Página/12 | Opinión
Una de las conclusiones que surgen de la exposición de Martín Guzmán en la Cámara de Diputados es que las autoridades no están a la deriva, como se quiere hacer creer desde la oposición, y que efectivamente el gobierno tiene lo que varios analistas locales reclaman: un plan. El problema radica en que no es el plan que desean los economistas ortodoxos con amplia difusión mediática: garantizar desde el minuto cero un número claro de superávit fiscal primario y externo para, desde allí, decir cómo se piensa hacer frente a la totalidad de la deuda. Una postura nada sostenible, ni desde lo económico ni desde lo social, pues requiere el ajuste interminable de la economía.
Resalta en este aspecto el respaldo al plan del gobierno por parte de la reciente misión del FMI, que expresó: “compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo”. También sostiene: “nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes (…) no es económicamente ni políticamente factible”.
Cuando después de las elecciones primarias el anterior gobierno implementó regulaciones sobre el mercado de cambios, afirmé que los hechos mostraron que “sabían cómo detener la fuga de capitales y el derrotero que venía mostrando el tipo de cambio, pero no lo hicieron antes”. Y que una de las razones era ideológica, arraigada en los preceptos del libre mercado y del Estado “canchero” (Tiempo Argentino, 8/9/19). No hubo errores, sino malas políticas.
Guzmán dejó bien en claro que la austeridad fiscal no es el camino. Que hace falta liberar recursos para crecer y hacer sostenible el sendero de la deuda. También dio definiciones estratégicas en otros temas no menos importantes: “apuntar hacia una estructura productiva distinta de la que hoy tiene la Argentina, una economía con un grado de diversificación diferente, que nos permita satisfacer las condiciones de la inclusión social”. También fue contundente al señalar: “No vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen las pautas de la política macroeconómica”.
Esta última frase cobra más sentido aún a la luz de los dichos de la directora del FMI, que acaba de señalar: “estamos repensando y actualizando nuestros consejos a países miembro”. Según Georgieva, “la visión actual del FMI está basada en el pensamiento económico convencional, que lleva a que los países miembro utilicen el tipo de cambio para absorber shocks externos”. Traducido: dejar el tipo de cambio libre, que lo determine el mercado. Según el FMI, “esto sería una buena aproximación para las economías avanzadas, pero no para las emergentes que precisarían consejos diferentes”. No deja de ser novedoso viniendo del Fondo, aunque el sentido de oportunidad otra vez es el gran ausente. Nos cansamos de decir que las políticas de liberalización comercial y financiera sólo agravan las asimetrías y las inequidades entre países centrales y periféricos.
Luego también dijo, entre otras cosas, que nuevos estudios (¿Argentina?) indican que “mientras que los mercados emergentes están sustancialmente integrados en los mercados de capital globales, su deuda externa está nominada mayormente en dólares. Esto puede llevar a que los movimientos en el tipo de cambio se conviertan en amplificadores de los shocks, ya que podrían generar un incremento repentino de los servicios de la deuda y otros pasivos”.
Parece que la misión del Fondo en nuestro país comenzó a aplicar estos conceptos, al evaluar que ahora “la deuda de Argentina no es sostenible” y que por lo tanto se requiere “de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad”.
Esperemos que la autocrítica del FMI se exprese en resoluciones que sirvan en el proceso de renegociación de la deuda y fortalezca la posición del gobierno en la definición del plan y las políticas más convenientes para la Argentina.