ContraEditorial | Opinión
El mundo entero, incluida América Latina, y dentro de ella Argentina, está atravesando una situación común en materia económica. No hay prácticamente lugar en el planeta que no muestre fuertes caídas de la actividad económica, el empleo, presión sobre las cuentas públicas a raíz de la caída de la recaudación, y un gran aumento de la emisión monetaria (o de la deuda pública). Es cierto que el margen de acción que poseen algunos estados es mucho mayor, pero las dinámicas económicas que se observan son más o menos similares.
Lo que sí difieren son las posturas respecto de cómo enfrentar la situación sanitaria, llegando al extremo de gobiernos que minimizan el problema. En estos casos la caída económica persiste pero se agrava la crisis de la salud. Incluso los costos económicos podrían terminar siendo mayores, dados los efectos sanitarios y de segunda vuelta sobre el aparato productivo.
Por eso, plantear que existe un dilema entre la salud y la economía lo que hace es reflejar una diferencia de criterio profunda alrededor de los valores esenciales que deben prevalecer al interior de la sociedad. Esta es, en última instancia, la postura de algunos grandes conglomerados empresarios, que pretenden que no se paren sus negocios. Voces que también resuenan en nuestro país, como quedó claro con la última declaración de la Asociación Empresaria Argentina, que pareciera seguir haciendo posverdad con la realidad.
Es imposible no tener en cuenta, por ejemplo, lo que acaba de señalar la CEPAL, sobre los efectos sociales que traerá la pandemia en la región de la que formamos parte. Continuando con sus proyecciones de abril, que situaban la caída del PIB regional en el 5,3%, el organismo estima en su tercer informe que se registraría una suba de la pobreza extrema, de la desigualdad y del desempleo. En 2020 la pobreza regional aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales), y el segmento de pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales). Por eso, ante esta situación propone garantizar un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) por seis meses. Estaría destinado a toda la población en situación de pobreza en 2020 (215 millones de personas, el 34,7% de la población regional).
Según la CEPAL, “las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar (…) hoy nos están resultando muy caros. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”.
En concreto, considera que “alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema. También habría un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios”. Para minimizar estas dinámicas, como siempre he sostenido, se requiere que toda la sociedad apoye y valore el rol de un Estado activo más allá de la pandemia.
El informe cepalino reitera que “ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos (…). Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar (…). Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universales es clave para evitar otra década perdida. Un elemento central en la construcción de un Estado de bienestar es el derecho a la salud”. Una postura que está en las antípodas de considerar al Estado como un “Ogro Filantrópico”, como lo caracterizaron recientemente ex presidentes, ex funcionarios e intelectuales neoliberales.
Es preciso reflexionar sobre la oportunidad de las políticas asistenciales, que son absolutamente necesarias en esta crisis provocada por la pandemia. Pero, hacia el mediano y largo plazo debemos ir pensando en nuevas modalidades que amplíen la disponibilidad de trabajo a la mayor cantidad de personas. El trabajo no sólo incluye, sino que también genera una inserción digna en la sociedad. Es cierto que las nuevas tecnologías constituyen un desafío: por eso se requiere educación y reeducación de calidad de la fuerza laboral. Otra idea sobre la cual reflexionar es la reducción de la jornada laboral sin reducción sobre el salario. Son algunas de las cuestiones a las que deberemos dar respuesta como sociedad cuando vayamos saliendo de la situación más grave de la pandemia.
En cuanto a los datos que dan cuenta de los impactos globales, sobresale el caso de Estados Unidos, donde continúa aumentando el desempleo producto del inevitable parate económico. En abril se registró una tasa de desocupación del 14,7%, la mayor desde la gran crisis del treinta, y sigue subiendo. Dos meses atrás se alcanzaba un mínimo de desempleo histórico del 3,5%, una muestra de la virulencia con que la pandemia está afectando la economía norteamericana. En este marco, en las últimas ocho semanas 36,5 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo. Una postal de todas formas incompleta, ya que estas cifras no incluyen a un conjunto de personas que trabajan en la informalidad. Paul Krugman indicó que es probable que ciertas dificultades técnicas hayan ocasionado que el 14,7% sea inferior al desempleo real por casi cinco puntos porcentuales.
La contrapartida es la fuerte suba del gasto público en Estados Unidos, país que cuenta con condiciones para financiarlo, aunque la ratio de deuda pública subiría al 131% del PBI (109% en 2019), según el Fondo Monetario Internacional.
En el caso de Europa, la Autoridad Fiscal estimó que la deuda pública podría llegar en 2021 a niveles del 124% del PIB (en Italia llegaría este año al 156%). Al respecto, el organismo ya alertó que, si bien “en el corto plazo habrá que evitar la destrucción del tejido productivo con iniciativas bien diseñadas y temporales, que suponen suspender la disciplina fiscal durante 2020 (…), al mismo tiempo también hay que trabajar desde ya en elaborar un Plan de Reequilibrio que reconduzca el agujero de las cuentas públicas, ya sea con recortes del gasto o con subidas de impuestos”. Sería bueno que incluyeran en sus opiniones la necesidad imperiosa de terminar con las guaridas fiscales y de comenzar a delinear un esquema tributario global que al menos no siga amplificando las desigualdades.Una realidad que afecta mucho más a las economías de la periferia, que ya estaban altamente endeudadas antes del coronavirus y que, a diferencia de los países centrales, no tienen la posibilidad de emitir moneda de reserva internacional.
En lo que atañe a nuestro país, los últimos indicadores ya reflejan, entre otros, los impactos productivos y laborales de la pandemia. No obstante, es importante valorar lo que se está haciendo para atenuar esos impactos.
Hoy el gobierno argentino está asumiendo erogaciones excepcionales, aunque no hay que perder de vista el punto del que se parte, con un Parlamento declarando a fines de 2019 nueve emergencias públicas que prácticamente abarcan todo el espectro de la actividad de nuestro país, incluyendo la económica, previsional, sanitaria, social y tarifaria. Argentina estaba virtualmente en cesación de pagos el día que asumió Alberto Fernández, luego de haber sido arrastrada a un proceso de endeudamiento irresponsable. El país ya tenía una situación fiscal insostenible, caída de actividad productiva, crecimiento de todos los indicadores de pobreza, desempleo, y en ese contexto llegó la pandemia sanitaria.
El nuevo gobierno se hizo cargo de la grave situación optando por preservar la vida y tratando de generar recursos para atender las necesidades de quienes están peor. Acá también hay una definición de valores.
Aparecen entonces todos los programas que se han puesto en marcha, y por cierto demandan recursos que escasean en el plano fiscal. Por eso se busca darle un cauce a la cuestión de la deuda, para hacerla sostenible en el mediano plazo, pero también para atender las necesidades más urgentes. Por la misma razón estamos proponiendo un aporte extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, basado en las mayores fortunas. Grandes fortunas que no dejarán de ser igual de ricas después de tal aporte, aunque de todas formas no pueden dejar de expresar su rechazo.