habrá que seguir revisando y buscando acuerdos.
A propósito de acuerdos, en la semana se arribó a uno por los precios de los medicamentos, al que se llegó con las tres cámaras de laboratorios, nacionales y multinacionales. Se retrotraerá el precio de los remedios de prescripción al 1 de noviembre, los que se mantendrán hasta el 7 de enero próximo. Es un rubro de gran importancia que viene sufriendo incrementos que se encuentran por encima de la inflación. Se impulsará además la prescripción de medicamentos por nombre genérico, una normativa vigente desde 2002, pero que no mostró buenos niveles de cumplimiento en los últimos años. Por todo lo mencionado, seguramente la inflación de noviembre esté en niveles inferiores a la de los dos meses anteriores.
Legislando
También en el transcurso de esta semana, el gobierno promulgó dos leyes de suma importancia. Por un lado, mediante el decreto 782/2021 se efectivizó la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, una iniciativa fundamental para respetar el derecho a la información de los consumidores sobre aquellos productos alimenticios procesados que tengan exceso de nutrientes críticos. La información dispuesta tenderá a morigerar el aumento de la malnutrición o enfermedades crónicas como el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión o cardiovasculares. La norma había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de octubre y en la misma semana fue sancionada por el Senado. El Poder Ejecutivo dispone de 90 días para reglamentar la ley y dictar las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.
Otra de las leyes promulgadas, la de Alivio Fiscal, consiste en la condonación de deudas fiscales, aduaneras y de la seguridad social para cerca de 7000 entidades sin fines de lucro. También condona deudas de hasta 100 mil pesos a micro y pequeñas empresas y pequeños contribuyentes. Alcanza a unas 230 mil micro y pequeñas empresas, y unos 800 mil monotributistas y otros pequeños contribuyentes. Además, el Alivio Fiscal también incluye la extensión y ampliación del alcance de la moratoria impositiva, aduanera y previsional en tres segmentos: para aquellos que poseen moratorias anteriores caducas (que las dejaron de pagar) y les permite volver a re-empadronarse; para las deudas posteriores al 1 de agosto, con condiciones más ventajosas que las moratorias anteriores; y para aquellos que se encuentran en proceso de fiscalización por parte de la AFIP y que acepten la deuda determinada por el organismo, lo que reducirá profundamente la litigiosidad. Los planes alcanzan a todas las empresas, con algunas pocas excepciones, pero otorga mayores beneficios a los monotributistas, micro y pequeñas empresas, y entidades sociales.
La Ley de Alivio Fiscal es fiel a su nombre: que la cuestión tributaria, aduanera o de seguridad social no sea un obstáculo para la recuperación de muchas empresas, que arrastran deudas de varios años atrás. Cumplen con el fisco, reciben una importante condonación de intereses y multas, y poseen planes de financiación accesibles para el pago de las deudas.
Estas leyes, como tantas otras aprobadas recientemente, muestran un Parlamento y un Estado activos.