Perfil | Opinión
El Presidente Alberto Fernández participó el martes pasado de modo virtual en el Diálogo de Alto Nivel convocado por la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo para debatir el impacto de la pandemia en el mundo del trabajo. En su intervención, se refirió a la necesidad de impulsar un pacto que permita extender los plazos de los pagos de los endeudamientos y reducir las tasas de interés en las actuales circunstancias de crisis social, sanitaria, financiera y ecológica. También llamó a repensar la arquitectura financiera internacional para hacer frente a la triple crisis de la pandemia, el cambio climático y la deuda que golpea duramente a los países de renta media como la Argentina.
En esa línea, se refirió a la necesidad de “ser creativos con los canjes de deuda por clima, dar a fondo el debate sobre el rol de las calificadoras de riesgo crediticio y sus metodologías de funcionamiento y profundizar el debate sobre el nuevo Impuesto Mínimo Global, para que favorezca puntualmente a las economías emergentes y contribuya a una acción de desconcentración de la riqueza”. Finalmente sostuvo que “urge aplicar la emisión de los derechos especiales de giro a un gran pacto de solidaridad global, que incluya a los países de bajos ingresos y renta media con alta vulnerabilidad climática, socio productiva y financiera. El mundo evidencia ya una recuperación a dos velocidades, lo que implica que, una vez más, muchos quedarán atrás. Hay que aprovechar esta crisis para salir transformados, para impulsar una transición hacia una economía más digitalizada, resiliente, sostenible y centrada en las personas”.
En simultáneo, en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden continúa avanzando con políticas que suponen una masiva expansión del gasto. Por un lado, impulsa un plan de obra pública por 1,2 billones de dólares; por otro, un paquete de inversiones por 3,5 billones de dólares. Su objetivo consiste en invertir en educación preescolar, en ayuda a los estudiantes universitarios y en ampliar la cobertura de salud para niños y ancianos a través del programa Medicare. El plan también incluye la extensión de un crédito fiscal para las parejas con niños, similar a la asignación universal por hijo implementada en nuestro país.
Es evidente que atravesamos un cambio de época. Por supuesto: es un proceso complejo, con sus avances y retrocesos. Pero cada día estoy más convencido de que estamos en una transición donde la idea del Estado mínimo o de Estado ausente va quedando atrás. Hay una serie de indicadores que parecen señalar que estamos en una transición desde el capitalismo depredador iniciado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher hacia un capitalismo con regulaciones, que pone límite a la riqueza, que redistribuye a través de los impuestos y que gestiona de modo público los servicios esenciales. Entre otras cosas, estamos en un mundo donde se discute la implementación de impuestos globales a las corporaciones.
En la Argentina, Juntos por el Cambio nos dice: “Ustedes de lo único que hablan es de que hay que subir impuestos”. Pero no es así: nosotros lo que proponemos es elevarle gravámenes a quienes ganan mucho y bajarles a quienes menos tienen y, sobre todo, cobrarles a quienes no pagan porque evaden a través de distintos procedimientos, desde el contrabando hasta la triangulación y la subfacturación.
En el modelo de país que proponemos el crecimiento es imprescindible pero no es suficiente; debe ser acompañado con distribución. Cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostiene que el producto del crecimiento no se lo deben quedar los cuatro vivos de siempre, está diciendo que hay que poner en práctica políticas que aseguren que haya distribución de verdad. No hay que esperar el derrame: hay que forzarlo con regulaciones. Es la diferencia entre construir un país para una minoría o un país para todos y todas.