Perfil | Opinión
El Presidente ha ratificado nuevamente el objetivo de la sostenibilidad de la deuda. Es decir: que Argentina está dispuesta a tomar en cuenta una contrapropuesta por parte de los bonistas en la medida en que no altere esa sostenibilidad. Ha dicho esta semana: “Los buenos modales no son contradictorios con las convicciones”. Dado que el ministro Martín Guzmán habitualmente responde tranquilo y sin modificar su tono de voz, algunas interpretaciones concluyen con ligereza que Argentina está dispuesta a ceder. Argentina no quiere el default, pero tampoco un acuerdo peor que el default. El premio Nobel Joseph Stiglitz afirmó en estos días: “Si los acreedores no presentan una oferta sostenible, Argentina no tiene otra opción. Son los acreedores quienes realmente están llevando a un incumplimiento aquí”. Por su parte, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, dijo: “Lo que veo en Argentina es en realidad un gobierno que quiere hacer lo correcto por su propia gente y por su papel en la región y en la economía mundial”. Y agregó: “Ciertamente estamos muy interesados en apoyar a la Argentina en su lucha contra la doble crisis, la crisis del coronavirus y el problema de la sostenibilidad de la deuda”. Lo mismo dice el gobierno nacional: no cualquier acuerdo es mejor que el default. El único acuerdo que el país puede aceptar es aquel que respeta la sostenibilidad de la deuda.
El Presidente sostiene hoy lo mismo que sostenía cuando estaba en campaña. Por eso sus declaraciones no generan sorpresa, trasmiten tranquilidad y, justamente por eso, uno de los valores más visibles del Gobierno es el de la coherencia. Hay firmeza, equilibrio y seriedad para marcar una línea y ratificar un rumbo. Y serenidad para asegurar: no me van a torcer el brazo. El Gobierno les repite a los bonistas: “No les pedimos que pierdan, sino que ganen menos”. Y asegura que los acreedores tienen corresponsabilidad en todo ese proceso de endeudamiento.
Alberto Fernández mantiene el mismo discurso con el que asumió a pesar de que su gobierno hoy se desarrolla en un escenario totalmente imprevisto, como es el de la pandemia del coronavirus. El gobierno es previsible aun cuando se enfrenta a una situación imprevisible. El mundo hoy está trastocado. La actividad económica local y la global están resentidas. Aun en los países capitalistas centrales, las caídas de la producción, de los ingresos fiscales y de los niveles de ocupación, entre muchos otros factores, son alarmantes. En el escenario pandémico caen todas las regulaciones preexistentes, entre ellas, las de los déficits fiscales y de los niveles de deuda en relación con los PBI autorizados. Argentina llega al escenario de crisis sanitaria con nueve emergencias declaradas en la primera sesión del Parlamento durante la presidencia de Alberto Fernández: económica, financiera, fiscal, administrativa, sanitaria, tarifaria, energética, previsional y social. El nuevo gobierno se encontró con una crisis estando ya en una crisis.
En esas circunstancias, las autoridades argentinas dijeron: nosotros no podemos ser indiferentes, tenemos que cuidar la vida y generar recursos para atender la situación de los que están peor. Por eso, en ese contexto de crisis, el Estado argentino asume erogaciones excepcionales. Y ahí aparecen todos los programas para proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los argentinos y las argentinas que la pasan peor, a los que no tienen trabajo, a los que viven en los barrios carenciados, a las pymes que no pueden trabajar, a los cuentapropistas que están sin poder desarrollar sus tareas. La implementación de estos programas supone un esfuerzo fiscal que excede ampliamente los recursos que tiene el Estado. Hay un mundo en crisis. Argentina está en ese mundo con sus propias crisis y el Gobierno responde con la firmeza, la coherencia y la fuerza de sus convicciones.