ContraEditorial | Opinión
La actividad económica continúa mostrando signos moderados, pero persistentes, de crecimiento. Si bien hasta noviembre (último dato disponible) aún se registraban caídas interanuales, éstas son cada vez menores. En el registro de la variación mes a mes, vale destacar que noviembre fue el séptimo mes de crecimiento consecutivo: +1,4%. Pero además existe una importante dispersión en el desempeño de los distintos sectores económicos. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Indec, la industria fue la que lideró el crecimiento en noviembre. También se destacaron positivamente los sectores de comercio mayorista y minorista e intermediación financiera. Aún quedaban rezagadas las actividades relacionadas con el turismo y el transporte junto con el sector de servicios sociales y personales: una dinámica que probablemente mejore en los meses subsiguientes, dada la reapertura de varios establecimientos con el comienzo de la temporada de verano.
Otro indicador destacable de la reactivación del desempeño económico es la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria que, luego de haber sufrido una gran caída en abril de 2020 hasta el 42%, en noviembre ya llegó a superar la utilización prepandemia, alcanzando el 63,3%.
Al mismo tiempo, en materia de políticas públicas de cara a 2021, resulta interesante mencionar el acuerdo de precios y salarios que el gobierno comenzó a negociar con empresarios y sindicalistas para lograr que los ingresos de los trabajadores se ubiquen nominalmente por lo menos un par de puntos por encima de la inflación. Si estas negociaciones resultan fructíferas (las reticencias de algunos grandes sectores empresarios ya se hicieron sentir), esta iniciativa permitiría ir revirtiendo la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en los últimos años. Y, al mismo tiempo, jugará a favor de la recomposición de los haberes jubilatorios, cuya fórmula de actualización se basa en un 50% en los ingresos de los trabajadores activos formales. A su vez, la proyectada mejora en la actividad económica y los pagos a realizarse de la moratoria impositiva y previsional elevarán la recaudación fiscal, que es el otro componente de la base de cálculo de los haberes de la población pasiva.
Si bien aún existe incertidumbre acerca de la evolución de la pandemia, no caben dudas de que el gobierno nacional continúa encarando medidas tendientes a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, lo que augura buenas perspectivas para el año en curso.
El virus de la desigualdad
Como suele ocurrir todos los años, la ONG Oxfam publicó un documento sobre desigualdad global, en paralelo a la reunión del Foro Económico Mundial de Davos. En un año tan particular como el que pasó, el informe de Oxfam señala que “la pandemia de COVID-19 será recordada por haberse cobrado más de dos millones de vidas en todo el mundo, pero además, por haber provocado que cientos de millones de personas más se hayan visto sumidas en una situación de pobreza y de falta total de recursos”.
Efectivamente, además de las víctimas del virus, la pandemia generó un empeoramiento en las de por sí preocupantes cifras de pobreza e indigencia en todo el mundo. Dejó al descubierto más que nunca las debilidades del sistema en el que vivimos. En este sentido, Oxfam cita al Secretario de las Naciones Unidas, António Guterres, quien señaló hace ya algunos meses que el COVID-19 “ha revelado fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido y que por doquier está sacando a la luz falacias y falsedades: la mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos; la ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado no es trabajo; el engaño de que vivimos en un mundo post-racista; el mito de que todos estamos en el mismo barco. Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en súper-yates mientras otros se aferran a desechos flotantes”.
Más aún, estas desigualdades empeoraron con relación a otras crisis mundiales. Según el informe de Oxfam, a diferencia de lo ocurrido durante la crisis de 2008, cuando los milmillonarios necesitaron cinco años para recuperar su nivel de riqueza previo, en la actualidad “las mil mayores fortunas del mundo han recuperado en tan sólo nueve meses su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que para las personas en mayor situación de pobreza esta recuperación podría tardar más de una década en llegar”.
No es de extrañar que por estos días se conozcan noticias como que la tecnológica Apple superará los 100.000 millones de dólares en ingresos en el primer trimestre fiscal de 2021, luego de que sus acciones llegaran a tocar valores récord.
Pero quizá lo más destacable en este sentido es que, según el documento de Oxfam, “la fortuna acumulada por los 10 supermillonarios más ricos del mundo desde el inicio de la crisis, es más que suficiente para evitar que ninguna persona del mundo se vea sumida en la pobreza a causa del virus, así como para financiar la vacunación contra la COVID-19 de toda la población mundial”. O que “en septiembre de 2020, Jeff Bezos, el por entonces hombre más rico del mundo, podría haber pagado de su bolsillo a cada uno de los 876.000 empleados y empleadas de Amazon un bono de 105.000 dólares tan solo con la fortuna personal que acumuló entre marzo y agosto de 2020. Y, aun así, habría seguido siendo tan rico como al inicio de la pandemia”.
No obstante, debe quedar claro que esta situación de fuerte inequidad en las sociedades del mundo es fruto de un conjunto de políticas adoptadas por gobiernos que se han puesto al servicio de las élites ricas y poderosas y, en ese sentido, las estructuras impositivas tienen mucho que ver. Según Oxfam, “entre 1985 y 2019, el tipo legal o nominal promedio del impuesto sobre los beneficios empresariales a nivel mundial se redujo del 49% al 23% (…) si los países hubiesen optado por subir los impuestos a los más ricos, no habrían tenido que adoptar muchas de las medidas de austeridad que han generado más desigualdad y pobreza”.
Pero además, en el marco de una estructura impositiva regresiva, con la parálisis de la actividad por la pandemia, los gobiernos se han quedado aún con menos recursos ya que, según estimaciones de la ONG, “América Latina ha perdido 113.400 millones de dólares de ingresos fiscales en 2020, una cifra equivalente al 59% del gasto público en salud de toda la región”. Y continúa: “Argentina ha abierto el camino, con la adopción de un impuesto solidario a la riqueza, de carácter temporal, que grava la riqueza extrema”. Si bien muchos países han propuesto iniciativas similares, fueron muy pocos los que las pudieron llevar a la práctica.
Tan es así que en estos días se conocieron las declaraciones de Morris Pearl, un ex ejecutivo de BlackRock que preside la organización “Millonarios patrióticos”, quien pidió que Estados Unidos “siga el ejemplo” de Argentina y cree un aporte sobre la riqueza y agregó que “este tipo de legislación debería ser una obviedad para los legisladores estadounidenses que buscan formas de salvar la economía”.
Según se lee en la página web de esta organización de “millonarios patrióticos”: “el empleo no proviene de la gente rica”. Allí se asegura que es una idea errónea sostener que los recortes impositivos a los más ricos llevarán a que inviertan en la creación de más empleos privados, dado que, en su gran mayoría, el ahorro se destina a la compra de activos existentes y no regresa a la economía en la forma de incrementos en las ventas y el nivel de empleo. “Los trabajadores cada vez reciben una porción menor de la torta”, sostienen, y solicitan focalizar las políticas en aumentar los salarios mínimos, entre otras iniciativas.
En definitiva, a esta altura queda bien en claro que no falta riqueza en el mundo, lo que sí debería hacerse es distribuir la enorme riqueza que se encuentra acumulada en tan pocas manos como nunca antes en la historia de la humanidad, un camino que, incluso, permitiría crear más riqueza aún, pero más equitativamente distribuida.