Perfil | Opinión
La política de control de precios implementada por el gobierno se ha transformado en un tema central de discusión entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Esta semana, María Eugenia Vidal, candidata de la principal oposición a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, afirmó con respecto al aumento de los precios que la ausencia de la resolución del problema no tiene que ver con los empresarios, sino con la emisión.
El tema de la emisión, así como está planteado, amerita una reflexión. Suele ocurrir que, cuando se les mejoran los ingresos a los consumidores y las consumidoras, estos se encuentren con una suba de los precios. Pero ello no es el resultado de la emisión sino de la apropiación que algunos empresarios hacen de la mejora de esos ingresos de la gente. En estos casos, la rueda de la economía no se moviliza, porque para que ello suceda, la plata que se distribuye le tiene que permitir a los consumidores adquirir más productos.
La compra de mayor cantidad de artículos estimula la producción, genera más empleo y hace subir el consumo en un proceso virtuoso de crecimiento. Por el contrario, lo que la inflación genera es la neutralización de las políticas distributivas del gobierno. La remarcación de los precios es el proceso por el cual los grupos monopólicos y los formadores de precios intentan apropiarse de los recursos adicionales que distribuyen las políticas públicas y las negociaciones paritarias. Es decir: con más dinero en sus manos, los consumidores compran lo mismo o menos. En contraposición, lo que la actual administración promueve es que con las mejoras en los ingresos los argentinos y las argentinas compren más y que, por lo tanto, los empresarios ganen por mayores ventas y no por las mismas ventas a un precio más alto.
¿Qué es entonces el congelamiento de precios? Un intento de que los mayores ingresos de los consumidores no sean apropiados por algunos empresarios vía remarcación de los precios. De lo que estamos hablando es de la transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen aún en el medio de la pandemia.
Por lo anterior, cada vez que se intentaron poner en práctica políticas de control de precios o de regulación del comercio exterior hubo tensiones. Porque, con esas intervenciones, lo que se disputa es el reparto de la torta. Pero, si para no tener conflictos con los formadores de precios no se avanza o se retrocede con las políticas de regulación, entonces, el conflicto termina produciéndose con la mayoría de la población. O se tensiona con unos o se tensiona con otros: con sectores empresarios que suben artificialmente los precios o con la mayoría de la población que, con el crecimiento de la inflación, paga cada vez más por la misma cantidad de productos.
Hay también otras cuestiones estructurales: por ejemplo, la concentración de la producción en pocas empresas. El antídoto es desarrollar políticas que estimulen la diversificación y la desmonopolización de la producción y de la distribución. Ello generaría condiciones de mayor competencia. Por supuesto, también hay distorsiones en las cadenas de valor e intermediaciones evitables. Si se resolvieran estos problemas ello contribuiría a reducir los precios finales de los productos.
Si los millones de argentinos y argentinas que hoy están condenados al sub consumo se convierten en consumidores, los volúmenes que se producirían serían más grandes, el uso de la capacidad instalada ociosa aumentaría y los costos unitarios bajarían. Cuando el gobierno afirma busquen la rentabilidad por cantidad y no por unidad, está diciendo que la gente tiene que tener más plata en el bolsillo para poder consumir y ello generará un mayor volumen de producción.
El congelamiento de precios es parte de una política para limitar el poder de los formadores de precios y defender los ingresos de los argentinos y las argentinas en el marco de un proyecto de desarrollo con inclusión.