Perfil | Opinión
El gobierno nacional se ha propuesto recuperar una compañía virtualmente quebrada, sospechada de diversos manejos que podrían representar ilícitos, y transformarla en empresa testigo de la actividad agroindustrial, de gran importancia para el país.
Todo comenzó con la cesación de pagos y el llamado a concurso de acreedores por parte de la empresa, una figura jurídica por la cual el deudor convoca a los acreedores en sede judicial y les dice “no les puedo pagar”. Así evitaron que los acreedores les pudieran pedir la quiebra de manera individual. El Estado o la Justicia no intervinieron en Vicentin porque se les ocurrió. Fueron los dueños de la compañía quienes demandaron la intervención de la Justicia para protegerse de los acreedores.
A partir de la existencia de situaciones poco claras que podrían incluir irregularidades, el Poder Ejecutivo decidió la intervención. Tales irregularidades también fueron observadas en la presentación del Consorcio de Acreedores Externos de Vicentin ante los tribunales de Nueva York. En un escrito piden a la justicia estadounidense información sobre las transacciones financieras de la empresa con el fin de “llegar a la verdad de una situación que reúne todas las características de las principales irregularidades financieras internacionales” y se preguntan “cómo desaparecieron u$s 1.000 millones en activos”. Agregan: “Los miembros del Consorcio Directivo están ansiosos por comprender cómo, exactamente, la compañía pasó, en cuestión de meses, de informar a los acreedores financieros que contaba con efectivo, existencias y cuentas por cobrar, a declarar que no tenía ni existencias ni cuentas por cobrar y, que, por el contrario, estaba muy atrasada en los pagos de existencias y no podía continuar sus operaciones”.
En paralelo, María Victoria Stratta, inspectora general de Personas Jurídicas de Santa Fe, afirmó con relación a los directivos de la empresa: “cuando uno dice que estas personas no están a la altura de las circunstancias no es una afirmación caprichosa”.
Además, se propuso en el Senado la creación de una Comisión Bicameral, para analizar los préstamos del Banco de la Nación a la empresa: más de u$s 300 millones, 100 de los cuales en los 30 días previos a que Vicentin notificara que no podía seguir afrontando sus obligaciones.
El juez del concurso anuló la intervención, lo que derivó en la propuesta del gobernador Omar Perotti. Allí se propone una intervención mucho más amplia y profunda que la original. La primera, dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional, era por un lapso de 60 días y tenía un carácter preventivo mientras se tramitaba la ley de expropiación. La impulsada por la IGPJ promueve la intervención de la empresa hasta su normalización. Si el juez da lugar al planteo de la IGPJ, los antiguos dueños serán desplazados y, en su lugar, quedará el triunvirato propuesto en la conducción de la empresa, hasta su total normalización.
El Gobierno tiene el objetivo de recuperar Vicentin para que, entre otras cosas, funcione como una empresa testigo. ¿Qué quiere decir esto? El testigo atestigua: transparenta el funcionamiento del sector donde actúa.
En caso que el juez del concurso no acepte la propuesta presentada por la IGPJ, seguramente el gobierno de Santa Fe interpondrá apelaciones en las distintas instancias judiciales. Si nada de eso funcionara, voceros del gobierno nacional han expresado que se mantiene la opción de la expropiación. Como venimos proponiendo, en función del interés público la empresa podría configurarse como una sociedad mixta compuesta por el Estado, las cooperativas de productores, los trabajadores y los distintos sectores interesados.
Hay varios instrumentos pero un solo objetivo: recuperar la empresa y salvaguardar los intereses de los sectores afectados.